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ANÁLISIS

Asegurar el “final ordenado” de ETA

Estaba escrito que la dirección política de ETA, con Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, al frente, más pronto que tarde iba a ser expulsada de Noruega, donde estaba afincada bajo protección internacional desde su declaración de cese definitivo en octubre de 2011. Esa constatación tomó cuerpo cuando el 20 de febrero la Comisión de Verificación Internacional del cese definitivo del terrorismo, encabezada por Ram Manikkalingam, visitó el País Vasco y, tras entrevistarse con la dirección de ETA, reconoció al lehendakari Iñigo Urkullu y a los interlocutores de los principales partidos vascos —el PP rehusó el contacto— que no se producían avances en las posiciones de ETA en tres cuestiones clave como el desarme, el reconocimiento del daño causado a todas las víctimas del terrorismo y la asunción por los presos de la banda de su reinserción individual.

La Comisión de Verificación Internacional no hizo sino confirmar lo que esos mismos días —el 18 de febrero exactamente— había manifestado, durante su juicio en París, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, el jefe militar más importante que había tenido ETA en su etapa final, detenido en 2009. Txeroki, en su alocución ante el tribunal parisino, se limitó, en nombre de ETA, a reconocer el daño causado a las víctimas colaterales del terrorismo. Y apuntaba, además, que ETA no daría más pasos mientras el Gobierno central no negociara con la banda una salida para sus presos, como recogía la Declaración de Aiete del 17 de octubre de 2011.

¿La expulsión de Noruega de la dirección de ETA implica el riesgo de que ordene el regreso al terrorismo? No. La izquierda abertzale no lo toleraría. Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria no hicieron la larga marcha del distanciamiento del terrorismo —que empezó en 2007, tras la ruptura de la última tregua de ETA, y culminó con la legalización de su partido y sus éxitos electorales en los últimos dos años— para echarla por la borda por la expulsión de la dirección de ETA de Noruega. El propio Otegi lleva casi tres años y medio en prisión, pendiente de que el Tribunal Constitucional se reúna para decidir una libertad que muchos consideran cantada, y, sin embargo, la izquierda abertzale no se cuestiona el acierto de su estrategia.

Pero, además, Txeroki, en su alocución ante el tribunal de París, reafirmó que el final del terrorismo era un hecho irreversible. Dicho por Txeroki tiene una importancia trascendental porque él representa el sector más duro de ETA, el que tiene más difícil la salida de prisión.

No obstante, la Comisión de Verificación Internacional, en su reciente visita al País Vasco, abogó también por un “final ordenado” de ETA. Tras asegurar que la dirección de ETA estaba comprometida con el cese definitivo del terrorismo, defendió ante Urkullu y los partidos vascos una interlocución, directa o indirecta, del Gobierno de Rajoy con ETA para abordar la cuestión de sus presos y consolidar el final. Urkullu ha trasladado a Rajoy la propuesta de flexibilizar la política penitenciaria para garantizar ese “final ordenado”. De lo contrario, aunque la dirección de ETA no ordene el regreso al terrorismo, se corren los riesgos derivados de la imprevisión, como en Irlanda.