En la Comunidad Valenciana hay nueve procesados que aún se sientan en escaños
Los casos Gürtel y Brugal, en los que se investiga a dirigentes del PP, salpican a más de 12 cargos
Los diputados imputados o a punto de sentarse en el banquillo que aún permanecen en la bancada popular de las Cortes Valencianas podrían formar grupo propio ya que, actualmente, suman nueve, aunque han llegado a ser once.
Los casos Gürtel y Brugal, en los que se investiga a dirigentes populares por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación e incluso la financiación ilegal del PP valenciano, han salpicado a más de una docena de cargos, incluido el expresidente, Francisco Camps, que fue juzgado y absuelto. Uno de sus vicepresidentes fue condenado tras asumir las acusaciones de cohecho. Otro, que aún se sienta en un escaño, está pendiente de que se fije la fecha de juicio, al igual que dos de sus compañeras de bancada que fueron consejeras de Turismo.
La particularidad de la corrupción valenciana es la ausencia de consecuencias políticas que ha tenido el descubrimiento de las tramas. El principal partido implicado, el PP, sigue ganando las elecciones y prácticamente todos los imputados siguen en su sitio. Incluso en casos en los que los jueces ya han dictado la existencia de indicios de delito y los políticos están a un paso del banquillo. Muestra de ello es que uno de los diputados no presentó la dimisión hasta que no fue condenado o que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, nunca dejara el cargo y decidiera por iniciativa propia no presentarse a la reelección tras ocho años imputado. También resultó inaudito que un consejero del actual Gobierno de Alberto Fabra dimitiera cuando supo que iba a ser imputado.
La administración autonómica no ha sido el único escenario en el que se han detectado presuntos casos de corrupción. También los Ayuntamientos y las políticas urbanísticas han sido origen de corruptelas como atestigua el sumario del caso Brugal en el que están imputados los dos últimos alcaldes de Alicante. O el caso Emarsa, por el saqueo de los fondos públicos de una depuradora de las aguas residuales del área metropolitana de Valencia, en el que está imputado un exalcalde. El último gran escándalo, por tratarse además de un tema especialmente grave, es el que afecta al que fue portavoz del PP en las Cortes valencianas, el exconsejero, Rafael Blasco, acusado de participar en una trama de desvío de fondos destinados para la cooperación internacional.
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