Santamaría encarga la reforma de siete leyes para luchar contra la corrupción

La reforma de siete leyes y la creación de una octava es el encargo que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha encomendado hoy al grupo de trabajo designado para ejecutar las reformas anunciadas por Mariano Rajoy para luchar contra la corrupción.

Sin embargo, el grupo de trabajo, que lidera el secretario de Estado con la Cortes, José Luis Ayllón, quien también fue el encargado de impulsar la Ley de Transparencia, no abordará esta ley, que está en fase de tramitación pero estancada en el Congreso, sin un calendario que permita prever su aprobación. Fuentes del Gobierno ha señalado que corresponde a los grupos parlamentarios, y no al Gobierno, el dar un empujón a la nueva norma. La vicepresidenta sí ha pedido al equipo que dedique todos los "esfuerzos y medios" , pero no se han fijado plazos.

“Fortalecer las instituciones y cerrar espacios a la corrupción en la vida pública” son los objetivos que se persiguen con las modificaciones que afectarán a la Ley de Partidos, a la Ley de Financiación de Partidos, a la del Tribunal de Cuentas, a la de contratos del sector público, al Código Penal, a la ley del Poder Judicial y a la de enjuiciamiento criminal. La nueva norma se elaborará para la redacción de un Estatuto del cargo público (Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas) y en esta se establecerán las escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado, se regulará la manera en la que publicarán sus declaraciones tributarias, de bienes y de actividades y fijará la realización de auditorías “de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato”.

Las líneas sobre las que trabajará el equipo no difieren ni amplían las medidas anunciadas por Rajoy en el debate sobre el estado de la nación ni sobrepasan el acuerdo alcanzado por la mayoría de los grupos.

Sobre la reforma del Código Penal, el trabajo se centrará en el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción (prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos) con la posibilidad de tipificar “nuevos comportamientos”. Además “se aumentarán los plazos de prescripción para esos delitos”, según fuentes del Gobierno.

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, el objetivo es “clarificar las reglas de atribución de competencia a los Tribunales y la agilización de los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción”.