Empleo estudia mejorar la protección de los autónomos ante los desahucios
Báñez prevé conceder un aplazamiento de hasta cinco años para pagar las deudas con la Seguridad Social, periodo en el se darían condiciones de amortización "más flexibles"
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado en el pleno del Senado de hoy que está estudiando con las asociaciones de autónomos la posibilidad de adoptar medidas para evitar que estos trabajadores sean desahuciados en los casos de impago de deudas con la Seguridad Social.
Según ha concretado, se baraja conceder un aplazamiento de hasta cinco años a estos trabajadores para pagar sus deudas, periodo en el que tendrán condiciones de amortización más "flexibles", así como ampliar de uno a dos años el plazo mínimo desde la primera diligencia para proceder al embargo de su vivienda habitual.
Báñez ha anunciado estas medidas en respuesta a una pregunta de senador del grupo socialista Juan Espadas, que preguntó si sería posible adaptar el reglamento de la Seguridad Social para evitar embargos y desahucios en el caso de autónomos que responden con su vivienda para cubrir sus deudas con el sistema. El senador ha puesto el ejemplo de un matrimonio con hijos y un negocio en Sevilla, en el que el marido tiene unos ingresoso de 426 euros y la esposa se encuentra en paro. Según Espada, esta pareja cuenta con una deuda con la Seguridad Social que ronda los 5.000 euros pero, con la normativa actual, les podría llevar a perder su vivienda habitual.
La ministra de Empleo no ha concretado, sin embargo, cuando se activarán estas medidas y ha mencionado que espera que se pongan en marcha en "próximas fechas". A su vez, ha recordado que actualmente la vivienda habitual de uno de estos trabajadores no es embargable en el caso de que pueda responder a sus deudas con otros bienes.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ya emplazó al Gobierno a tener presente las situaciones particulares de miles de autónomos al borde del embargo por las deudas con la Administración, antes de que se aprobara el decreto "antidesahucios" el pasado noviembre.
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