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Rajoy aplaza la batalla legal contra el desafío independentista de Mas

La Moncloa no ve efectos jurídicos en la declaración soberanista

El Constitucional rechazó el recurso de Aznar contra la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe

Rajoy aplaza la batalla legal contra el desafío independentista de Mas Ampliar foto

Para los suyos Mariano Rajoy es el Mariano Rajoy de verdad solo desde 2008. Fue entonces, en el Congreso de Valencia, cuando rompió claramente con la línea política de José María Aznar y se conjuró para dar un giro a su manera de hacer política. Nada de recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña por toda España, nada de manifestaciones contra el matrimonio homosexual, nada de ir siempre al choque, a la ofensiva, “sin complejos”, en terminología de Aznar.

Cinco años después, Rajoy está en el Gobierno y se enfrenta al mayor problema político de fondo en España en las últimas décadas: una auténtica ofensiva independentista en Cataluña. Y después de darle varias vueltas, escuchar a mucha gente y comprobar que, como es habitual, tanto en el PP como en los medios de comunicación conservadores hay división de opiniones sobre qué debe hacer, ha tomado la decisión que más le pega al nuevo Mariano Rajoy: ha decidido no mover un músculo hasta que Artur Mas, con el apoyo de ERC, tome una decisión jurídicamente relevante, esto es, convocar un referéndum soberanista en Cataluña.

Diversas fuentes del Gobierno consultadas coinciden en que la decisión es firme y no va a cambiar a pesar de que Rajoy sabe que la situación se va a poner mucho más tensa y arreciará la presión del nacionalismo español y de los sectores más duros del PP para que actúe ya y con contundencia. El presidente no lo hace solo por fidelidad a su estilo, dicen los suyos. Ha analizado los precedentes. Y ha llegado a la conclusión de que Aznar, que acudió en 2003 al Tribunal Constitucional en cuanto el plan Ibarretxe empezaba a andar en el Parlamento vasco, tuvo mucho menos éxito con su estrategia de ir al choque que José Luis Rodríguez Zapatero, que esperó a que el asunto llegara al Congreso, dejó que se tramitara, permitió que Ibarretxe lo defendiera en un pleno muy recordado y lo anuló con la mayoría aplastante de la suma de PP y PSOE. Aznar se llevó un varapalo del Tribunal Constitucional. Zapatero triunfó y poco después Ibarretxe y su plan eran historia. En esos días, Rajoy exigió a Zapatero que no dejara siquiera que el plan se tramitara en el Congreso. Pero ahora, con el tiempo, en Moncloa está asumido que la estrategia de Zapatero fue la correcta.

El caso catalán no es idéntico. También CiU y ERC han aprendido del plan Ibarretxe. Y por eso no tienen ninguna intención, de momento, de llevar al Congreso ninguna iniciativa porque saben que tendría los días contados. El Gobierno les invita a ello constantemente: “Si quieren una reforma constitucional, que traigan una propuesta”, insisten en una clara provocación. Pero CiU y ERC ya se saben el final y prefieren quedarse en el Parlamento catalán, que controlan con su mayoría absoluta. Por eso en el Ejecutivo están convencidos de que este será un año lleno de provocaciones, de movimientos de ajedrez. Y Rajoy ha decidido no moverse hasta que no sea absolutamente necesario.

Primero, porque quiere evitar el bochorno de una derrota en el Constitucional como la que sufrió Aznar. Se trata además de un tribunal que en este momento no dominan los conservadores, sino los progresistas. Pero es que además Rajoy está convencido de que la estrategia de esperar, la que más le ha gustado siempre, tiene en este caso virtudes indudables. Mas está muy debilitado después de las elecciones catalanas, y en Moncloa creen que el tiempo le hará aún más débil. Su pacto con ERC es inestable, aseguran. La presión empresarial contra la deriva independentista va a crecer poco a poco, insisten. Y como ya se está viendo en esta primera fase, el alejamiento del PSC e incluso de ICV deja a Mas cada vez más solo y más débil. Rajoy cree que así, esperando y con un discurso amable y dialogante, sin darle a Mas la coartada para el victimismo, el presidente catalán se irá cociendo en su propia salsa.

Un desafío con antecedentes

VERA GUTIÉRREZ CALVO

No es la primera vez que el Parlamento de Cataluña debate una declaración soberanista y susceptible de vulnerar la Constitución. En las últimas tres décadas esa Cámara autonómica ha aprobado al menos cuatro mociones o resoluciones —en 1989, 1998, 2010 y 2011— proclamando el derecho de autodeterminación de los catalanes e incluso (en la de 2011) considerando al Parlamento catalán como “sede de la soberanía”. Una quinta declaración —la del pasado 27 de septiembre, ya en plena deriva independentista de CiU— defendía el “derecho a decidir” de los catalanes en una “consulta” (se deduce que de autodeterminación).

Ninguna de esas cinco iniciativas (los enlaces a los documentos están en catalán porque la Cámara no los tiene disponibles en castellano) se ha concretado en nada, ni ha sido impugnada por el Gobierno. Aparentemente, todos los actores implicados han asumido hasta ahora que se trataba de pura retórica.

La resolución que CiU y ERC pretenden someter a votación el próximo día 23 va un paso más allá, al calificar de “sujeto político y jurídico soberano” al “pueblo de Cataluña” —“por razones de legitimidad democrática”, dice el borrador de resolución, porque razones legales no tiene— y anunciando la “voluntad de constituir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo”. PP y PSOE han interpretado que eso es directamente una declaración (de intenciones) de independencia.

El Gobierno ha estudiado el recorrido legal del proceso inciado por CiU y ERC y está convencido de que la declaración soberanista que promueve Mas no tiene consecuencias jurídicas, con lo que no tiene sentido recurrirla. Habrá más pasos y tampoco serán recurridos. La única duda que le queda al Ejecutivo es saber si Mas aprobará antes una ley de consultas, y ahí llegará el momento del primer recurso al Constitucional, o precisamente porque sabe que esa ley estaría condenada a morir —como le sucedió a la anterior ley de consultas catalana, recurrida por Zapatero en 2010— convocará el referéndum incluso antes de promover esa ley.

En cualquier caso, es el referéndum el que marca toda la estrategia del Gobierno central. Hasta que no se convoque, previsiblemente en 2014, Rajoy optará por el perfil bajo, el discurso dialogante, y el ofrecimiento público a Mas de una reforma de la financiación. Mientras, el entorno del presidente maniobrará entre empresarios y políticos para presionar a CiU a abandonar la idea del referéndum. En este contexto la debilidad de Josep Antoni Duran es un problema para el Ejecutivo, que siempre lo ha tenido como interlocutor preferente.

El Gobierno lo intentará todo en privado para frenar la consulta, aunque cree que no tendrá éxito porque Mas se ha comprometido demasiado. Llegados a ese punto, Rajoy pondría en marcha toda la maquinaria del Estado para frenarla. Y ahí llega la última esperanza de varios miembros del Ejecutivo y del PP consultados: cuando el Constitucional ordene la suspensión del referéndum a la espera de su sentencia definitiva, que puede tardar años, Mas tendrá que tomar una decisión clave. O se salta totalmente la legalidad y trata de seguir adelante con el referéndum, algo que generaría una enorme tensión política y que sería complicado de llevar a cabo técnicamente, o se agarra a la percha del Constitucional para explicar a los catalanes que debe esperar a su sentencia antes de seguir. O incluso convoca otras elecciones. Sería una nueva manera de ganar tiempo, la principal estrategia de Rajoy y su equipo para enfrentarse al desafío catalán, un asunto tan delicado que nadie se atreve a hacer pronósticos sobre cómo acabará.

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