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El Gobierno reduce los intereses de demora por impago de hipoteca

El texto del PP pone el énfasis en facilitar el pago de la deuda pero no la dación en pago

Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La voluntad de acuerdo del Gobierno en la futura ley hipotecaria y de protección del deudor termina hoy con “unos pasitos más”, según fuentes gubernamentales, en la quita y reducción de los intereses de demora a quienes están sujetos a un procedimiento de desahucio por impago de su hipoteca. Estos intereses solo recaerán sobre el capital principal inicial y no como ahora que se acumulan en toda la deuda. Así se recoge en el texto refundido que el Gobierno, a través del Grupo Popular, ha remitido a todos los grupos parlamentarios para que lo estudien y den una respuesta el próximo martes cuando se reúna la ponencia. Esta empieza la tramitación de la futura ley que saldrá con un nuevo nombre: Ley de Protección de Deudores Hipotecarios, de Reestructuración de la Deuda y de Alquiler Social. No hay dación en pago, ni presente ni retroactiva, como pretendían la mayoría de los grupos parlamentarios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El texto, de 29 folios, que tienen ya los grupos parlamentarios es el fruto de la refundición del decreto-ley del Gobierno y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la plataforma en defensa de los afectados. Una cincuentena de enmiendas de la oposición han sido aceptadas parcialmente aunque ninguna de ellas tiene relación con la dación en pago retroactiva ni con la paralización absoluta y universal de todos los procedimientos de desahucio.

Ahora bien, el texto, que hace referencia a distintas leyes, matiza, lima y precisa aspectos que benefician al deudor singularmente en el aplazamiento del pago de la hipoteca. Ahora, con los cambios del Gobierno a las propias enmiendas que presentó el PP el pasado 26 de marzo, se alivia la carga de la deuda. ¿Cómo? Con una reducción de los intereses de demora. En el Gobierno se considera que eran realmente abusivos.

Con el fin de reducir el importe que se debe, además de limitar los intereses de demora a tres veces el interés legal, solo se aplicarán sobre “el principal” y no sobre todos los intereses como ocurre ahora. Además, si al ejecutarse la entrega de la casa esta resultase insuficiente para saldar la deuda, lo que quede de la misma se estudiará en función de la deuda inicial, sin intereses, y en segundo término los intereses moratorios y costas.

Otra de las novedades, siempre en la misma línea de reducir los costes, se refiere al sistema de quitas previsto en el texto inicial. Se mantiene la reducción del 35% de la deuda, si se paga en cinco años, y del 20%, en 10 años, pero se aplica retroactivamente desde que el deudor dejó de pagar y no con fecha de la entrada en vigor de esta futura ley.

En la autoenmienda que se ha hecho el Gobierno entra la “no exigibilidad de la devolución de ayudas de las Viviendas de Protección Oficial (VPO)” en los casos de reestructuración y quita de préstamos hipotecarios.

Se ha tenido en cuenta “parcialmente” algunas propuestas de UPYD sobre las quitas al deudor. Así aquellos que dejen visitar el inmueble a quienes pudieran estar interesados en pujar por su vivienda podrán pedir al juez, “que decidirá lo que proceda”, una reducción de la deuda de hasta el 2% del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado.

Los grupos parlamentarios estudian ahora el nuevo texto que se aleja notablemente de sus propuestas y también de las de la plataforma de afectados. En fuentes gubernamentales se asegura que han llegado “hasta donde se puede”, sin que quede afectado todo el mercado hipotecario presente y futuro y tras reconocer que la actual legislación es totalmente abusiva al permitir a los bancos condenar al deudor a no tener casa y a mantener la deuda. La carga de la deuda es la que se pretende aliviar con el nuevo texto que empieza el próximo martes su tramitación para culminar en mayo, entre la fase de Congreso y Senado. Durante todo ese tiempo, los grupos parlamentarios intentarán más cambios y con seguridad la presión en la calle de los activistas de la plataforma continuará.