Rajoy evita una rebelión interna al anunciar una doble auditoría

Mariano Rajoy dio ayer al fin un paso al frente. Lo hizo a su manera, reservando el anuncio que varios dirigentes del PP esperaban de él desde el primer momento para la parte final de su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional. El presidente del Gobierno y máximo responsable de las decisiones del partido evitó la rebelión interna que se estaba gestando entre algunos barones tras el estallido del último capítulo del caso Bárcenas con una orden inequívoca.

El PP, dijo, deberá investigar de forma “profunda y exhaustiva” toda la contabilidad interna, y el resultado de esa revisión será sometido después a una auditoría externa. Las conclusiones serán, por tanto, públicas. El jefe del Ejecutivo dio así por una vez un giro a su estrategia habitual, esperar a que escampe, y tomó la incitativa más demandada incluso dentro del PP desde que el miércoles se conociera que Luis Bárcenas tuvo hasta 22 millones en cuentas suizas y ante las acusaciones de sobresueldos opacos.

María Dolores de Cospedal, la primera en marcar esa estrategia al anunciar el sábado una revisión de toda la gestión del partido, ya ha encargado a la actual tesorera y gerente, Carmen Navarro, la coordinación de ese estudio interno, con carácter exclusivamente documental. Dirigente de máxima confianza de Cospedal, Navarro recibió la orden de bucear en las cuentas de todos los dirigentes desde la fundación del PP en 1989 y desde que José María Aznar tomó las riendas de la formación en 1990. “Hasta el primer papel del que tengamos constancia”, aseguró ayer Cospedal en la comparecencia posterior al Comité Ejecutivo —sin poder precisar a qué año se remontaría— al señalar que esa investigación interna, pese a no ser una comisión de investigación, también incluirá “conversaciones” y “testimonios” de personas que desempeñaron alguna labor en la dirección, según el criterio de la actual tesorera durante el proceso de revisión. Para ello, el propio Rajoy exigió la colaboración de todos los dirigentes del partido. No obstante, el partido no prevé recabar la versión del propio Bárcenas, responsable de las finanzas populares durante 20 años como gerente y tesorero, pues entiende que el procedimiento judicial debe seguir su curso y “prima sobre todo lo demás”. Cospedal se niega, además, a hablar con él.

Hasta el viernes, la cúpula del PP aún defendía que esas comprobaciones sobre las cuentas y la actividad de Bárcenas no eran necesarias. Ya se habían realizado en 2009, apuntaban, y por eso rechazaban repetirlas. ¿Qué ha cambiado desde entonces? El paso ha sido sencillo. Rajoy ha tomado la iniciativa, apuntan fuentes de Génova. Y aunque es cierto que esa iniciativa no contempla una verdadera comisión de investigación interna, sí supondrá el repaso más minucioso de los cobros contabilizados de todos los dirigentes populares hasta hoy. Un trabajo que no tenía precedentes y que desde el miércoles, sin especificar el formato, exigieron barones autonómicos como la madrileña Esperanza Aguirre, el extremeño José Antonio Monago y el valenciano Alberto Fabra. El propio Monago señaló ayer a su llegada a la sede de Génova 13 que era “un día para aclarar estas cosas”, en referencia a la necesidad de someter a análisis la contabilidad interna.

El presidente exige la colaboración de todos los dirigentes populares

Rajoy tardó ayer en abordar el caso Bárcenas. Centró la primera parte de su intervención en el repaso de las próximas reformas, entre ellas la de la Administración local que no han logrado pactar con el PSOE, y en un diagnóstico de la situación económica. Este año “será el umbral para la recuperación en España, el año bisagra para la inversión de las tendencias”, apuntó. Hasta que dijo con claridad lo que todos esperaban al ordenar “una profunda y exhaustiva investigación interna sobre las finanzas del partido y sobre el modo de retribución del personal del PP”, y una revisión externa de la que se encargará una de las auditorías más “reputadas y conocidas” de España, según detalló luego Cospedal.

Además, el jefe del Ejecutivo anunció que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para aclarar el procedimiento de regularización y que Bárcenas no se acogió en el pasado ejercicio a la amnistía fiscal como defiende su abogado. Rajoy señaló en esta línea que promoverá un “gran pacto” contra la corrupción y por ello ya ha encargado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, una comisión de trabajo al respecto. Esta comisión pedirá un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —que, en principio, no tiene la corrupción entre sus temas de consulta— y, una vez conocido, el Gobierno se pondrá en contacto con todos los partidos para llegar a un acuerdo. No tiene plazo.

Bastó ese anuncio del presidente para aplacar a los barones más críticos. Y al final todos los turnos de palabra resultaron un cierre de filas con el mensaje de Rajoy. Aguirre recordó que las crisis pueden ser también oportunidades y se mostró convencida de que, con una auditoría externa, “el partido saldrá reforzado”. La expresidenta de la Comunidad de Madrid evitó en su intervención toda referencia a lo que había venido defendiendo públicamente en los últimos días en relación con la necesidad de transparencia interna, desmarcándose así de parte de la cúpula del partido. Tampoco mencionó, durante la reunión, su idea de establecer dentro del PP madrileño la figura de un fiscal anticorrupción. Una propuesta que, al menos por el momento, la dirección nacional no considera una prioridad. Lo que sí lamentó Aguirre delante del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fue la lentitud de los procedimientos judiciales, por lo que pidió celeridad en la investigación de este caso. Con este propósito, la presidenta del PP madrileño destacó que la comisión rogatoria a Suiza que se conoció la semana pasada y que demuestra que Bárcenas ingresó hasta 22 millones en ese país es de 2009. Aguirre sumó el retrasó en otros procesos judiciales, y en este sentido puso como ejemplo el caso Filesa, del PSOE, que duró 15 años, y el caso Pallerols, de Unió, que se resolvió en 16.

Varios barones centraron su intervención en lo que muchos en el PP consideran primordial durante las crisis: hacer piña frente a las amenazas. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el murciano Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, hablaron de “cohesión”, “unidad de todo el partido”, y también hubo alguna advertencia sobre la relación con los medios de comunicación. Es decir, evitar las filtraciones. En una línea parecida, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que se está “mancillando” el nombre de “un gran partido”. Sin embargo, la suya fue una de las pocas intervenciones en clave regional, con referencia a las tensiones territoriales, a los planes soberanistas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su intención de promover una consulta sobre la independencia de Cataluña.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, hiló en su discurso una reivindicación de la política ante el desapego ciudadano que acreditan cada semana las encuestas. “Hay que reivindicar la clase política porque si no vamos a tener más crisis de vocación que la Iglesia”, razonó, según informaron fuentes de la reunión.

Montoro aclarará en el Congreso la regularización fiscal de Bárcenas

La dirección del PP ya ha empezado a estudiar demandas civiles por algunas informaciones aparecidas en los medios. Además de la advertencia al programa de Telecinco El Gran Debate, emitido el sábado por la noche, el partido estudia también proceder contra lo publicado por El Mundo a propósito de los sobresueldos opacos y el propio exdiputado popular Jorge Trías Sagnier (1996-2000), que ayer denunciaba en las páginas de EL PAÍS el pago de sobresueldos en la cúpula del PP.

Cospedal rechazó ayer esa denuncia, que, dijo, “no acredita nada” y se basa en conversaciones. Pero la estrategia la marcó el propio presidente del Gobierno durante la reunión. El PP se querellará contra todos los que “difamen” al partido al considerar “injusto” que haya personas “perjudicadas” por las acusaciones de sobresueldos opacos. “El PP ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España, ni ha encargado a ninguna persona que tenga cuentas fuera de España por cuenta del PP”, aseguró Cospedal una vez acabado del Comité Ejecutivo.

Por eso, indicó la secretaria general, ya se ha encargado a la asesoría jurídica del partido “el estudio de las acciones legales que sean pertinentes para defender la honorabilidad de este partido”. La número dos de los populares considera “muy injusto que tantas personas que trabajan en defensa del interés general de su país y sin perseguir un beneficio propio se puedan ver perjudicadas por este tipo de actuaciones”.