“Las alarmas ante la corrupción deben saltar antes de que prescriba el delito”

“El camino más acertado para minimizar la corrupción pasa, en primer lugar, por reformas institucionales que introduzcan mecanismos de pesos y contrapesos dentro de las instituciones y así no haya que depender en exclusiva de la atención, siempre limitada, de los organismos auditores”, señala Víctor Lapuente. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, es profesor del Instituto para la Calidad del Gobierno en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), donde estudia el fenómeno de la corrupción y la reforma de la Administración. En un reciente texto publicado en EL PAÍS —John Wayne, Salander y España—, Lapuente abogaba por la participación ciudadana, como fórmula de éxito ensayada en otros países, para atajar la corrupción. Lo cual requiere Administraciones renovadas y despolitizadas.

Reforma de la Administración

Una reforma y modernización de las Administraciones públicas debe eliminar la duplicación de estructuras y funciones para adaptar el tamaño del Estado y el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las características de la organización territorial de España y de la UE. Es preciso reducir el número de municipios, recurrir a gestores técnicos donde sea necesario, regular el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios. El Estatuto Básico del Empleado Público debe contribuir a profesionalizar la dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos para protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que ahora sucede, un acceso adecuado a la información sobre la gestión de las Administraciones, que facilite la rendición de cuentas de los gestores y el juicio crítico por parte de los administrados.

Pregunta. ¿Cuáles serían las claves de una auténtica reforma de la Administración?

Respuesta. Los países con las Administraciones más eficaces —Canadá, Nueva Zelanda, los países nórdicos, Holanda— tienen lo que podríamos denominar la infraestructura administrativa. Buscan un equilibrio entre el ímpetu político y una gestión del día a día en manos de profesionales independientes. La separación de las esferas política y administrativa no es tan clara en España y se produce una lucha cainita entre una tribu político-administrativa ligada al partido X y la del partido Y. Una tribu que tiene interés en encubrir a sus miembros corruptos para garantizar su supervivencia y que tenderá a tomar decisiones cortoplacistas. Además, en las Administraciones más eficaces se han importado métodos de gestión del sector privado. En España no tenemos un número muy alto de empleados públicos, pero el estatus de funcionario se extiende a los grandes servicios del Estado de bienestar, como la educación o la sanidad. Es un lastre para la eficiencia de las Administraciones.

P. ¿Son suficientes las medidas de control en la gestión de las instituciones públicas?

R. Los controles externos son necesarios, pero insuficientes. Son mejores los controles internos. En particular el papel de los individuos que, desde dentro de las instituciones públicas, pueden pasar información a los medios o a las autoridades de control pertinentes. Hay que protegerlos más en España. Por ejemplo, tipificando como delito el que un superior investigue qué subordinado ha sido quien ha filtrado una información.

P. ¿Superamos la media de corrupción? ¿Cuál es nuestra singularidad?

R. Estamos en un estadio intermedio. La diferencia clave es que en los países de menos corrupción, los casos difícilmente van más allá de intentos porque se cortan gracias a la coalición entre empleados públicos con capacidad para actuar junto con una prensa independiente, que cuenta con muchas facilidades para acceder a información sobre las actividades públicas que aquí es extremadamente difícil de obtener. El resultado es que mientras en otros sitios el acuerdo para construir un hotel en un suelo de dudosa legalidad no llega a firmarse, aquí nos enteramos de los casos de corrupción, en ocasiones, bastantes años después, cuando el expolio ha alcanzado niveles altísimos.

P. El problema es, en su opinión, de ausencia de alarmas...

R. Cuando nos enteramos, cuando nuestros casos de corrupción llegan a los tribunales, no solo se ha llevado a cabo la transacción o la construcción ilegal, sino que en ocasiones ya es propiedad de terceras personas. Y obviamente muchos delitos han prescrito. Por muchos superjueces y superpolicías que tengamos, es más difícil luchar contra la corrupción en estas condiciones. Si la prensa pudiera actuar mejor como una alerta temprana, si Clark Kent pudiera trabajar bien, no necesitaríamos a Superman después.

P. ¿Hay relación entre exceso de politización y corrupción?

R. Muchísima. En un trabajo publicado en Political Research Quartely mostramos que la politización es un factor muy importante para entender por qué unos países sufren más corrupción que otros.

P. En España, los partidos hablan de reformar la Administración desde la Transición. ¿Por qué no lo han hecho?

R. Hubo un pacto implícito en la Transición: lealtad a las nuevas instituciones democráticas a cambio de no alterar la estructura básica de la Administración. Además, las reformas serias requieren un apoyo político al más alto nivel y no ha existido, y el “quién se ocupa de esta competencia” ha superado al “cómo podemos ejecutarla de forma más eficiente”. En tercer lugar, a diferencia de otros países, gran parte de los políticos son funcionarios y, por tanto, es mucho más difícil reformar “a los tuyos” cuando esto puede implicar que pierdan privilegios.

P. Ahora en el PP hay voces que defienden la reforma con el argumento de que el Estado autonómico se ha convertido en una fuente gigantesca de despilfarro. ¿Comparte esta opinión?

R. Al haber tantos niveles administrativos, hay despilfarro y el Estado autonómico ha contribuido, pero no es el único responsable. Tres niveles de gobierno parece lo más deseable para un país como España: gobierno local, autonómico y central.

P. Entonces, las Diputaciones no tienen sentido.

R. Si consolidáramos municipios más grandes y homogéneos, las Diputaciones y otros entes entre el gobierno local y autonómico —instituciones casi opacas— podrían desaparecer. Pero lo veo difícil, porque en España las Administraciones parecen gozar del don de la inmortalidad.

P. ¿Hay que reducir el número de Ayuntamientos?

R. La experiencia europea nos indica que la mayoría de países con Estados de bienestar desarrollados llevaron a cabo procesos de fusión masivos hace décadas para poder prestar los servicios de una forma más eficiente, más equitativa —porque los ciudadanos de municipios pequeños tienen acceso a más servicios— y menos corrupta, al debilitarse los caciques locales.

P. ¿Hay que regular el sueldo de los alcaldes?

R. El problema no es tanto el sueldo de los alcaldes, sino limitar su poder para gestionar el día a día de la Administración local. Los países con mayor calidad de gobierno han desarrollado tipos de gobierno donde un grupo de gestores —profesionales y autónomos— implementan las políticas. Tenemos el potencial para hacer lo mismo, como escuelas de formación de gestores de primer nivel mundial y funcionarios de las Administraciones locales altamente motivados para estas tareas. Pero falta voluntad política en nuestros partidos mayoritarios.

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