El Constitucional valida que la policía busque sin papeles a través del padrón

Los inmigrantes que sean devueltos a su país, a los que no se les permita la entrada en España por un incumplimiento administrativo, no tendrán que cumplir el período de expulsión de tres años que hasta ahora marcaba la Ley de Extranjería. Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional en una sentencia en la que ha estimado parcialmente un recurso presentado por el Parlamento vasco en 2003.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional mantiene la legalidad de otros muchos artículos entre los que se cuestionaba, por ejemplo, la posibilidad de usar el padrón municipal con el fin de localizar inmigrantes sin papeles. La sala considera que el acceso de la policía a los archivos municipales considera que es “una medida justificada y proporcionada para favorecer la mayor eficacia y rapidez en la tramitación de los expedientes de extranjería, con el objeto de ordenar adecuadamente los flujos migratorios y evitar el uso fraudulento de aquellos”.

El Tribunal considera que el Gobierno tiene toda la capacidad para aplicar una medida como la devolución en frontera, antes de permitir la entrada en el país de extranjeros que no cumplan con los requisitos administrativos que se les requieren, pero no la de impedir que esa infracción administrativa pueda ser corregida en los siguientes tres años.

En la sentencia, sostiene que la medida “se impone en ausencia de expediente administrativo y, por tanto, sin audiencia al interesado que queda colocado en una situación de total indefensión” y argumenta que “las garantías procesales” son aplicables también a los procedimientos administrativos sancionadores. Así, desoye la argumentación de la Abogacía del Estado que apelaba a que los extranjeros devueltos contaban con garantías como la asistencia de un letrado.

De esta manera, atiende parte del recurso del parlamento vasco, presentado a iniciativa de IU y con el apoyo del PNV y EA.