El debate del estado de la nación cierra sin un solo gran pacto

El PP, reacio en lo que va de legislatura a cualquier pacto con el resto de partidos, estaba muy interesado en cerrar su primer debate sobre el estado de la nación con un pacto de todos los partidos contra la corrupción. El contexto político y los acontecimientos judiciales le empujaban. Persiguió el acuerdo durante días flexibilizando su posición e incluyendo alguna frase ambigua que salvara el acuerdo, pero a lo único que llegó es a sacar adelante una resolución que no tuvo ningún voto en contra, pero que no tuvo el apoyo unánime de todos los grupos.

El texto aprobado lleva la firma de PP, CiU, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro y fue apoyada en la votación por el PNV. Se abstuvieron el PSOE, los integrantes de Izquierda Plural y ERC.

Los socialistas prácticamente estaban de acuerdo con todo el texto de la larga moción. De hecho, es casi la suma prácticamente de todas las medidas propuestas por Mariano Rajoy el pasado miércoles y las aportadas por Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP aceptó también la exigencia socialista de crear un grupo de seguimiento que haga propuestas en el seno de la Comisión Constitucional, con coordinación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Se habla de “una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia”.

Pero, según explicó la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, la gestión que ha hecho del PP el caso Bárcenas y la sucesión de versiones —“Mentiras”, según ella— hace imposible una votación conjunta sobre corrupción. “No es vedad que del pasado oscuro tengan que ocuparse los jueces. Para gestionar el presente y diseñar el futuro, que a todos nos compete, en la lucha contra la corrupción, cada uno debe hacerse cargo de su pasado”, dijo Rodríguez desde la tribuna.

La gestión que ha hecho el PP del caso Bárcenas ha impedido el pacto con el PSOE

El otro escollo que resultó insalvable es del control de la Casa del Rey en la Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso. Todos los partidos quieren que La Zarzuela quede bajo el ámbito de aplicación de la ley, pero el PP se opone reiterada y radicalmente. Finalmente, se incluyó un texto que asegura que la ley afectará a “entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público”, además de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. CiU, autor de la enmienda y firmante de la propuesta aprobada, asegura que se incluirá a la Casa del Rey en el trámite de enmiendas, pero el PP lo sigue negando. Y ante esa falta de claridad el PSOE se abstuvo en la votación de la moción. La batalla quedará ahora para la difícil tramitación de la ley en el Congreso y el Senado.

La larga resolución aprobada habla de la “elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados”.

A continuación, insta al Gobierno a proponer una serie de reformas legales que se refieren, por ejemplo, a la modificación del Código Penal, a la Ley de Contratos del Sector Público, a la ley del Tribunal de Cuentas, al proceso penal y a la de financiación de partidos políticos.

Entre las nuevas exigencias para los partidos se menciona “la regulación del papel de los responsables económico-financieros de estas organizaciones, así como el tratamiento de las donaciones a los partidos políticos”.

Respecto a la transparencia en los ingresos y datos fiscales de electos y altos cargos, el texto aprobado asegura que “la norma deberá incluir la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses”.

Se propone la legalización de los lobbys y se recomienda el aumento de los plazos de prescripción de los delitos vinculados a la corrupción. El desarrollo legislativo de la moción llevará prácticamente toda la legislatura e incluye la necesidad de acuerdos en la Mesa del Congreso y el Senado. En todo caso, supone que podrá haber acuerdos en cada una de los cientos de votaciones que se producirán en cada una de esas normas, pero no habrá un pacto anticorrupción con acto y foto de la firma, más allá de la votación de de este martes.

Durante el debate, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, defendió la política “reformista” del Gobierno y rechazó las objeciones que le formularon desde el PSOE, a quien deslegitimó por considerarle “esclavo de los resultados de sus políticas”. No hubo muchos más acuerdos y de todas las propuestas presentadas (15 por cada grupo) se aprobaron en bloque solo las del PP. Los populares pactaron con los socialistas una sobre la Unión Europea; con el PNV otra sobre los Ayuntamientos vascos y con CiU una de carácter económico.