Nóos se montó para enriquecerse y con un “desmedido ánimo de lucro”

En el Instituto Nóos no existió “en ningún momento ese desprendimiento económico que dicen haber hecho”, concluye el juez José Castro, que cree que se tramó un negocio ilegal para el enriquecimiento de los dos socios, Iñaki Urdangarin y Diego Torres. El Instituto Nóos, que ambos utilizaban para gestar sus relaciones comerciales con Administraciones Públicas, se definía como asociación filantrópica y entidad sin ánimo de lucro, pero el juez determina que su forma de actuar “desvelará que en la realidad estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro”.

El juez Castro insiste sobre el supuesto afán sin ánimo de lucro: “No se tiene más conocimiento que el puramente anunciado en tanto cualquier plasmación práctica siempre ha venido presidida por el afán de lucro”. Rechaza de plano la vertiente asistencial, casi benéfica de la asociación, y para ello compara la declaración fundacional del Instituto Nóos con los datos obrantes de la causa.

En la trama de sociedades pantalla y los pagos entre socios, se revela “la sospecha (que) surge cuando quienes supuestamente libran las facturas y quienes, también supuestamente, tienen que abonarlas, vienen a ser los mismos, y cuando además, asaltan más que serias dudas sobre la realidad de los servicios que se dicen facturados”.

En el documentado y extenso auto en el que sustenta la fianza, el juez analiza facturas, echa cuentas, cruza declaraciones judiciales con los hechos, contrasta documentos oficiales y enlaza compañías distintas entre sí. Llega a la conclusión de que Nóos “tenía a su disposición un nutrido entramado societario del que se valía para que el enriquecimiento obtenido se derivara de aquella a este de tal manera que acabara en las manos de las mismas personas, que de gestores de la asociación habían pasado a ser proveedores, simulados total o parcialmente, de la misma”.

En sus reiteradas relaciones con las Administraciones de la Comunidad Valenciana y Baleares (ambas gobernadas por el PP) y empresas privadas, Torres y Urdangarin generaron más de diez millones de euros: “Sustanciosos beneficios (que) eran incompatibles con la aireada naturaleza de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada como entidad sin ánimo de lucro”.

Para aflorar los beneficios personales de los socios, el instructor observa que era “obligado vaciar sus cuentas y en esa labor cobró toda su virtualidad esa red societaria que componía su entorno”. Usaron una malla de empresas y compañías para repartirse las ganancias. La red tenía extensión en Belice y Londres para ingresos en Andorra, Luxemburgo y Suiza. Los “artífices”, supuestamente Urdangarin y Torres, “se afanaron de una manera compulsiva en facturar inverazmente contra aquella (Nóos) por cuantos conceptos tenían a su alcance”. El juez indica que “tampoco se cortan en presentar facturas como una por la intermediación en la contratación de una asistenta para la asistenta (no se trata de un error) de don Iñaki Urdangarín Liebaert en la que no es adivinable qué relación puede guardar con el Proyecto de Juegos Europeos”.

“La misma frivolidad se pone de manifiesto cuando se pretende computar globalmente los servicios de limpieza para el evento de los Juegos Europeos (de Valencia), supuestamente realizados por una empresa radicada en Barcelona” que además era la misma que se encargaba de la limpieza de la sede del Instituto Nóos.

El duque de Palma recibe un reproche directo a su conducta al presentar sus gastos para justificar las partidas de los eventos sufragados por las instituciones de la Comunidad Valenciana: “Deviene censurable que los gastos de estancia en Valencia de don Iñaki Urdangarín Liebaert, quien ya percibía por su intervención en cada evento un canon de 900.000 euros libres de impuestos a través de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, fueran cargados, y además en cuantía comparativa e inexplicablemente muy superior al resto”.

La actividad laboral aparente de Aizoon, compañía familiar cuya propiedad comparten los duques, y sus finanzas privadas son objeto de análisis crítico por parte del juez instructor al desvelar la malla de empleados ficticios desplegada para reducir el pago de impuestos. Ahí alude a “la entidad mercantil Aizoon, S.L. y al mismo tiempo que los gastos personales de la familia Urdangarin experimentaran un nada despreciable alivio, equivalente al ahorro del Impuesto de Sociedades, fue el cargarlos a la tarjeta Visa de la referida entidad como ya hicieron con la contratación de las empleadas del hogar”.

A los empleados de Aizoon, “aparte de al parecer ser contratados conociendo su situación irregular en España, se les pagaron inicialmente sus salarios en dinero fiscalmente opaco y cuando exigieron un contrato escrito para regularizar su situación fueron formalmente contratados por Aizoon, S.L a la que se le cargaban sus nóminas”.