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Rajoy intenta recuperar la iniciativa con reformas legales anticorrupción

Rubalcaba propondrá cambiar el Código Penal y un fondo contra la pobreza

El presidente planteará una reforma del Tribunal de Cuentas

Anunciará un nuevo proceso penal para agilizar los sumarios

El Congreso, listo para el debate del estado de la nación. Ampliar foto
El Congreso, listo para el debate del estado de la nación. EFE

Sostienen el Gobierno y el PP que Mariano Rajoy tiene en mente aprovechar su primer debate sobre el estado de la nación para intentar recuperar la iniciativa política. Para eso, subirá hoy a la tribuna del Congreso y hará balance del primer año en La Moncloa en la primera parte de su discurso; a continuación explicará cómo aprovechar las reformas estructurales e impopulares de los últimos 12 meses y rematará con una serie de reformas legales para hacer frente a la corrupción.

Habrá compromiso para futuras reducciones de impuestos y medidas para incentivar el crecimiento. Rajoy no dará aún la cifra de déficit de 2012, pero sí otros datos, como los de balanza comercial o exportaciones para dar a entender que ya se ha tocado fondo en la crisis económica. Hará un reconocimiento a los ciudadanos por haber asumido el esfuerzo y habrá autocomplacencia por haber evitado recurrir a un segundo rescate de la Unión Europea.

La idea, según fuentes del Gobierno, es que, como es inevitable que se plantee la corrupción, es mejor que la ponga el mismo Rajoy sobre la mesa que esperar a que los portavoces de la oposición se lo demanden. La única limitación que se impone el presidente es seguir sin mencionar el nombre de Luis Bárcenas, tal y como lleva haciendo en el último mes. Según fuentes de La Moncloa, el presidente tiene sobre la mesa medidas “ambiciosas” contra la corrupción, además de las consabidas para incluir a los partidos en la Ley de Transparencia, para endurecer el Código Penal o para dotar de más competencias al Tribunal de Cuentas. Las medidas que ha estudiado el Gobierno en las últimas semanas para presentar en el debate se refieren también a la modificación del proceso penal para agilizar los sumarios sobre corrupción y a la publicación de cuentas e ingresos de cargos públicos y electos.

El punto de partida es el voluminoso informe que ha hecho el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales proponiendo alternativas y textos articulados para hacer frente a la desafección ciudadana ante la política. Ese informe fue entregado hace dos semanas a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Antes de estallar el caso Bárcenas, la vicepresidenta contactó con los portavoces con la idea de iniciar conversaciones para buscar un pacto sobre la corrupción.

Según explicó entonces la número dos del Gobierno, hubo un compromiso para hacerles llegar inmediatamente a los demás partidos ese informe. Sin embargo, la polémica sobre la cuenta en Suiza del extesorero del PP y la publicación de los papeles de Bárcenas hicieron que el Gobierno olvidara su compromiso para reservarse las medidas para el debate de hoy y mañana y guardarse el informe para su propio consumo.

Todos los portavoces abordarán el asunto destacando la falta de legitimidad de Rajoy para proponer medidas sin antes aclarar las condiciones laborales de Bárcenas y acabar con el embrollo del supuesto finiquito. Es decir, incidirán en la herida abierta de su credibilidad.

El líder del PSOE asegura que pretende centrar su discurso a pie de calle y en los problemas más acuciantes de los ciudadanos, pero considera ineludible abordar la crisis política por los escándalos. Su idea es combinar tres líneas: exigir explicaciones, evitar el combate con el presidente y formular propuestas concretas.

A las cuatro propuestas que hizo hace dos semanas (competencia para la Audiencia Nacional en estos casos, inhabilitación para contratar con la Administración a los corruptores, supresión de donaciones de empresas a partidos y creación de una Oficina Anticorrupción) añadirá la modificación de la Ley del Tribunal de Cuentas para que tenga que fiscalizar las cuentas en el ejercicio siguiente, el incremento de las penas para delitos vinculados con la corrupción y el aumento de los plazos de prescripción. También hará una “propuesta de un gran acuerdo nacional contra la pobreza que comience con la aprobación de un fondo de 1.000 millones”.