Sin medios ni especialización suficientes contra la corrupción

En un país que se desangra con casi seis millones de parados, los continuos casos de corrupción, aparte de indignar a la ciudadanía, han provocado que los políticos y la corrupción se hayan convertido en el tercer y cuarto problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La opinión pública exige una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y, por otro lado, un funcionamiento de la justicia que no deje impunes los casos de corrupción política. Pero, ¿están preparadas las estructuras económicas, policiales y judiciales para luchar contra este tipo de delitos? Durante décadas, los esfuerzos para combatir la criminalidad se han centrado en el terrorismo. Ahora, con una ETA que no mata y en un país ante una crisis económica y política brutal, jueces y fiscales piden otros medios: peritos contables, más policías con formación específica dedicados en exclusiva a la investigación de la corrupción... Estos son los principales medios, que se revelan insuficientes, con los que cuenta el Estado para hacer frente a esta lacra.

Tribunal de Cuentas. “Es muy difícil que el Tribunal de Cuentas detecte cualquier tipo de fraude en la actividad que realiza. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino”, señala uno de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el organismo autónomo que tiene como función la actividad fiscalizadora de la actividad económica del sector público. Esta institución revisa las cuentas de los partidos políticos y los procesos electorales. Podría servir como un cortafuegos contra la corrupción, pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco práctico. “La institución no está preparada para luchar contra la corrupción”, reconocen.

Es un órgano colegiado cuyos integrantes son designados en el parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios, lo que entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros. Desde el Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en realizar una auditoría de carácter financiero. “Se ven las grandes partidas presupuestarias pero no se llega al detalle”, precisan fuentes de la institución que destacan que carecen de acceso a los bancos de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de España. Admiten la dificultad para detectar las irregularidades que cometen los partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a menudo los gastos en publicidad y los pagos son difíciles de justificar. El Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.

Fiscales anticorrupción: medios para grandes casos y precariedad en los demás. Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos. En la sede madrileña de esta fiscalía especial, embarcada en casos espectaculares como la Operación Emperador o de tanta trascendencia como la investigación sobre las cuentas secretas de Luis Bárcenas, los representantes del ministerio público gozan de unos medios envidiables.

En la planta de arriba de la institución, cuatro inspectores de la Agencia Tributaria conforman una unidad que trabaja codo con codo con los investigadores. Anticorrupción también cuenta con tres inspectores de la Intervención General del Estado que fiscalizan los contratos públicos de los casos que recaen en esta fiscalía. Este equipo especializado se completa con dos unidades de policía judicial dependientes específicamente del organismo y conformados por nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía y otros tantos guardias civiles. Además, cuentan con otros 15 fiscales delegados anticorrupción que se reparten por otros territorios —principalmente a lo largo de la costa mediterránea, archipiélagos balear y canario—, según la memoria de la fiscalía de 2011.

Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, según fuentes fiscales. Llevan los casos de corrupción que recaen en la Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con algún político aforado o los especialmente complejos, siempre que el fiscal general del Estado así lo ordene en un decreto. Si no lo hace, y en la inmensa mayoría de los asuntos de corrupción es así, la investigación recae sobre las fiscalías ordinarias provinciales que trabajan en condiciones mucho más precarias en cuanto a medios. Estas son las que llevan en torno al 80% de estos casos.

Por otro lado, cada fiscalía provincial tiene una sección de delitos económicos, pero no todas tienen adscrito a un fiscal en régimen de exclusividad por la escasa disponibilidad de las plantillas, según la última memoria de la fiscalía. Los fiscales jefes, para estos casos, piden equipos técnicos especialistas en contabilidad, fiscalidad y funcionamiento empresarial, así como funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad expertos en este tipo de delitos.

Los jueces piden refuerzos y peritos. Dependiendo de si en el caso hay algún político aforado o no, los casos de corrupción pueden ir a un juzgado de instrucción, a un Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo. En algunos casos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional. Tanto los jueces decanos de toda España como los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han pedido esta semana más medios para investigar los delitos económicos y de corrupción. Los jueces de la Audiencia piden más medios personales y materiales “así como que se refuercen las unidades de auxilio a la instrucción judicial, como son los peritos de Hacienda Pública, de la Intervención General del Estado o instituciones análogas”. Los jueces decanos piden también más “funcionarios, policías y peritos especializados”. Solicitan, en concreto, peritos contables con dedicación exclusiva y la adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez. Se trata de delitos con un alto nivel de especialización contable que requiere de nuevas herramientas y que exige que se generalicen ciertos usos.

Guardia Civil y Policía Nacional. Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de delitos económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. También hay un grupo especializado dentro del Servicio de Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a este tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía judicial. En total estamos hablando de unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a corrupción. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o narcotráfico.

Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas, incluido el personal administrativo. Cualquier agente de la plantilla de policía judicial (11.500 en toda España) podría investigar, hipotéticamente, casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter de exclusividad —según datos de la Dirección General de la Policía—, que es precisamente lo que piden los jueces decanos y los fiscales: más agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados. El partido UPyD ha denunciado esta semana que la UDEF está colapsada y que es urgente que el Gobierno la dote de más medios.

ONIF: delitos a punto de prescribir. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF), creada en 1998, es uno de los departamentos más relevantes de la Agencia Tributaria. Cuenta con 189 profesionales altamente especializados, con experiencia y un alto nivel de preparación. Son una especie de unidad de élite dentro de Hacienda que se agrupan en equipos territoriales en cada comunidad autónoma. Su centro de operaciones está en la plaza de Cuzco de Madrid. No persigue la corrupción como tal, sino los posibles fraudes derivados de esta.

Las investigaciones de la ONIF han desembocado en importantes operaciones como el caso Afinsa. En la actualidad investigan casos como el Gürtel, el Emperador… Pero fuentes de la Agencia Tributaria admiten que en ocasiones la información a partir de la cual se inicia una inspección se obtiene cuando está a punto de prescribir —el límite son cuatro años para fraude fiscal, y cinco si hay delito, que es cuando el fraude supera los 120.000 euros—.

Sepblac: sesenta personas contra el blanqueo de capitales. El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, un departamento del Tesoro, y funciona como “unidad de inteligencia financiera española”. Este cuerpo recibe información de las entidades de crédito sobre operaciones sospechosas. Por ejemplo, Bankia informó hace unos días a la Audiencia Nacional sobre una cuenta sospechosa que tenía importantes movimientos de otros países y resultó ser del testaferro de Luis Bárcenas.

Esta unidad también vigila e investiga los posibles movimientos de capitales de tramas criminales. El cuerpo especializado está integrado por 60 personas. Son empleados del Banco de España, policías, guardias civiles y una unidad de la Agencia Tributaria que colaboran con “los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los órganos administrativos competentes”. Tienen un presupuesto de 9,9 millones de euros.