El PP busca una fórmula para que sus cargos firmen una declaración de limpieza

El Gobierno y el Partido Popular (PP) intentan dar idea de iniciativa política y han acelerado todos los movimientos para hacer frente al escándalo del caso Gürtel (las actividades de su extesorero Luis Bárcenas y los supuestos repartos de sobresueldos en dinero negro a dirigentes del partido).

Por un lado y en cumplimiento de las órdenes de Mariano Rajoy, que esta vez ha actuado con celeridad, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, irá este miércoles al Congreso a explicar si Bárcenas o alguna de sus sociedades se acogió a la amnistía fiscal. En el menor espacio de tiempo posible, el Ejecutivo ha forzado su comparecencia para hoy, evitando las dilaciones que reglamentariamente puede imponer y que ha utilizado en otros casos.

En segundo lugar, el PP ha facilitado que la próxima semana haya sesión de control en un pleno extraordinario del Congreso para que Rajoy puede responder a preguntas de la oposición que, previsiblemente, incluirán el escándalo. La semana pasada, ni el Grupo Popular ni el Gobierno contemplaban esa sesión de control y hubieran podido evitarla con su mayoría absoluta. No obstante, los populares impidieron este martes en la Diputación Permanente una comparecencia en pleno del presidente para hablar de este asunto.

Santamaría contacta con los grupos para negociar un pacto

Montoro tendrá este miércoles la limitación legal de no poder datos o nombres de personas o entidades acogidas a la amnistía (“regularización” según el Gobierno).

En tercer lugar, el Gobierno empezó el mismo lunes por la tarde las gestiones para buscar un pacto contra la corrupción con otros partidos, especialmente, el PSOE.

Y, por último, el PP ha empezado a poner en marcha su investigación interna. El lunes se reunieron en la sede del partido la tesorera Carmen Navarro y el asesor jurídico del PP, Alberto Durán, con la secretaria general, Dolores de Cospedal, para planificar sus trabajos.

Navarro y Durán preparan aún la metodología, que incluye la revisión de los ingresos, nóminas y pagos a proveedores del partido. También está previsto interpelar a todos los que podrían haber cobrado en metálico, según las informaciones publicadas. Se incluyen las cúpulas del PP de todos estos años, con la única excepción de los que como Francisco Álvarez Cascos hayan abandonado el partido, porque no pueden ser llamados a comparecer. La intención es que no haya más excepciones a la hora de citar a los que sean susceptibles de haber recibido los sobres con dinero.

El PSOE pedirá hoy en la Audiencia Nacional que declare Bárcenas

Fuentes del PP explican que busca una fórmula para formalizar esos testimonios recogidos que, en ningún caso puden tener la misma forma que un interrogatorio judicial y, además, no puede chocar con el derecho a no declarar contra sí mismo o carecer de garantías de defensa. Sí deben tener una cierta garantía de veracidad, por ejemplo, haciendo que todas esas declaraciones sean firmadas por los interesados. Es decir, que si declaran que no cobraron dinero negro en metálico y así se refleja en las conclusiones de la investigación que no quede luego comprometida la credibilidad si en sede judicial aparecieran pruebas materiales o testimoniales que demostraran las irregularidades.

Si fuera así, la responsable de la investigación tendría al menos una firma del dirigente interpelado bajo una declaración en la que negara el cobre irregular. Eso sería garantía de credibilidad de la investigación.

No hay previsión cuándo finalizarán esas investigaciones que, en todo caso, la dirección del partido prevé que serán largos. Navarro contará con el respaldo de la asesoría jurídica del partido, que dirige Alberto Navarro.

Respecto al ámbito político, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, telefoneó el lunes por la tarde a la número dos del PSOE, Elena Valenciano, para proponerle abrir conversaciones para buscar un acuerdo frente a la corrupción.

La conversación se ciñó a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que se tramita en el Congreso, según fuentes socialistas. La número dos del Gobierno se remitió a las palabras de Rajoy de los últimos días y Valenciano le recordó que fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien habló de ese posible pacto, incluso, antes de conocerse los datos sobre Bárcenas.

Fuentes del Gobierno añaden que la vicepresidenta pidió a Valenciano que apoye el informe sobre regeneración democrática que elabora el Centro de Estudios Constitucionales a petición de La Moncloa. Saénz de Santamaría llamó también al coordinador general de IU, Cayo Lara, y los portavoces parlamentarios de CiU y PNV, Josep Antoni Duran i Lleida y Aitor Esteban.

El secretario general del PSOE enfrió este martes las expectativas de pacto, por entender que en este momento es el PP el que debe rendir cuentas. Hoy mismo los socialistas, personados en el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, pedirán que se cite a Bárcenas para que ante el juez sea interrogado por los supuestos sobresueldos.

Rubalcaba explicó que en el PSOE “no hay un euro en negro, una cuenta en B o una comisión ilegal” porque ya “aprendió la lección”, en referencia a la financiación ilegal revelada con el caso Filesa.