Financiación como moneda de cambio

“Esto se ha convertido en una gran subasta y en una chapuza”, clamaba Mariano Rajoy en julio de 2009, cuando era líder de la oposición y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negociaba un nuevo sistema de financiación autonómica. Ahora Rajoy está a punto de abrir ese mismo melón ante la presión soberanista de Cataluña y anticipando un año la revisión del modelo pactado en 2009 y con una vigencia de cinco años.

El actual presidente sigue la misma pauta que sus antecesores en el cargo, Felipe González, José María Aznar y Zapatero. Los cuatro jefes del Ejecutivo, dos del PSOE y dos del PP, han pactado diferentes modelos, cada vez más favorables para las comunidades, siempre a iniciativa de Cataluña, casi siempre directamente con CiU y acuciados por problemas de inestabilidad territorial y, en algunos casos, de aritmética parlamentaria.

Los diferentes modelos pactados como moneda de cambio atemperaron en esos momentos las posiciones de los nacionalistas catalanes, aunque a la larga han resultado insuficientes por errores de cálculo en la proyección de la recaudación de impuestos o por caídas de consumo por la crisis. Así ha sido hasta completar seis sistemas distintos, con multitud de retoques incluidos, que han ido desde los acuerdos bilaterales con cada traspaso de competencias hasta la cesión de tributos completos y la creación de una maraña de fondos de compensación con criterios como la dispersión de la población, su envejecimiento o el porcentaje de inmigrantes, pasando por lo que se llamó la “cesta de impuestos” traspasados.

Ahora esas nuevas exigencias se sitúan en el llamado pacto fiscal que fue rechazado expresamente por Rajoy en septiembre, lo que dio excusa formal al desafío soberanista de Artur Mas. El actual presidente ofreció entonces negociar un nuevo sistema, anticipando en la Conferencia de Presidentes de noviembre la expiración en 2014 del actual, y ahora ha retomado esa oferta aprovechando la asfixia financiera de Cataluña, para evitar la consulta de autodeterminación. Pero esa situación no es nueva en España y lleva al déjà vu de pacto de financiación como salida al desencuentro entre el Gobierno central y Cataluña.

En 1993, Felipe González gobernaba con apoyo de CiU y, por eso, introdujo un retoque notable al sistema de 1992: cesión del 15% del IRPF. El PP votó contra el pacto, pero las discrepancias dividieron también al PSOE. No lo aceptaron en primera instancia Extremadura, Castilla y León y Galicia que, a la larga, fueron los beneficiados por un error de cálculo de ingresos. Hasta 1986 simplemente había acuerdos bilaterales con cada traspaso y entre 1987 y 1991 la financiación se basó en un fondo de compensación interterritorial, similar a los fondos europeos. Se compensaba con tasas, tributos cedidos y porcentaje de Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

En 1997 José María Aznar no tenía mayoría absoluta y en los acuerdos de legislatura con CiU se incluyó un nuevo sistema de financiación que se aprobó con el rechazo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, es decir, las tres que sustentaban el poder territorial del PSOE. Se introdujo el principio de corresponsabilidad fiscal; con cesión de hasta el 30% del IRPF y la concesión de facultades normativas en relación con los tributos cedidos.

Aznar accedió a dar garantías a las comunidades para que sus ingresos crecieran al ritmo de la economía española. En 2000, con mayoría absoluta, aprobó limitar por primera vez la capacidad de endeudamiento.

En 2001 se aprobó el cuarto sistema de financiación autonómica que estuvo en vigor hasta 2009. Este sistema mejoraba la responsabilidad fiscal de las comunidades, al ceder la recaudación de más impuestos y dar competencia normativa a algunos, especialmente, el IRPF.

Desde 2004 Zapatero gobernó en minoría con acuerdos puntuales con distintos partidos, entre ellos CiU y ERC, e hizo un retoque en 2005 para aligerar la presión de las comunidades para financiar la sanidad, que se aprobó en la primera Conferencia de Presidentes. También se aplicó a todos, pero la reivindicación nació de Cataluña, donde gobernaba el PSC con apoyo de ERC.

En 2009, en plena efervescencia por el nuevo Estatuto de Cataluña, el Gobierno central y el catalán pactaron otro modelo de financiación que, obviamente, se extendió a todas las comunidades a las que se les dieron más recursos. La particularidad de este sistema es que es el primero con el que CiU, entonces en la oposición, no estuvo de acuerdo. ERC, que ahora alienta el pacto fiscal y la consulta de autodeterminación, votó a favor de ese sistema. Todos se beneficiaron, pero Cataluña actuó como siempre como catalizador del cambio que ahora también necesitan comunidades del PP como Madrid.