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Reportaje:

20 años desde la 'Operación Nécora'

El 90% de los 48 imputados en la trama desarticulada por Garzón volvieron a ser detenidos - Los 'narcos' fueron abordados en sus casas mientras dormían

Madrugada del martes, 12 de junio de 1990. El juez Baltasar Garzón y dos fiscales de la Audiencia Nacional dirigen desde Vilagarcía la Operación Nécora, primera contra una de las redes más sonadas que operaban en el tráfico de cocaína y hachís en Galicia. Un año antes, desde la cárcel de Pontevedra, un vendedor de droga de poca monta, Ricardo Portabales, puso nombres y apellidos a los traficantes que fraguaban en la ría de Arousa el gran negocio de las drogas. Este personaje se convertiría en el primer arrepentido en la historia del narcotráfico en España.

Por primera vez, los detenidos fueron levantados literalmente de sus camas en un despliegue policial insólito, que desplazó a la comarca a más de 300 policías coordinados por la entonces Unidad Central de Estupefacientes. Aunque el juez había firmado cerca de 60 órdenes de detención, no estaban todos en sus casas cuando los agentes entraron. En medio de un desconcierto general, llegaban a la comisaría de Vilagarcía los coches policiales con los detenidos entre los abucheos de la gente. Allí les esperaba el juez para tomarles declaración y firmar su detención. Ninguno de los 51 detenidos quedó en libertad. En la calle, nadie sabía en realidad lo que estaba pasando ni quiénes eran los esposados.

El insólito despliegue movilizó 300 agentes por la comarca

Un helicóptero irrumpió en el pazo de Baión, de Oubiña y su esposa

A media mañana, un helicóptero de la policía aterrizaba en el pazo de Baión. Sus dueños, Laureano Oubiña y su esposa, Esther Lago, ya estaban en los calabozos cuando 12 agentes entraban en la inmensa propiedad acompañados por Portabales, que fue haciendo su particular relato de los lugares del pazo, como por ejemplo, el palomar, donde, según él, la pareja de traficantes organizaba los envíos de hachís a Galicia.

También en Madrid se producen detenciones en cadena, como la de los conocidos empresarios Celso Barreiros y Carlos Goyanes. Pero ambos quedarían fuera del fallo judicial aunque no ilesos de la presión mediática, pese a las denuncias de "mentiroso compulsivo" que hicieron contra Portabales.

La Operación Nécora fue la gran advertencia de lo que estaba por venir, porque ni todos sufrieron condena ni las penas resultaron ejemplares. Sin un solo gramo de droga incautado, Garzón sólo pudo sentar en el banquillo a 48 de los imputados, de los que 15 quedaron en libertad. Sin embargo, apenas cinco años después del macrojuicio, cayeron poco a poco el 90% de los detenidos, tanto los que salieron absueltos como los condenados, además de muchos otros que no habían sido tocados en esta operación. Los casos más llamativos fueron los de Manuel Charlín, Laureano Oubiña, Alfredo Cordero, Francisco, Javier Martínez San Millán o Manuel Abal Feijóo. A excepción de este último, que falleció antes de volver a la cárcel, el resto se encuentran todavía en prisión. Sólo Charlín está a punto de abandonar su celda.

Otro caso paradigmático fue el de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Aunque estaba en la lista de detenidos de la Nécora, escapó a Panamá y fue capturado en Madrid, siete meses después, con sus colaboradores. Hoy cumple condena como reincidente y hasta 2018 no está previsto que salga de la cárcel.

En 1990 las estadísticas de detenciones por narcotráfico se dispararon, superando la cifra de 18.000 personas implicadas, y un año después se incautaba la entonces impensable cantidad de cuatro toneladas de cocaína. El 23 de febrero de 1991, la policía apresaba El Bongo, un barco pirata con 2.000 kilos de coca, un cargamento inédito en aquellos tiempos y primera gran evidencia de que los cárteles colombianos estaban desembarcando en Galicia con todo su poder.

Los tripulantes, nueve colombianos y un peruano, extenuados por la desnutrición, habían zarpado un mes antes de Cartagena de Indias y llevaban nueve días fondeados en medio del Atlántico, tras sufrir una avería en uno de sus motores. La policía encontró un plato con cocaína que consumía la tripulación para soportar el hambre.

Tres meses después de este sórdido episodio, el hallazgo de 1.500 kilos de cocaína en la costa de Cedeira fue para las autoridades un jeroglífico indescifrable. Coincidiendo con la bajamar, los fardos fueron apareciendo en la playa ante la sorpresa de los vecinos. Tendrían que pasar casi seis años hasta que el abogado Pablo Vioque resultase implicado en ese desembarco, que le costaría la vida a uno de sus colaboradores, el tesorero de la Cámara de Comercio, donde el letrado ejercía de secretario, asesinado por sicarios colombianos.

La vida sin escolta de dos arrepentidos

Si Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín fueron encumbrados como los dos valientes arrepentidos del caso Nécora, hoy, 20 años después, han vuelto a serlo, pero por todo lo contrario: porque la justicia les ha dado la espalda. Mientras Ricardo Portabales delató a la flor y nata del narcotráfico que merodeaba en los alrededores de Marín, su pueblo, donde se dedicaba a vender pequeñas partidas de droga, Fernández Padín, desde Vilanova de Arousa, ponía al descubierto los entresijos de una gran organización como la de los Charlines, en la que trabajaba de recadero o entregando mercancía.

En un momento en el que la figura del testigo protegido no estaba legalmente desarrollada en España, ambos confiaron en la justicia y no dieron marcha atrás, aunque Fernández Padín ha tenido que sufrir hasta hoy las consecuencias psíquicas del paso más trascendental de su vida. Además de una vivienda, durante estos años ambos han cobrado una paga de unos 1.000 euros del Estado y tenían escolta las 24 horas del día. Pero todo esto se acabó desde este año, después de interponer en vano recursos de súplica ante los ministerios de Justicia e Interior.

Desprotegidos, sin una pensión que prometía ser vitalicia, y sólo con una nueva identidad, Portabales parece que ha decidido marcharse a Centroamérica, mientras Padín, aunque hace años que no vive en Galicia, suele visitar a su familia con cierta frecuencia, siempre camuflado, eso sí. La decisión se ha tomado porque, transcurridos 20 años, ya no existe riesgo de que ambos puedan sufrir represalias, al menos oficialmente.

Portabales, de 53 años, aún se dejaba ver en algunas cafeterías de Madrid no hace mucho tiempo. Con su vestimenta blanca de pies a cabeza, nunca pasaba inadvertido. Luego subía a un coche tuneado donde le esperaban dos escoltas. Dice que seguía colaborando en operaciones de Interior y visitando a Garzón, al que solía llamarle Balta. Pero ahora amenaza con contar "las mentiras de la Operación Nécora". La vida de Manolo Padín, de 51 años, es muy distinta. Totalmente apartado del mundo, vive con su mujer y su hijo de corta edad en España. Cree que la decisión del Estado es definitiva y la única esperanza que le queda es que su mujer encuentre un trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de junio de 2010

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