Andalucía: del 'boom' del ladrillo a la trama de los ERE

La corrupción en Andalucía cumple el manual del boom del ladrillo: se repiten los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales. La Costa del Sol ha acaparado la inmensa mayoría de las imputaciones de políticos por permitir ilegalidades y una interpretación de las normas urbanísticas muy particular. Hasta 11 municipios malagueños han tenido a sus responsables imputados. En el caso Malaya de Marbella, hay 15 concejales y dos alcaldes pendientes de sentencia. La mayoría perteneció al Grupo Independiente Liberal (GIL), excepto Isabel García Marcos, expulsada del PSOE, y dos ediles del Partido Andalucista, uno de ellos en busca y captura. En el caso Astapa, centrado en el Ayuntamiento de Estepona, hay seis ediles —cuatro del PSOE y dos de la formación posgilista Partido de Estepona (PES)— y un alcalde del PSOE como puntas de lanza. Pero también destacan Ronda, Manilva, Casares, Alhaurín el Grande.

Al margen de la Costa del Sol, la corrupción urbanística ha afectado sobre todo a la costa almeriense y granadina, donde las investigaciones policiales se han centrado en municipios como Almuñécar (PSOE y PP), donde las urbanizaciones han copado gran parte del litoral, al igual que en Roquetas de Mar (PP). El ejemplo más inverosímil se da en Córdoba, donde el constructor Rafael Gómez Sandokán, imputado en el caso Malaya, es ahora líder del principal partido de la oposición, Unión Cordobesa.

Pero el mayor caso de corrupción en Andalucía, el caso de los ERE, desvela irregularidades en la Consejería de Empleo, supuestamente cometidas durante al menos una década, entre 2001 y 2010. Esta investigación, ahora bajo secreto de sumario, es la más destacada por el número de imputados (60) y las responsabilidades políticas que implica. Pero la policía también sigue la pista a otros fraudes cometidos en la concesión de ayudas a empresas por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE durante 30 años.

En el caso de los ERE, el escándalo atañe a toda la cúpula de Empleo y los políticos imputados suman un total de siete, todos ellos del PSOE: un exconsejero de Empleo, tres ex directores generales, dos exdelegados de la Junta y un alcalde.

Además, en el caso Mercasevilla están imputados el ex teniente alcalde de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el exgerente de Urbanismo (PSOE) Manuel Marchena.