La defensora del Pueblo liga el aumento de quejas a los recortes en los servicios

Los recortes, sobre todo los ajustes en los servicios sanitarios y educativos, dispararon en 2012 las quejas registradas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo. La institución que dirige Soledad Becerril recibió 33.478 expedientes (un 36% más que el año anterior). Y según reconoce en el informe anual presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, “un considerable porcentaje de las numerosas quejas recibidas a lo largo de 2012 han sido planteadas por personal al servicio del sector público, que ha venido soportando de manera directa, como también le ocurre al empleo privado, las consecuencias de la crisis económica y de los recortes y ajustes presupuestarios aplicados para afrontarla”. La supresión de la paga extra de los funcionarios, la renta activa de inserción y los ajustes en sanidad centran la mayoría de las quejas.

» Reformas para devolver la confianza. “La Transición, y con ella los esfuerzos y sentido de la responsabilidad, que hace cuarenta años fuimos los españoles capaces de demostrar, para pasar de un régimen autoritario a una democracia, no pueden malgastarse”. Becerril plantea en el informe anual de quejas una reflexión sobre la necesidad de fortaleza de las instituciones frente a la corrupción y al desapego ciudadano. La defensora considera que “las instituciones de la democracia tienen que continuar siendo los pilares del Estado social y de derecho que en el pasado reciente nos dimos, y que tanta admiración han producido”.

Por esta razón, este miércoles aprovechó su visita a la Cámara baja para reclamar reformas para “restaurar la confianza” de los ciudadanos en los organismos públicos. En este contexto, cuando escándalos como el caso Bárcenas, el caso Pallerols y el caso Urdangarin empañan la vida política y pública, dejó claro que en su opinión “son los parlamentarios los que deben decidir”, aunque “evidentemente hay que reforzar las instituciones”.

» Desahucios. “Las principales actuaciones de la institución en materia económica”, un apartado que recoge 4.974 quejas, “persiguieron reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores”, asegura la defensora. Becerril se muestra partidaria, por tanto, de “la conveniencia de elaborar un concepto jurídico del deudor de buena fe; regular el procedimiento de insolvencia personal; insistir en la ampliación de las situaciones en que se extingue la deuda hipotecaria mediante la dación en pago del bien hipotecado; establecer un acto previo de conciliación antes de emprender la ejecución hipotecaria”. Y, además, propone reformar la ley protección de deudores hipotecarios sin recursos, “ampliando su ámbito de aplicación".

» Copago y acceso a la sanidad. Los recortes sanitarios, tanto los debidos en todo el Estado al real decreto ley de abril que cambiaba el copago en medicamentos y las condiciones para recibir atención como las distintas actuaciones autonómicas han disparado los expedientes de queja al Defensor del Pueblo en 2012. La oficina que dirige Becerril tramitó 1.674 expedientes de queja en el área de Sanidad, casi el triple de los 595 del año anterior. Entre ellas destacan dos peticiones de que presente recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto, y las recibidas contra los servicios de Salud de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña.

En el informe el Defensor critica la nueva regulación del derecho al acceso sanitario, que deja fuera a los españoles o extranjeros en situación regular que no hayan cotizado a la Seguridad Social y ganen más de 100.000 euros al año. “Esta situación no resulta congruente con el sistema de financiación sanitaria”, que desde 1999 descansa “en la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes”. La oficina del Defensor pregunta por la atención a extranjeros sin autorización de residencia “y con procesos graves”. “En estos supuestos determinados derechos, como el de la protección de la salud en todas sus dimensiones, deberían pertenecer a la persona con independencia de su situación administrativa”. Por eso afirma que se trasladó al Ministerio de Sanidad “que se adopten las medidas complementarias necesarias” para garantizar ese derecho.

» Empleo, educación y cultura. En materia de empleo, educación y cultura, la defensora recibió 12.932 quejas, que dieron pie a la puesta en marcha de 28 investigaciones de oficio y a la gestión de 243.909 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.

Este ámbito recoge el mayor número de peticiones de interposición de recurso de inconstitucionalidad. Tras la aprobación del paquete de medidas de estabilidad presupuestaria del pasado mes de julio, el recorte más duro de la democracia, miles de funcionarios y empleados públicos se dirigieron a la institución para protestar porque se les hubiera suprimido la paga extraordinaria.

El defensor del Pueblo evitó recurrir ante el Constitucional, aunque sí recomendó que se pagara a los funcionarios y empleados públicos la parte de la paga extra correspondiente al periodo trabajado antes de la publicación del decreto ley, puesto que consideraba que se trataba de la prestación relativa al trabajo ya realizado hasta entonces. El Gobierno de Mariano Rajoy, como es notorio, rechazó la recomendación.

En materia educativa, la institución reclamó una revisión de los criterios para la racionalización del gasto público en ese ámbito. La futura ley reguladora del sistema educativo, en opinión del Defensor, debería incluir, además de un amplio acuerdo, las previsiones y medidas de financiación adecuadas para que su puesta en marcha y su desarrollo posterior queden garantizados.