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Tibia respuesta de PP y PSOE a incluir a los partidos en la Ley de Transparencia

Transparencia Internacional dice a los políticos que “tienen la llave de la credibilidad”

Anabel Díez
 El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez, ayer en el Congreso.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez, ayer en el Congreso.FERNANDO ALVARADO (EFE)

El azar ha querido que los prolegómenos de una futura ley de Transparencia coincidan en el tiempo con fenómenos de corrupción en el ámbito de la política –falta por dilucidar si se trata de comportamientos exclusivamente individuales–. Los expertos preguntados en sede parlamentaria no han ahorrado peticiones a los políticos para que hagan una “pacto de estado contra la corrupción”, ante la indignación de los ciudadanos. Así lo ha hecho el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y lo ha recomendado el vocal de esta misma institución Antonio Garrigues Walker. Para empezar, el borrador de la ley tendría que añadir muchos aspectos, entre otros, incluir a los partidos y a los sindicatos como organizaciones susceptibles de ser examinadas. PP y PSOE mostraron cierta distancia y tibieza ante esta petición; CiU no se pronunció y PNV y UPyD dieron el sí a la propuesta.

A la misma hora que empezaban en una sala del Congreso las comparecencias de los expertos para opinar sobre la futura ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno–solo existe un borrador–, una planta más arriba el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montero, era sometido a un intenso interrogatorio sobre la amnistía fiscal y su relación con el caso Bárcenas y los supuestos sobresueldos en el PP. Los diputados de una y otra comisión salían y entraban de ambas. El ambiente era propicio para que los tres expertos que ayer fueron invitados por el Congreso hablaran de corrupción y de malestar profundo en la sociedad. Pero tanto el representante del PSOE, José Enrique Serrano, como los del PP, Esteban González Pons y Pedro Gómez de la Serna, precisaron de inmediato que “la Ley de Transparencia no puede ser la Ley Anticorrupción”, sino un instrumento fundamental de participación democrática de los ciudadanos por su acceso a todas las administraciones.

Con esta visión no están en desacuerdo Irene Lozano de UPyD, Emilio Olabarría del PNV y Ricardo Sixto de Izquierda Plural. Ahora bien, estos grupos sí quieren que se incluya a los partidos, como pidió el director de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano. “Los ciudadanos están un poquito alterados e indignados con los políticos, por eso deberían adoptar de verdad una postura ejemplarizante de transparencia”, recomendó, además de solicitar a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento “un pacto de Estado contra la corrupción”. Los partidos tendrían que hacer públicas sus cuentas, el detalles de gastos e ingresos, así como las fuentes de financiación, seguía proponiendo Lizcano, siempre en el afán de que decrezca la “creciente animadversión de los ciudadanos hacia la política”. Y les invitó a hacerlo: “Ustedes tienen la llave para que se produzca una mayor credibilidad de los políticos y de quienes nos gobiernan”.

Es verdad que la intervención de Lizcano empezó por dar cuenta de los datos de su ONG –presente en 98 países -, según la cual España en 2011 figuraba en el número 31 en la escala de la corrupción mundial y ahora está en el 20. Lizcano, no obstante, tranquilizó ligeramente al asegurar que subió en los últimos años debido a los casos de corrupción ligados a la construcción urbanística. Ahora se ha estabilizado. Definitivamente, el debate transitaba por la corrupción, aunque los portavoces parlamentarios suscitaban otros temas, como si también había que incluir a la Casa del Rey. El jurista Antonio Garrigues Walker no fue categórico sobre los límites de la ley, o si el silencio negativo –que figura en el borrador– es la figura más adecuada. Mejor sería que se respondiera, sí o no, pero que hubiera una contestación a la petición de datos de cualquier administración. Sí se mostró favorable a “aislar” a la Monarquía de este escrutinio. Lo importante para Garrigues Walker es que exista una ley –como la hay en la mayoría de los países de Europa– y evitar que estos asuntos controvertidos –también la regulación de los lobbys-, puedan ser la excusa para no llegar a un acuerdo y que, por tanto, no vea la luz.

Sí, que haya ley pero no a cualquier precio y con cualquier contenido, pidió el diputado del PNV Emilio Olabarría. “No vaya a ser que se incluyan tantas excepciones que al final la ley no sirva para nada”, alertó. Los límites a la transparencia que ahora figuran en el borrador se ponen en asuntos de la defensa nacional, de seguridad, de “política monetaria y económica”, de apartados de políticas medioambientales, como la defensa de especies protegidas, entre otras muchas.

La intimidad y la privacidad tienen también que preservarse a toda costa, como coincidieron los portavoces. Quizá por eso el portavoz socialista José Enrique Serrano lanzó la propuesta de que la Agencia Española de Protección de Datos sea la garante de que se cumpla la Ley de Transparencia y no que dependa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo escuchó de primera mano el director de esta agencia, José Luis Rodríguez Álvarez, compareciente para dar su opinión sobre la ley. Pero sobre este extremo no se pronunció, aunque sí sugirió que la oficina encargada del cumplimiento de la futura norma podría estar en la institución del Defensor del Pueblo.

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Aún quedan una veintena de expertos por comparecer aunque en esta primera sesión el rechazo ciudadano a la política ha estado muy presente. Por eso la diputada de UpyD Irene Lozano ha advertido que si se excluye a los partidos de la lupa, los ciudadanos pueden pensar que se les ha privilegiado. El debate acaba de empezar.

Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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