El Gobierno confirma la vía dura e impugna la declaración soberanista

El Gobierno dio ayer el paso definitivo para confirmar que ha optado por la vía dura en la respuesta a la ofensiva independentista de Cataluña. Con un cuidado especial en las formas para evitar el victimismo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Gobierno ha tomado definitivamente la decisión más agresiva que puede tomar: acudir al Tribunal Constitucional contra la declaración soberanista del Parlamento catalán, apoyada por CiU, ERC, ICV y la CUP, y rechazada por el PSC, el PP y Ciutadans. En ella se establece que el pueblo catalán es un “sujeto político y jurídico y soberano” y por ello tiene derecho a decidir su futuro. El texto establece que se debe “dialogar y negociar con el Estado”, pero que la consulta se hará “usando todos los marcos legales existentes”.

Durante varias semanas, el Gobierno trasladó que la declaración no tenía efectos jurídicos y por tanto no tenía sentido recurrirla. Sin embargo, hace un mes se produjo un giro y el Ejecutivo empezó a pensar en hacerlo. Se pidió un informe a la Abogacía del Estado, un organismo con claro control político, que determinó que sí había materia para recurrir, y después otro al Consejo de Estado, también favorable. Ayer el Consejo de Ministros tomó la decisión definitiva: recurrirá.

"Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir la ley", zanja Santamaría

La fórmula decidida no es la habitual, lo que da cuenta de las dudas jurídicas que existían entre los propios expertos del Ejecutivo y los riesgos importantes de que el Tribunal Constitucional no acepte las intenciones del Gobierno y le da un varapalo jurídico como el que sufrió el Ejecutivo de José María Aznar cuando recurrió el plan Ibarretxe antes de que saliera del Parlamento vasco. En este caso el Gobierno no presenta ni un recurso de inconstitucionalidad ni un conflicto de competencias, las dos fórmulas habituales. Se trata de una impugnación, la tercera de las posibilidades, según la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría trató de limitar la importancia política del asunto —“nosotros trabajamos con la máxima lealtad y diálogo institucional, del mismo modo que otras administraciones que también impugnan decisiones del Estado”— pero nadie en el Ejecutivo niega en privado el simbolismo de esta decisión y los riesgos de un varapalo jurídico. Aun así, la vicepresidenta se mostró confiada en el éxito de esta iniciativa y la defendió como si no hubiera otra opción. “Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir la ley”, explicó.

Sin embargo, la distancia con el Ejecutivo catalán es cada vez más evidente. Poco después de las elecciones catalanas, en diciembre, Rajoy trasladó un mensaje de diálogo, llamó a Artur Mas para felicitarle —tres días después de la noche electoral— y se mostró dispuesto a recibirle cuando él quisiera. Pero las cosas poco a poco empezaron a complicarse. La reunión se iba retrasando mientras ambos dirigentes se encontraron en la inauguración del AVE a Girona el 8 de enero y Mas fue mucho más duro en su discurso que el propio Rajoy.

Han pasado ya más de tres meses desde las elecciones y todavía no se ha cerrado esa cita en La Moncloa, a pesar de que Mas ya se ha visto con el Rey. Sáenz de Santamaría, en su estilo habitual, que evita contestar con claridad a casi todas las preguntas, en especial las polémicas, no aclaró si esta cita no se produce porque Rajoy no quiere o es Mas quien la retrasa. Lo cierto es que el Ejecutivo sí admite en privado que este es el principal problema político que tiene encima de la mesa paro ni el presidente ni la vicepresidenta parecen estar moviéndose para resolverlo. Fuentes del Ejecutivo culpan a Mas de inmovilismo e insisten en que Rajoy está ofreciendo mejoras en la financiación pero no puede aceptar ningún tipo de consulta. Los puentes parecen pues rotos al más alto nivel, aunque en algún momento habrá reunión. Sí se mantiene el contacto en asuntos financieros, sobre todo a través de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. No en vano Cataluña necesita la financiación del fondo de rescate para poder pagarlo casi todo.

Mas ve en la decisión una excusa para proclamar la falta de diálogo

Mientras, el Gobierno catalán vio en el recurso a la declaración soberanista una excusa para proclamar la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La estrategia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, pasa por denunciar durante el primer semestre de 2013 que el Gobierno rechaza negociar cualquier tipo de consulta. El recurso a la resolución del Parlament coincide con este objetivo. “Se está cortando una vía para el diálogo”, avisó ayer Mas, tras reunirse con el primer ministro de Gales, Carwyin Jones. El dirigente catalán vio “fuera de lugar” el recurso y denunció el “retroceso democrático” que, a su juicio, vive España.

La teoría del Gobierno catalán es que el rechazo a la consulta hace crecer los partidarios de la independencia. ERC señaló que no hay motivos para el recurso, puesto que el texto no tiene efectos jurídicos. El primer secretario del PSC,

Pere Navarro, pidió diálogo a Mas y Rajoy y aseveró que, si se hubiera aprobado su propuesta de declaración socialista, ahora no habría conflicto. El texto que presentó el PSC en el Parlament marcaba que el derecho a decidir de los catalanes debía estar pactado con el Estado.