Política de contrabando

Un atribulado consejero de Manuel Fraga llamado Alberto Núñez Feijóo se presentó en 2003 ante el gran patrón de la derecha española, entonces presidente de la Xunta de Galicia, para tratar un asunto delicado. Acababa de saber que en un registro policial de la espectacular mansión del narco Marcial Dorado, en la Ría de Arousa, habían aparecido en un cajón unas fotos suyas con el capo en los años noventa, cuando aún no había dado el salto al negocio de la coca y se dedicaba al contrabando de tabaco. “¿Sabe usted por qué se llamaba Ligero el alcalde de A Guarda?”, le preguntó Fraga en referencia a Manuel Díaz González, alias Ligero, regidor de esta localidad pontevedresa por Alianza Popular (AP) en los años ochenta y amigo personal del exministro franquista. “Pues porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal”.

Feijóo esgrimió este episodio de su vida política el pasado martes en una entrevista en Onda Cero para, con el amparo póstumo del difunto fundador del Partido Popular (PP), restar importancia a la amistad que mantuvo cuando era un alto cargo del Gobierno gallego con Marcial Dorado, destapada en unas fotos publicadas por este periódico. Las palabras del dirigente popular desentierran una época oscura de la derecha gallega, esas décadas de los ochenta y los noventa en las que política y contrabando compartían en Galicia mantel, despacho y condecoraciones.

En 1983, la primera gran redada contra los contrabandistas acabó con la mayor parte de ellos huidos en Portugal

En los años ochenta, la simbiosis entre los tabaqueros y la clase política de la AP de Fraga era aceptada socialmente en la costa del sur de Galicia en la misma medida que esta actividad ilegal se implantaba en el tejido económico del que vivían sus vecinos. El fenómeno del tráfico ilegal de tabaco en la provincia de Pontevedra no se puede entender sin conocer sus raíces y el momento social y político en el que surgió, mucho antes de que a Vilagarcía de Arousa, su principal centro de operaciones, se le conociese como Villa Winston o Villa Mercedes.

El contrabando que dio paso al narcotráfico es hijo a su vez del estraperlo de los años setenta, un tráfico, penalizado aunque inofensivo de diversos géneros —incluidas las cajetillas— que en aquellos tiempos escaseaban en Galicia y que fluían con facilidad entre los pueblos de las Rías Baixas, fronterizas con Portugal. Así nació un negocio próspero, alimentado por empresarios relacionados con la hostelería, los transportes o la pesca. Según informes policiales, el padrino de este tráfico de bienes con el país vecino fue un amigo personal de Manuel Fraga, un hombre poderoso, carismático y muy respetado por los que supuestamente serían sus pupilos en el negocio: Vicente Otero, Terito o don Vicente, siempre impecablemente trajeado y cuidadoso con su arreglo personal para que no se le asomase una cana. Su mano derecha y protegido se llamaba José Manuel Nené Barral, que desde 1983 fue alcalde del municipio de Ribadumia por AP. Nené caería en desgracia 18 años después truncando su larga carrera política.

Con una potente empresa de transportes, Terito se colocó en las altas esferas de las finanzas y del poder. Amigo de Fraga desde que este comenzó a dirigir los destinos de Alianza Popular, Vicente Otero organizaba encuentros multitudinarios para agasajar al entonces jefe de la oposición en España durante sus frecuentes visitas a la Ría de Arousa, una comarca donde el Partido Popular sigue hoy disfrutando de una aplastante mayoría.

El parador de Cambados fue escenario muchas tardes de estas reuniones con las que el presunto contrabandista honraba a Fraga, en las que también se dejaba ver la flor y nata del incipiente tráfico de tabaco americano. Terito movía una enorme cantera de votos y se implicó hasta tal punto en el proyecto de Fraga que don Manuel llegó a condecorarle con la medalla de oro y brillantes del partido. Al igual que el resto de presuntos contrabandistas de la época, don Vicente fue objeto de múltiples informes policiales pero nunca llegó a estar procesado en ningún sumario, pese a que el juez Baltasar Garzón, al igual que le ocurrió a Marcial Dorado, ordenó en 1990 su detención dentro de la Operación Nécora contra el narcotráfico a raíz de un falso testimonio del arrepentido Ricardo Portabales.

Las relaciones entre los contrabandistas y Alianza Popular se estrecharon porque la persecución se intensificó cuando Felipe González alcanzó la presidencia del Gobierno, en 1982. En octubre de ese año, un juez de Cambados, José Luis Seoane Spiegelberg, ordenaba por escrito a la Policía Judicial que investigase la retención ilegal, apaleamiento y encierro en un camión frigorífico de un industrial de Valladolid, Celestino Suances, que adeudaba al clan de Los Charlines —entonces dedicado al contrabando, después al narcotráfico— unos cuantos millones de pesetas.

Los contrabandistas recurrieron a un letrado de Vilagarcía, Pablo Vioque, que se hizo con la Alianza Popular local

La reconstrucción de los hechos que alarmaron al juez llegó, junto la documentación y pinchazos sobre la actividad de los grupos tabaqueros, al despacho del gobernador civil de Pontevedra, el socialista Virginio Fuentes. Un año después, en diciembre de 1983, se desató la primera y mayor redada contra los contrabandistas, que provocó la estampida de casi todos los jefes y lugartenientes a Portugal, a excepción de alguno como Sito Miñanco —que también acabó en el narcotráfico—, detenido antes de que pudiera huir. De aquel macrosumario por delitos económicos quedaron fuera, sin embargo, Vicente Otero; su mano derecha, el exalcalde popular Nené Barral; y los después condenados por narcotráfico Laureano Oubiña; Luis Falcón, Falconetti; Manuel Carballo Jueguen, El Gavilán; y Los Charlines. Por Arousa se extendió la leyenda de que eran “intocables”. Pero duró poco tiempo: años más tarde todos, a excepción de Terito, pasaron por la cárcel.

La cruzada contra la mafia contrabandista había comenzado. El Gobierno de la época no ocultaba su interés en apretar el acelerador con la esperanza de convertir en votos en Galicia la lucha contra los delincuentes. Pero en las Rías Baixas reinaba la complacencia social con los contrabandistas. Era una práctica extendida con la que muchas familias ganaban y generaba riqueza para el resto de los vecinos, que fueron embargados por el silencio. Si los movimientos de los tabaqueros ya eran favorables a la causa política personalizada en Manuel Fraga, después de la redada de 1983 los apoyos se multiplicaron. Eso sí, las aportaciones de los contrabandistas a las campañas electorales constituían una información tan reservada como la hora o el lugar de una noche de descarga de mercancía.

Los que consiguieron huir del primer golpe policial al contrabando en Galicia cruzando la frontera con Portugal, entre ellos Marcial Dorado, protagonizaron una anécdota para la historia. Tanto la banda de Dorado como las otras dos grandes del negocio —ROS y Sito Carnicero— se instalaron en un hotel de la localidad lusa de Viana do Castelo, donde recibían la visita de sus familiares. Allí aguardaron varios meses a que las cosas se calmaran. Uno de aquellos días de larga espera, los contrabandistas gallegos observaron con sorpresa la llegada del entonces presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, de viaje oficial a Portugal. El propio Albor recuerda el tumulto que se creó a su alrededor. Saltándose el protocolo, los contrabandistas tuvieron unos minutos para explicarle a su presidente por qué estaban allí, “injustamente perseguidos por la justicia”. La reacción de Albor fue invitarles a que abandonasen el exilio y se entregasen. Un año después de que se produjera esa charla entre los delincuentes y el mandatario gallego, Marcial Dorado decidió volver a Galicia pagando una fianza de 20 millones de pesetas por su libertad. Fue el primero en hacerlo. Después le siguió el resto.

Tras la corta estancia en prisión de los capos del contrabando en Galicia, la entrada del tabaco ilegal, que se había ralentizado durante su exilio en Portugal, experimentó una rápida recuperación. El negocio llegó a su apogeo a mediados de los ochenta y la prosperidad se prolongó durante una década. Las bandas ya fragmentadas se multiplicaron, mientras se reinvertía parte de las ganancias en una especie de I+D que comprendía la construcción de planeadoras más veloces y equipos de comunicación más eficaces. El salto al narcotráfico llegó como consecuencia de la reforma de la Ley del Contrabando en 1983, con la que se endurecieron las penas para los contrabandistas. A partir de entonces, era más castigado transportar cien cajas de tabaco que cien kilos de hachís.

El alcalde popular de Ribadumia, mano derecha de un capo del tabaco, fue detenido en 2001 tras 18 años en el cargo

Mientras la brecha entre los contrabandistas y el PSOE aumentaba por la presión policial, el otro hombre supuestamente clave del tráfico de tabaco en Galicia, Nené Barral, ganaba la alcaldía de Ribadumia, un cargo que ocupó de 1983 hasta que fue detenido en 2001 por una causa que está aún pendiente de juicio. La mano derecha de Terito, intocable en el primer sumario de la historia por contrabando, era, según informes policiales, el hombre que abrió los contactos entre el puerto de embarque del tabaco, Amberes, y Galicia. El joven regidor causaba fascinación entre sus convecinos, que le dieron la mayoría absoluta durante los casi 20 años que permaneció en el cargo.

Nené Barral forjó su propia cantera de seguidores y colocó a su hermano Feliciano Barral en la ejecutiva local de Alianza Popular. De esta escuela salió Rafael Louzán, el actual presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, al que Barral introdujo como socio suyo en algunos negocios. Louzán fue colocado por el presunto alcalde-contrabandista como conserje en el Ayuntamiento de Ribadumia, desde donde dio el salto a la Diputación pontevedresa, que acabó presidiendo. Cuando Nené Barral y su hermano fueron detenidos en 2001 dentro de la operación de contrabando internacional que está pendiente de juicio, Louzán sucedió al hermano del alcalde al frente del partido. Para entonces ya no figuraba en ninguna sociedad junto al que fuera su jefe.

Enredados ya con la ley, los contrabandistas gallegos recurrieron para su defensa a un abogado con despacho en Vilagarcía de Arousa: Pablo Vioque, un extremeño residente en Galicia y militante de Alianza Popular que acabó en prisión por narcotráfico. Vioque combinó la defensa de todos los tabaqueros procesados con la preparación de un asalto al poder en la ejecutiva local del partido fundado por Manuel Fraga. El letrado había llegado a la localidad pontevedresa con grandes pretensiones de dinero y poder y se colocó como secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía. La maniobra que en 1985 le sirvió para destituir a la dirección local de AP consistió en la afiliación en un día de 115 nuevos militantes, algunos presuntamente vinculados al contrabando y luego al narcotráfico. Al golpe de mano se opuso el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra, Mariano Rajoy, que abandonó el cargo a finales de 1986 cuando Vioque ya manejaba los hilos del poder local. El ahora presidente del Gobierno de España y el narco infiltrado en política siempre mantuvieron malas relaciones.

La onda expansiva de la que se conoció como Operación Arousa llegó a Madrid y forzó una visita del propio Fraga y otra del que entonces era su delfín, Jorge Verstrynge, al balneario de la playa Compostela para intentar calmar los encendidos ánimos de los afiliados tradicionales. Fraga se decantó finalmente por la militancia antigolpista y Vioque, arrinconado y ávido de venganza, se fue de AP y se alineó en las filas de Coalición Galega, el partido del exvicepresidente de la Xunta Xosé Luis Barreiro.

El dinero que amasaron los contrabandistas gallegos engordó al calor de otros negocios. En 1984, otro célebre capo del tabaco, Luis Falcón, Falconetti, logró, gracias a las habilidades de su abogado, que el Ayuntamiento de Vilagarcía que presidía por AP José Luis Rivera Mallo —hoy senador y presidente de la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas— le apoyase en sus proyectos urbanísticos y hosteleros. En aquel envite, el pleno aprobó la construcción del primer bingo de la comarca, en el barrio antiguo del municipio, pese a que el secretario hizo constar que era “una ilegalidad manifiesta”. Tres años después entró en la cárcel por un alijo de hachís.

Otro político controvertido de la derecha fue Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove durante casi dos décadas por Alianza Popular y por partidos independientes. En las causas judiciales en las que se vio inmerso por denuncias de la oposición recurría al narco Vioque como abogado. En 1991, cuando acababa de ganar de nuevo las elecciones por una formación independiente, Bea fue detenido por narcotráfico, mientras el pleno le esperaba para tomar posesión en una esperpéntica sesión de investidura. Finalmente fue condenado por blanqueo.

En 1989 Fraga funda el Partido Popular y gana las elecciones en Galicia. Aclamado por sus éxitos entre la clientela contrabandista, Vioque llegó a multiplicar sus influencias en la Xunta. Se encargaba de organizar mítines y recaudar fondos y se jactaba de que los chóferes de algunos consejeros del Gobierno de Fraga venían expresamente a la ría de Arousa a recoger las gratificaciones que lograba para las campañas electorales.

Las idas y venidas de políticos a la ría de Arousa para reforzar la presencia del partido dejaron de ser un secreto a voces. Existen informes policiales donde se detallan encuentros en lugares públicos entre destacados miembros del PP y contrabandistas a los que los agentes hacían seguimientos. El entonces gobernador civil de Pontevedra, el socialista Jorge Parada, que dio una vuelta de tuerca en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, recibía continuamente información confidencial de sus espías. Parada incluso llegó a enviar algún recado al entorno de determinados políticos para advertirles de que las compañías que frecuentaban vendían algo más que tabaco.

Desde la Cámara de Comercio de Vilagarcía, el joven secretario Vioque seguía extendiendo sus tentáculos. Los actos de promoción empresarial de la entidad le servían de pretexto para invitar al presidente Fraga. En algunos de estos eventos, el fundador del PP llegó a compartir mesa en Portugal con personajes como Laureano Oubiña, otro hombre clave del contrabando y narcotráfico en Galicia. Mientras el astuto letrado se codeaba con la flor y nata de la Xunta, organizaba la llegada de un cargamento de 2.000 kilos de cocaína. En 1991 fue asesinado el tesorero de la cámara: unos sicarios lo mataron porque lo confundieron con Vioque. El narco sobrevivió por un golpe de azar, pero terminó en la cárcel.

Los traficantes de la Galicia de los noventa siempre se preocuparon de estar rodeados de políticos. Sito Miñanco, otro confeso jefe tabaquero luego convertido en narco, buscó el calor del poder incluso entre políticos extranjeros. Miñanco llegó a financiar el campo de fútbol de Cambados, pagó el altar y demás mobiliario sacro de la iglesia de su pueblo y fue reclutado por Pablo Vioque para satisfacer sus compromisos con el poder. El capo más internacional de la época reconoció que había contribuido económicamente a las campañas del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá y se dejó fotografiar con el embajador de España en el país centroamericano, al que viajaba por “negocios”. Tampoco Marcial Dorado negó sus amistades con el PP y a sus fiestas acudían reconocidos militantes de su pueblo que nunca han renegado de su relación. Fue precisamente un militante del PP de Ferrol, Manuel Cruz, que combinaba su trabajo como chófer de consejeros de la Xunta de Fraga con negocios con Dorado, el que le presentó a Feijóo. Cruz, que fue chófer del exministro y exconsejero del Gobierno gallego José Manuel Romay Beccaria, solía ir a A Illa de Arousa, donde residía su socio Dorado y también participaba en comidas y reuniones con compañeros del partido en la zona.

En los noventa aterriza en el territorio contrabandista de Arousa uno de los cerebros de la trama Gürtel: Pablo Crespo, colaborador del entonces consejero de Obras Públicas José Cuiña, que llegó a competir con el narco Pablo Vioque por el trono del rey de las intrigas en la ría. El trío que un día acabó con la paciencia de Fraga, el formado por Cuiña, Crespo y Vioque, se confabuló para preparar otra maniobra golpista y descabalgar de la cúpula del partido en la comarca al exalcalde Rivera Mallo, que acabó abandonando por un tiempo la militancia. Crespo asumió entonces la presidencia del PP local, de la que se retira en 1995 para dar el salto a Santiago y ocupar hasta 2003 la secretaría de organización de los populares gallegos. Una carrera meteórica que acabó en prisión. Ahora se investiga su participación en la trama ilegal de financiación del PP relacionada con los apuntes del extesorero Luis Bárcenas.

En 1996, Fraga ordenó la fulminante destitución de Pablo Vioque en la Cámara de Comercio de Vilagarcía. La maniobra, orquestada en la sombra por José Cuiña y Pablo Crespo, fue muy oportuna: un año después, el juez Baltasar Garzón detuvo al abogado y lo embarcó en una larga travesía judicial que terminó con su fallecimiento en diciembre de 2008. Vioque se llevó a la tumba los secretos que tantas veces amenazó con desvelar, aunque dejó una sorpresa para el final. Ya en estado terminal por una enfermedad, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción, que le facilitó una nueva identidad para declarar contra el capo de la mafia rusa Kalashov. Este pacto final con la justicia y el hecho de que no exista certificado de su defunción ha sembrado incluso dudas sobre si Pablo Vioque está vivo o muerto. Años después de hacerlo con el narco, Fraga destituyó a Cuiña y a Crespo de sus cargos en el partido y en la Xunta para abrir paso a Feijóo, que llegó en 2003. Fue entonces cuando el ahora presidente de la Xunta le confesó al patrón el gran secreto: su vieja amistad con un célebre contrabandista llamado Marcial Dorado.