El Constitucional rechaza el recurso del Gobierno Aznar contra el 'plan Ibarretxe'

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer la impugnación del plan Ibarretxe realizada por el Gobierno de José María Aznar el 13 de noviembre de 2003. El alcance de la decisión, tomada por siete votos a cinco, es que no se suspende la tramitación de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. Ayer se sometió al pleno la admisión o no de la impugnación gubernamental, tras ser sustituido el ponente de la minoría, Guillermo Jiménez, por el magistrado de la mayoría, Javier Delgado. La resolución se conocerá próximamente y se anunciaron cinco votos particulares.

Una nota oficial del Tribunal Constitucional comunicaba anoche que la inadmisión de la impugnación gubernamental de los Acuerdos del Gobierno vasco y de la Mesa del Parlamento vasco que iniciaron la tramitación parlamentaria de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi "se refiere exclusivamente a la viabilidad del trámite parlamentario de la propuesta, sin entrar en el examen de su contenido".

El anterior ponente, Jiménez, contaba con los votos del presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, y los de los magistrados Roberto García-Calvo, Pablo Cachón y Jorge Rodríguez Zapata, además del suyo. En total cinco votos. Esos mismos votos son los que se han producido en contra de la resolución de rechazo de la impugnación gubernamental.

Nuevo ponente

A favor de la resolución de inadmisión votaron el vicepresidente del Tribunal, Tomás S. Vives Antón, y los magistrados Javier Delgado (nuevo ponente), María Emilia Casas, Pablo García Manzano, Vicente Conde Martín de Hijas, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay Montalvo, en total siete votos.

Delgado presentó ayer al pleno un texto para someter la resolución de inadmisión a la votación definitiva del pleno, reiteradamente suspendida por el presidente Jiménez de Parga en las últimas semanas.

La última vez que Jiménez de Parga convocó el pleno para resolver este asunto fue el 12 de marzo, al día siguiente del atentado del 11-M. El presidente lo convocó para el lunes siguiente, 15 de marzo. Ese día se mantuvo la mayoría de siete votos a cinco y el asunto fue retirado del orden del día.

Días después, Jiménez de Parga difundió que tras la victoria socialista del 14-M "las nuevas circunstancias" aconsejaban esperar por si el nuevo Gobierno retiraba la impugnación de su antecesor. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, calificó esta actitud como "una dejación de competencias", ya que corresponde al Tribunal Constitucional decidir sobre la admisión a trámite o el rechazo de la impugnación planteada por el anterior Gobierno.

La principal consecuencia de la admisión a trámite de la impugnación gubernamental habría sido la suspensión de la tramitación del plan Ibarretx, remitida por el Gobierno vasco al Parlamento de Euskadi y ya en tramitación.

El artículo 161.2 de la Constitución establece que una vez admitida a trámite la impugnación gubernamental de "las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o lavantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Ni disposición ni resolución

Aunque anoche no se conocía la exacta fundamentación de la resolución que rechaza la impugnación gubernamental del plan Ibarretxe, fuentes del Tribunal Constitucional informaron que la resolución aprobada se basa en que la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika no es ni una disposición ni una resolución.

En esa línea se han manifestado en los últimos meses diversos constitucionalistas, entre ellos el nuevo presidente del Consejo de Estado,Francisco Rubio Llorente, para quien la iniciativa gubernamental fue "una vía equivocada" para oponerse al plan Ibarretxe, un texto que consideró "sin ninguna duda (...) inaceptable".

En cambio, el ministro de Justicia del Gobierno de Aznar, José María Michavila, aseguró el 13 de noviembre que la impugnación del plan Ibarretxe acordada ese día por el Ejecutivo era "la respuesta democrática a un plan totalitario". El Gobierno solicitó al Tribunal Constitucional que admitiera a trámite la impugnación "a la mayor brevedad".