El Parlamento vasco recurre la Ley de Extranjería mientras PP y CiU impiden que lo haga el catalán

El Parlamento vasco aprobó ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería, convirtiéndose así en la primera institución que toma esta decisión. La proposición no de ley de IU fue apoyada por el PNV y EA (los partidos que forman el Gobierno vasco), mientras que el PP se opuso. La abstención de los socialistas vascos y de Unidad Alavesa facilitó que la iniciativa saliera adelante. En cambio en el Parlamento catalán los socialistas votaron a favor de una propuesta (presentada junto a Iniciativa per Catalunta y ERC) en el mismo sentido, pero que fue derrotada por los votos de CiU y PP.

En Euskadi viven unos 20.000 inmigrantes regularizados y unos 3.000 sin papeles, mientras que en Cataluña son 162.000 los legalizados y sólo en Barcelona se rechazaron 38.000 peticiones de documentación. Tanto el socialista Pasqual Maragall, el republicano Josep Lluís Carod y el ecosocialista Rafael Ribó recordaron a los nacionalistas de CiU que también ellos se habían opuesto a la restricción de estos derechos cuando la ley fue votada en el Congreso de los Diputados. El PP tiene advertido al Gobierno de Jordi Pujol, que depende de los 12 votos del PP para sacar adelante sus iniciativas en el Parlamento catalán, de que no tolerará allí ninguna votación que considere lesiva para el Gobierno de Aznar.

Los servicios jurídicos de la Cámara vasca presentarán el recurso de inconstitucionalidad antes de que venza el plazo el próximo 23 de marzo y de que se disuelva el Parlamento de Vitoria el 21 por el adelanto de las elecciones. El Parlamento nombrará a un letrado en los próximos días para que elabore el recurso y lo envíe al registro del Tribunal Constitucional (TC).

Según los partidos nacionalistas e IU, la Ley de Extranjería vulnera 'claramente' derechos básicos de los inmigrantes, como los de reunión, asociación, sindicación, tutela judicial y reagrupación familiar. PNV, EA e IU también recurren las medidas previstas para la expulsión de los inmigrantes que permanezcan en España de manera irregular o trabajen sin autorización administrativa , uno de los aspectos más conflictivos del texto legal. El PSE optó por la abstención. Su portavoz parlamentario, Rodolfo Ares, explicó que ayer mismo tuvo una última conversación con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien acordó 'cuál tenía que ser la votación que fue la que ya se había discutido y aprobado en el seno del grupo de la Ejecutiva y por tanto con el beneplácito de la dirección' socialista.

Zapatero insistió luego en que su partido pretende alcanzar un pacto de Estado que 'trasciende el debate de la constitucionalidad' y abogó por que los sindicatos tengan 'mayor control' sobre el fenómeno migratorio. El vicepresidente Mariano Rajoy aprovechó para tachar de 'poco serio' que el PSOE haya 'propiciado' el recurso de constitucionalidad cuando 'se supone' que está dialogando con el Gobierno.