Una imputación inevitable

A grandes males, grandes remedios. La mejor manera de impedir que la jefatura del Estado, sometida a una enorme presión, caiga en un deterioro insuperable es precisamente que la infanta Cristina comparezca lo antes posible ante la justicia como imputada y aclare su presencia en la entidad mercantil Aizoón y su eventual conocimiento del uso que hacia esa empresa de su “nombre, tratamiento y cargo” en posibles hechos delictivos. La noticia era esperable e inevitable en un país que es mucho más serio de lo que algunos quieren hacer creer. Otra cosa hubiera dado origen a todo tipo de sospechas y a la insoportable impresión de que se violentaba el estado de derecho.

En un momento en el que están en duda el prestigio de las instituciones, reconforta comprobar que los resortes del sistema actúan con normalidad y que responden con el principio de igualdad ante la ley, tal y como fija la Constitución. Aun sin sacar conclusiones de esa imputación, estaba claro que la infanta debía comparecer ante el juez que lleva el caso Nóos para responder a cuantas dudas se plantean sobre su actuación personal y su colaboración con las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin.

La infanta no dispone, afortunadamente, de ningún fuero especial ni posición privilegiada. Como cualquier otra imputada tiene derecho a defender sus intereses, pero dada su condición de miembro de la familia real, cabe esperar también que actúe con responsabilidad. Sin prejuzgar el desarrollo de los acontecimientos, quizás sería aconsejable que la infanta Cristina, de propia iniciativa, solicite al Rey que la aparte de la línea sucesoria de la Corona. El escándalo que rodea las actividades de su marido y, como mínimo, la utilización de su nombre y rango, afectan tremendamente al prestigio de la monarquía y del Rey y es de suponer que la infanta Cristina esté considerando de qué manera puede ayudar a aliviar esa presión.

La imputación de una hija del Rey, suceda lo que suceda en los próximos meses, es un hecho político con graves repercusiones y sería absurdo ignorarlo. Las monarquías democráticas se justifican básicamente por su utilidad, pero también por una cierta magistratura moral, que se corresponde precisamente con el hecho de que no tiene responsabilidad jurídica alguna. El Rey no puede librarse fácilmente de esa exigencia de responsabilidad moral y deberá hacer frente a ella, con reflexión y prudencia.