Defensa elude sancionar al general que justificó un golpe de Estado

El general de división Juan Antonio Chicharro, exjefe de la Infantería de Marina española, ha dimitido de su cargo en la Real y Militar Orden de San Hermengildo, un destino que ocupaba desde julio de 2011 pese a estar ya en la reserva. Tras recibirlo en audiencia, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha aceptado su renuncia, pero ha descartado abrirle expediente disciplinario.

El pasado 6 de febrero, en una intervención pública ante un centenar de personas —la mayoría militares— en el Gran Casino de Madrid, el general justificó una intervención del Ejército para frenar la independencia de Cataluña si el Gobierno y el Tribunal Constitucional no cumplieran con su obligación.

Después de que el 28 de febrero EL PAÍS publicara algunos pasajes de la intervención de Chicharro, Defensa abrió una información previa. La Orden de San Hermenegildo, un organismo asesor presidido por el Rey, elaboró un informe en el que exoneraba al general de haber incurrido en falta. Morenés pidió un segundo informe a su asesoría jurídica que, según Defensa, descartó también cualquier responsabilidad disciplinaria. Fuentes de Defensa aseguran que, con su dimisión, Chicharro se ha anticipado a un posible cese y que Morenés no podía sancionarle con dos informes jurídicos en contra.

En cambio, expertos consultados por este diario coinciden en que Chicharro no vulneró uno, sino varios preceptos disciplinarios; entre ellos, los que castigan la falta de respeto a las instituciones del Estado o las personas que las encarnan; o los que obligan a los militares a mantener una neutralidad exquisita entre las distintas opciones políticas.

Cuando EL PAÍS publicó la primera noticia sobre la intervención de Chicharro, lo hizo a partir de los testimonios de varios asistentes y el propio interesado aseguró que sus palabras habían sido mal interpretadas. Sin embargo, EL PAÍS publica hoy, en su página web, la transcripción íntegra del discurso y su lectura atenta revela la extrema gravedad de sus palabras, pues lo más importante no es lo que dijo expresamente, sino lo que sugirió de forma velada pero inequívoca: la justificación doctrinal de un golpe de Estado militar, a partir de una hipótesis que él mismo califica de “impensable”, para añadir que, tras escucharle, “a lo mejor no ven el problema tan impensable”.

La decisión de pasar por alto esas palabras sin sancionarlas trasciende el caso Chicharro, pues sienta jurisprudencia: aunque en la reserva, el general está sujeto al mismo régimen disciplinario que sus compañeros en activo (los únicos excluidos son los militares retirados). Es decir, en teoría, ningún militar con mando sobre tropas podrá ser sancionado en el futuro por hacer lo mismo que Chicharro: especular con la posibilidad de un golpe de Estado militar.

Sin citarlos, Chicharro hizo burla de un expresidente del Gobierno (“acuérdense de aquello de discutido y discutible”, afirmó, en alusión a Zapatero), criticó al ministro Montoro (por asistir a la toma de posesión de Artur Mas, en la que estuvo ausente la bandera española), cuestionó el arresto del general Mena (por arremeter en 2006 contra el Estatuto de Cataluña) y se erigió en portavoz del Ejército al asegurar que “el sentimiento generalizado de la Institución Militar es de preocupación o temor y confusión o incertidumbre”.

El hecho de que no se haya considerado necesario ni siquiera reprender al general Chicharro (la sanción mínima para una falta disciplinaria leve) contrasta con el mes y un día de arresto impuesto al subteniente Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), por pedir que, antes de recortar el sueldo a los soldados, se supriman “gastos superfluos” como celebraciones. ¿Dos varas de medir?