Más de 200 cargos imputados y protegidos en solo cinco comunidades

La Constitución y el resto de leyes y reglamentos les amparan. Y, bajo el manto de legalidad, los partidos dejan en manos de su discrecional ética el mantenerlos en sus organizaciones, pero también en instituciones de las que cobran un sueldo público. Los cargos políticos implicados en causas de corrupción suman más de 200 en solo cinco comunidades y evaluando únicamente los casos más destacados.

Políticos acusados de corrupción ocupan o han ocupado puestos en parlamentos y administraciones autonómicas, instituciones provinciales y corporaciones locales. Entre los analizados, la mayoría de ellos (113) son de la administración autonómica ya que en solo en Baleares suman 76. No hay un espacio fijo para las malas prácticas.

No tienen un solo color político, pero el PP, entre los contabilizados, es mayoritario, ya que también en Baleares los cargos populares salpicados por la corrupción alcanzan casi el medio centenar, pese a que la mayoría de ellos ya no cobra un sueldo público. Aún así, existe otro medio centenar de cargos del PP implicados en casos de otras comunidades. En Murcia, casos como el de la propia capital como los de Torre Pacheco y Totana elevan el número de populares salpicados por corrupción.

Por detrás, se sitúa la extinguida Unió Mallorquina, con cerca de 40 implicados. La tercera fuera política en el terrible ranking de la corrupción es el PSOE que, junto a los cargos del PSC imputados, supera la treintena. Al margen de Cataluña, Andalucía es la comunidad en la que hay más políticos socialistas implicados en casos de corrupción, comunidad en la que también se pueden encontrar concejales y alcaldes de IU que incluso ya han sido condenados.

También son numerosos los cargos públicos afiliados a partidos independientes que han acabado formando parte de un sumario. Ocurrió con el GIL en Marbella.

El origen de los casos más sangrantes es también de lo más diversa, aunque comunidades como la valenciana, Baleares, Andalucía, Cataluña y Galicia están especialmente señaladas. También en Madrid, uno de los mayores escándalos de la democracia, el caso Gürtel, salpicó el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre y cuatro ayuntamientos de los que ya han salido los implicados que, años después de que se destapara la trama corrupta, aún están siendo investigados.

Pero las islas son especialmente atractivas y solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias.

La presunción de inocencia, la lentitud de la justicia para resolver la mayoría de los casos y el carácter personal de las actas (que no pueden ser reclamadas por los partidos pese a que el español es un sistema de listas cerradas) posibilitan que sigan siendo representantes públicos, representantes de ciudadanos, hasta que una sentencia firme les inhabilite.

Por ejemplo, pese a la extensa y, en algunos casos antigua, lista de presuntos corruptos de Baleares, solo hay cuatro políticos en la cárcel (3 del PP y uno de UM). Y las sentencias condenatorias apenas suman la veintena entre las seis comunidades más señaladas y los casos analizados, incluidos los indultos.

La lucha contra la corrupción y la tolerancia cero a favores, comisiones y prebendas están en el discurso de todos los partidos. Se aprobaron y enarbolaron códigos éticos que se incumplieron sistemáticamente y la presencia de imputados, incluso condenados, en las filas de un partido se ha mantenido porque tampoco provoca, en la mayoría de las ocasiones, un castigo electoral. De hecho, una encuesta del CIS de 2011 desveló que el PP era percibido por los ciudadanos como el partido más implicado en casos de corrupción y meses más tarde obtuvo una rotunda mayoría absoluta.

El Gobierno, el primero en la historia, ha decidido poner en marcha una Ley de Transparencia. La obligación de hacer pública mucha de la información que, de hecho, es pública, supondrá algún obstáculo más a salvar para los corruptos. Pero no es el remedio a todos los males.

El último gesto en el Congreso contó con el apoyo del PP, el PSOE, Izquierda Plural y UPyD, ante una iniciativa de este último partido que exigía “cuanto antes” acometer las reformas legales necesarias para que la acusación formal por un delito relacionado con la corrupción fuera causa de inelegibilidad e incompatibilidad. Sin embargo, tal como expusieron tanto el PSOE como los nacionalistas, exigir la dimisión a un imputado o incluso procesado a punto de sentarse en el banquillo conculca la presunción de inocencia y puede ser causa de inconstitucionalidad.

Otra posibilidad sería un método con el que dictar una suspensión cautelar del cargo público, como se realiza en los partidos o para los funcionarios, incluidos los jueces, aunque eso supondría profundos cambios en la ley electoral. Y hay maneras intermedias, como la de la expulsión del partido o el grupo al que pertenecen los encausados o su arrinconamiento político, que no siempre se llevan a cabo y que demuestran que, dependiendo de quién y dónde, existe una doble vara de medir. Solo se ve la paja en ojo ajeno

El caso es que la corrupción está estancada en las instituciones y que, en un plazo de seis meses, se verá adónde ha llegado este estudio y análisis de las reformas legales para que, al menos, los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos. ¿Será bastante?