La oposición exige que el pleno del Congreso vote la misión militar en Malí

El Consejo de Ministros autorizó ayer la participación de un avión de transporte C-130 Hércules en el puente aéreo que llevará a Malí las tropas ofrecidas por los países vecinos para combatir a Al Qaeda; y la aportación de entre 40 y 50 instructores a la misión de la UE que formará al Ejército maliense. Además, autorizó el uso del espacio aéreo y de las bases por los aviones de Francia y otros países involucrados en la intervención en Malí. No parece gran cosa, aunque el ministro de Defensa, Pedro Morenés, volvió a descartar la participación de tropas españolas en misiones de combate y negó que Francia se haya quejado de la escasa contribución española.

Sin embargo, también los primeros pasos de España en Afganistán fueron muy tímidos. En diciembre de 2001, el Gobierno autorizó el envío a Kabul de una agrupación de apoyo logístico por un periodo de tres meses y con un máximo de 485 militares. Doce años después, casi 30.000 militares españoles han pasado por Afganistán, un centenar han muerto y los combates se repiten casi a diario.

Quizá por eso, la oposición pidió casi en bloque que la intervención en Malí sea debatida y autorizada por el pleno del Congreso. La ley de Defensa Nacional, de 2005, exige la aprobación parlamentaria para enviar tropas al exterior, pero no especifica cuál es el foro competente para ello. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que la decisión se ratificará en la “comisión oportuna”; es decir, en la de Defensa.

Pero Diego López Garrido (PSOE), Gaspar Llamazares (IU), Jordi Xuclá (CiU) e Irene Lozano (UPyD) recuerdan que todos los grupos, incluido el popular, acordaron en la pasada legislatura que las nuevas misiones deben debatirse en el pleno del Congreso, mientras que la prórroga o ampliación de las ya existentes puede hacerse en la comisión.

La cuestión no es anecdótica. La implicación de España en un conflicto, aunque sea de forma casi testimonial, requiere un debate político al máximo nivel.

En cualquier caso, el Gobierno tiene garantizado un amplísimo apoyo. El PSOE respalda la intervención en Malí, porque respeta la legalidad internacional y está justificada “ante el riesgo de que Malí se convierta en un Estado fallido”, según López Garrido. Eso sí, considera “preocupante la tardanza del Gobierno en reaccionar, pese a las estrechas relaciones con Francia” y le insta a buscar el consenso, “lo que requiere dar la máxima información, algo que todavía no ha hecho”.

Convergencia i Unió (CiU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también respaldan al Gobierno de Rajoy y Lozano cree incluso que “debería comprometerse más, por coherencia con su discurso sobre el riesgo que la situación del Sahel tiene para la seguridad de España”. La nota discrepante la pone IU-La Izquierda Plural, que tacha de “neocolonialista” la intervención francesa. Para su diputado Gaspar Llamazares, “la operación en Malí puede ser contraproducente y expandir el terrorismo en vez de erradicarlo, como demuestra la experiencia de Irak o Afganistán”.

De momento, no se sabe cuántos militares irán con el Hércules (aunque lo habitual que es el destacamento lo formen entre 30 y 40), ni cuándo despegará de Zaragoza o cuál será su destino.

El Gobierno designó también al diplomático Antonio Sánchez-Benedito como embajador en misión especial para el Sahel.