Sin movimiento en las cárceles

Los presos, las “consecuencias del conflicto” en la terminología de ETA, son la gran cuestión que la banda terrorista —junto a los huidos, “refugiados” en su terminología— quiere negociar con los Gobiernos español y francés. Pero sus expectativas, en estos momentos, son poco halagüeñas. Los mensajes que ha enviado el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde el pasado verano, cuando se produjo la gran polémica y movilización de las asociaciones de víctimas por la excarcelación del preso enfermo de cáncer Iosu Uribetxeberria Bolinaga, no dejan lugar, según el propio análisis del entorno de los presos, para mucha esperanza.

Aunque el Ministerio del Interior sigue diciendo que las vías de la reinserción siguen “abiertas” para quien quiera acogerse a ellas, y que aunque nadie lo vea sí se están haciendo cosas, los hechos, hoy por hoy, van por otro camino. Interior se ha movilizado extraordinariamente en apoyo de la doctrina Parot, incluso enviando un representante a la vista pública de la Gran Sala del Tribunal Estrasburgo, que decidirá si esa interpretación legal supone una aplicación retroactiva que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos; y el Gobierno planea ya nuevos encuentros con periodistas para seguir explicando por qué Parot debe continuar aplicándose.

Por otro lado, ha negado terceros grados y permisos a los presos de la vía Nanclares, reclusos que, durante el mandato del presidente Zapatero, decidieron romper con el colectivo, rechazar la violencia y cumplir con los requisitos que exige el Código Penal para que los presos por terrorismo puedan acogerse a beneficios penitenciarios. Y, hasta el momento, ningún preso ha pasado por el nuevo marco de reinserción que puso hace casi un año sobre la mesa el ministerio de Jorge Fernández.

Dentro de la izquierda abertzale y el colectivo de presos se va imponiendo el siguiente razonamiento: si ni siquiera Nanclares vale al Gobierno —un modelo que los presos siempre rechazaron—, eso es que no hay nada que hacer. Durante estos meses, la estrategia de ese entorno ha girado sobre todo en mantener la presión en la calle, con movilizaciones y manifestaciones en contra de la dispersión, de la doctrina Parot y a favor de la excarcelación de presos enfermos y de aquellos que han cumplido con tres terceras partes de la condena.

Pero, sabiendo como saben que la ley no va a cambiar por el momento y que la única forma de lograr algún beneficio es cumplir con el Código Penal, otra de las opciones que habían barajado los más posibilistas —dentro del debate interno— era usar la ley, y sus resquicios, en su propio beneficio. Tratar de plantear ante Interior y ante el juez que, aquellos que hayan cumplido con los requisitos temporales, puedan cumplir con el resto de los elementos que la ley exige para acceder a beneficios penitenciarios. El requisito de la renuncia a la violencia no es un problema, porque ETA ya lo ha hecho. Tendrían que estar dispuestos, eso sí, a comenzar a hacer frente a las indemnizaciones civiles. Y, sobre todo, habrían de buscar una fórmula común a todos de petición de perdón a las víctimas.

Ese debate estaba abierto pero no concluido. Y ahora, con lo que ellos perciben como una actitud de bloqueo del Gobierno, es fácil que no prospere a corto plazo la vía de la legalidad, aunque tampoco está cerrada. Mantendrán, casi con total seguridad, las movilizaciones en la calle —con las que poco pueden avanzar, pues el Gobierno tiene todo el poder en su mano sobre las cárceles y no parece que le afecten estos movimientos— y hay quien teme que la presión se extienda al interior de las cárceles