La reforma local parte de un estudio que contradice el ahorro del Gobierno

En un documento de 44 páginas está la base del plan del Gobierno para acometer una de las más profundas reformas de la estructura administrativa del país en democracia. Se trata del informe que el Ejecutivo encargó al Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda,al que ha tenido acceso El País y que sirvió de base para elaborar el anteproyecto de ley que pretende poner patas arriba el ámbito local. Su hilo conductor es exclusivamente el ahorro: “La medida que propugnamos, aunque afecta a las competencias municipales, es, sobre todo, una previsión vinculada a la hacienda local, cuyo objetivo es conseguir la eficiencia y la estabilidad presupuestaria”, menciona. Pero la información que presenta es, además de escueta, contradictoria con las propias conclusiones del Ejecutivo.

El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, a golpe de power point y sin desglosar partidas, aseguró tras el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero —donde se aprobó el borrador— que el impacto económico de la reforma sería de 7.129 millones de euros entre los años 2013 y 2015. El cálculo más optimista del IEF sólo habla de 3.930 millones, 3.199 menos. Y siempre y cuando todos los ayuntamientos españoles con población inferior a 20.000 habitantes dejen de prestar servicios en favor de otros mayores (o de las Diputaciones) o lo hagan según un estándar de eficiencia. No aborda el IEF la poda de los sueldos, pero esa partida apenas supone el 2% de todo el recorte de gasto calculado.

El estudio, que no está firmado ni ha sido dado a conocer por el Ministerio, parte de que el tamaño del Ayuntamiento es el “factor esencial”, para la eficiencia a la hora de prestar cualquier servicio. Da igual que se trate de un núcleo disperso de la montaña asturiana que otro de la llanura castellana. “El trabajo parte de un estándar fijado tomando en cuenta, de forma exclusiva, este elemento”, menciona, aunque después realiza ciertas correcciones por la densidad de la población. Pero incluso con esa variable sus conclusiones son totalmente dispares: los municipios extremeños de entre 2.000 y 5.000 habitantes tienen costes mucho más competitivos que, por ejemplo, los madrileños, valencianos o canarios.

Otra incongruencia se encuentra en lo que respecta a Cataluña, una comunidad donde los Ayuntamientos prestan todos los servicios por una media de 658 euros por persona. Sin embargo, los municipios catalanes de menos de 5.000 habitantes son capaces de ejercer sus competencias a un coste inferior, lo que ataca la base de flotación del anteproyecto de ley. “En algunos casos el mayor gasto puede ser debido, ciertamente, a la ineficiencia en la gestión. Pero también puede deberse a que un municipio cuenta con mayores ingresos”, puntualiza Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid que ha publicado un análisis del mismo. Los autores del documento descartaron de plano otra realidad fundamental: que en un pueblo con una población más envejecida el coste de un servicio puede ser mayor, o que una economía de escala pueda no ser eficaz siempre.

Expertos consultados piensan que se ha despachado la cuestión con una propuesta claramente insuficiente realizada por encargo directo del Ministerio de Economía sobre la base del ahorro. Una labor de estas características “necesitaría de años de trabajo”, reflexiona un catedrático. Sea como sea, el PP ya admite que la ola de rechazo que ha provocado el plan le empieza a salpicar. El partido reconoce que “escuece” hasta en sus propias filas.