El Consejo de Europa critica a España por gastos municipales “irracionales”

Muestra su preocupación por la inversión municipal, los “proyectos faraónicos” y la corrupción

Obras en el Palacio de la Ópera, en la Cidade de la Cultura de Santiago.
Obras en el Palacio de la Ópera, en la Cidade de la Cultura de Santiago.Xoan Rey (EFE)

El Consejo de Europa ha tomado nota de dos de los temas que más alteran a la opinión pública española: “El aumento de casos de corrupción política que están causando verdaderos estragos en la credibilidad de las instituciones, y la gestión de algunas regiones y gobiernos locales en relación con prácticas irracionales de gasto”. En esas prácticas incluyen “la construcción de faraónicos proyectos o el pago de enormes salarios a algunos políticos locales y regionales, entre otros dispendios”.

Lo mantiene el informe Democracia local y regional en España, cuyas conclusiones fueron publicadas por el organismo con sede en Estrasburgo el 21 de marzo. El texto completo, de 50 folios, hace un repaso exhaustivo a la organización municipal y lamenta la existencia de sueldos desmedidos de los cargos electos, por lo que recomienda su regulación y su limitación con un techo máximo.

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Junto a la corrupción, el análisis del organismo europeo señala la crisis del sector inmobiliario como el origen de los males de las finanzas públicas. Muestra preocupación en especial por las circunstancias que han disparado la deuda acumulada por algunos Ayuntamientos, sobre todo con bancos y contratistas privados “en respuesta a las políticas expansivas presupuestarias relacionadas con el electoralismo, el endeudamiento excesivo y la burbuja de la vivienda”. Como último dato aporta los números rojos de finales de 2009 de la hacienda local española, 7.885 millones (hoy la deuda ha aumentado hasta los 8.252 millones de euros).

“La ola de Estatutos ha demostrado ser poco exitosa”, señala el Consejo de Europa

Al repasar la organización territorial en España, el estudio asegura además que “la ola de Estatutos ha demostrado ser poco exitosa”, sobre todo en relación con el de Cataluña. Tras mencionar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, considera que “solo una profunda revisión de la Constitución podría alterar la situación actual”.

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Los autores, Marc Cools, presidente de la Unión de ciudades de Bélgica y Leen Verbeek, gobernador de la provincia holandesa de Flevolard, confeccionaron su informe a partir de dos visitas a España (Sevilla, Toledo y Madrid) celebradas en junio de 2012 y enero de 2013. Durante ellas hablaron con representantes del Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Ayuntamientos y asociaciones, que les trasladaron ejemplos concretos de esos proyectos faraónicos que los autores se guardaron de mencionar en el documento. Léase el archifamoso aeropuerto sin aviones de Castellón o la Cidade da Cultura gallega, un pozo que ya ha consumido 300 millones y que la Xunta de Galicia acaba de bloquear.

Al Consejo de Europa no se le escapa que el Gobierno de Mariano Rajoy está asumiendo un papel decisivo en la organización territorial con “tendencia a la recentralización”. Se trata de una política que, en su opinión, “no encuentra una fuerte resistencia de las autoridades” gracias a un mapa electoral dominado por el Partido Popular.

En cuanto a la reforma de los Ayuntamientos, valora positivamente que se establezcan criterios claros sobre quién debe asumir qué competencias. Sin embargo, apunta a que el asunto “podría provocar una reducción de la capacidad de las autoridades locales para adaptarse a las necesidades de la población”. Porque prohibir a los municipios que ejerzan competencias en servicios sociales podría “entrar en conflicto con la Carta Europea de Autonomía Local”. Y lo que es peor, amenaza con crear “una distinción entre municipios ricos y pobres, estando los primeros más capacitados para asumir nuevas responsabilidades”, y los segundos limitados a seguir sobreviviendo. Solo ven una salida para que esto no suceda: que el Estado se rasque el bolsillo y financie “adecuadamente” las ciudades y pueblos y permita mejorar la autonomía fiscal de los municipios. Por ejemplo, reemplazando impuestos suspendidos como el Impuesto de Actividades Económicas por otros “que permitan un nivel similar de ingresos”.

Sobre la firma

María Fernández

Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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