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J. IGNACIO CONDE-RUIZ | Subdirector de la Fundación de Estudios de Economía

“Hay que sanear el capital humano dañado en la crisis, como con los bancos”

El subdirector de la Fundación de Estudios de Economnía cree necesario un cambio radical Propone un contrato único que acabe con la tradicional distinción entre fijos y temporales

Manuel V. Gómez
Conde-Ruiz, el pasado día 18, en una sala de reuniones de la Fedea.
Conde-Ruiz, el pasado día 18, en una sala de reuniones de la Fedea.Samuel Sánchez

Después de medio centenar de reformas y retoques laborales, el paro sigue siendo un problema. Para el economista Ignacio Conde-Ruiz, la solución pasa por un cambio radical: un contrato único que acabe con la tradicional distinción entre fijos y temporales. El subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que cuenta entre sus patronos a las grandes empresas, también defiende un cambio sustancial en el sistema de pensiones. Y rápido, porque con la crisis “se ha estrechado el margen” de tiempo.

Pregunta. El mercado laboral acumula muchas reformas. Pero el paro sigue ahí; en 35 años de democracia el desempleo ha superado el 20% tres veces.

Respuesta. El objetivo de la última reforma es facilitar el uso de la flexibilidad interna (jornada, salarios) y es pronto para valorar su eficacia. Pero no ha tocado otro aspecto crucial: la dualidad. Uno de cada tres contratos es temporal y eso es caro, ineficiente e injusto. Ineficiente, porque los trabajadores entran por un tiempo limitado, las empresas no hacen el esfuerzo de formarlos, y ellos tampoco el de formarse porque se van. Es caro, porque la alta rotación genera que pasen muchas veces por el desempleo. Además, es injusto socialmente. Un trabajador temporal con 20 años, también lo es 20 años más tarde en un 45% de ocasiones. Deberíamos prohibir los contratos temporales e ir a un contrato único.

Pacto por el empleo y las pensiones

Con la participación de Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios. Establecidas las bases de contratación y despido, es urgente impulsar las políticas activas de empleo en un país con seis millones de parados. Hay que poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas) dirigidas a las pequeñas y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo especialmente orientados a los jóvenes. El pacto debe financiarse con aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las ayudas previstas en el presupuesto de la Unión son del todo insuficientes para hacer frente a la gravedad del problema. Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la población. Dicha reforma no puede hacerse unilateralmente por ningún partido, cualquiera que sea la mayoría parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotización y pensión.

P. Encubriría temporalidad.

R. Las indemnizaciones de despido por año trabajado irán subiendo con la antigüedad. El empresario no tendría que enfrentarse nunca a la decisión de ofrecer un contrato indefinido o despedir, que es un muro infranqueable. Es verdad que habrá actividades que por definición son temporales, pero en este caso se podría recurrir a las ETT.

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P. ¿La solución del problema laboral pasa por el marco legal?

R. En España hemos demostrado que al final las leyes acaban cambiando las cosas. Tenemos el ejemplo del carné por puntos, el del tabaco… La estructura productiva es endógena al marco institucional. Si quieres cambiar el modelo productivo, tienes que cambiar su entorno, y entre las instituciones que le afectan están las laborales. La idea del contrato único es redistribuir la seguridad entre indefinidos y temporales y al mismo tiempo hacer más atractiva la contratación indefinida, crucial para muchas actividades.

P. ¿Y esto pasa por recortar la indemnización por despido?

R. No, bien diseñado, se puede conseguir que el coste agregado ni aumente ni disminuya.

P. Igual para las empresas, pero no para los trabajadores.

R. Algunos trabajadores ganan, los que rotan toda su vida con contratos temporales. Los que suelen tener contratos estables desde el principio —universitarios con carreras muy demandadas— pierden. Por eso hay una redistribución.

P. ¿En qué queda la distinción, procedente/improcedente?

R. Hay que mantener las dos escalas. No requiere cambiar el proceso de despido. El coste indemnizatorio creciente se aplicaría tanto en el procedente como en el improcedente.

P. ¿La reforma ha sido insuficiente?

R. El abuso de la temporalidad seguirá, más con los jóvenes.

P. ¿Y en políticas activas?

R. Tenemos un destrozo inmenso en el capital humano por la burbuja inmobiliaria. Nos preocupamos mucho de sanear el capital de los bancos. Eso está bien. Pero hay otro capital, el humano, que ha quedado igualmente dañado. Los que dejaron los estudios prematuramente para trabajar en la construcción y ahora han sido expulsados del mercado y su única experiencia laboral es en un sector sin futuro. Este capital también hay que sanearlo.

P. ¿Y eso no pasa por volver al sistema educativo?

R. En algunos casos, sí. Pero hay quien ya tiene familia, y tiene que formarse trabajando. En estos casos la solución pasa por pagar un salario menor mientras se están formando, compensado con ayudas públicas.

P. No hay dinero para eso.

R. Es un tema de prioridades. Y esta es la más importante. Hay que gastarse ahí el dinero.

P. ¿España tiene un problema con las pensiones por la crisis o por la demografía?

R. Sin duda por la demografía, aunque por una buena noticia, la gente vive más años.

P. Eso se sabía hace dos años, cuando se hizo una reforma de pensiones profunda.

R. Es la mejor reforma que ha habido. Lo que sucede es que los estudios muestran que se resuelve un tercio de los problemas de sostenibilidad futura. Las previsiones demográficas han cambiado.

P. Si han pasado solo dos años.

R. Sí, pero el INE ha cambiado sus previsiones sobre inmigración, pasamos nuevamente a ser un país de emigrantes. La inmigración nos daba un margen. Ahora se ha estrechado. Por tanto, uno de los cambios que podría hacerse es acortar la llegada de la jubilación a los 67.

P. Pero eso perjudicaría a mucha gente.

R. Estoy de acuerdo en que no se puede dar un giro brusco. Pero se puede adelantar el llamado factor de sostenibilidad que está para 2027. Con este factor la pensión dependerá de diferentes variables en el momento de la jubilación.

P. ¿Qué variables debe tener en cuenta?

R. Lo importante es que tenga en cuenta aspectos demográficos, como la esperanza de vida o la tasa de dependencia, pero no aspectos coyunturales.

P. La reforma de 2011 dicta que el factor de sostenibilidad debe cambiar parámetros fundamentales (periodo de cómputo, actualización, edad…).

R. Es difícil aplicarlo sobre el sistema actual, es demasiado complejo. El objetivo de la reforma de 2011 es garantizar a los trabajadores una pensión similar a su último salario a cambio de que se jubilen más tarde. Pero esto es injusto, no todos los trabajadores tienen la misma esperanza de vida. Es razonable que el sistema tenga en cuenta todas las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida y que dé libertad para que cada uno se retire cuando quiera. Lo importante es que en el momento de la jubilación, la pensión sea actuarial, es decir, que esté en función de la esperanza de vida de su generación y de lo cotizado.

P. ¿Dónde queda el elemento de solidaridad que hay en el sistema de reparto actual?

R. La solidaridad intergeneracional se mantiene. El sistema sigue siendo de reparto, no de capitalización. Es decir, los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados para que los futuros trabajadores se las paguen a ellos.

P. Todo esto siempre se traduce en una pensión más baja.

R. Al final, para que caiga el gasto en pensiones, la única vía es que las pensiones sean menos generosas.

P. O trabajar más años.

R. Es lo mismo.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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