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Ocho verdades incómodas sobre el ‘caso de los espías’

Fondos públicos, responsables políticos, pinchazos telefónicos y partes de seguimiento

ESPIONAJE ILEGAL CON FONDOS PÚBLICOS. Dedicar dinero público a seguir a políticos en su actividad oficial y en su vida privada es ilegal. Durante al menos dos meses —abril y mayo de 2008—, al menos cuatro asesores de seguridad fichados a dedo por el Gobierno de Esperanza Aguirre siguieron de lunes a viernes y desde las 8.30 hasta la madrugada, en algún caso, los movimientos del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, y en menor medida del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

EL RASTRO DE LOS TELÉFONOS MÓVILES Y DE LOS PARTES DE SEGUIMIENTO. Los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid dejaron constancia de sus seguimientos en partes mecanografiados sin membrete ni firma donde señalaban hora a hora dónde estaban Prada y Cobo. El cotejo de esos partes con los informes de telefónica sobre la situación de los móviles de los agentes en cada momento, cuando hacían una llamada, permitió acreditar con bastante exactitud que los tres guardias civiles y el policía nacional, siguieron durante casi todos los días laborables de abril y mayo a Cobo y Prada. La policía nacional, en sus informes periciales, así lo acreditó.

LOS RESPONSABLES POLÍTICOS. Los agentes que hicieron los seguimientos apuntaron a Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, como la autoridad que le daba las órdenes. Por encima de Sergio Gamón estaba Francisco Granados, consejero de Interior. Aunque a Gamón no le contrató Granados sino Esperanza Aguirre ya que la esposa de Gamón había sido su secretaria. Granados no se fiaba de Gamón y por eso contrató a tres guardias civiles como asesores de Seguridad. Esos guardias civiles se quejaron a Granados de que Gamón les ordenaba espiar a políticos del PP. El consejero de Interior no impuso su autoridad y aunque les dijo a los guardias civiles que no obedecieran las órdenes, el espionaje se produjo sin que Granados lo evitara.

LA IMPLICACIÓN DE IGNACIO GONZÁLEZ. El actual presidente de la Comunidad de Madrid era en el momento de los seguimientos vicepresidente autonómico. Aunque ni Gamón, ni los guardias civiles dependían de él, algunos apuntan a que era el último responsable político del plan del espionaje. Hay dos testimonios que así lo señalan. El del guardia civil José Oreja, que hizo seguimientos a políticos, y que asegura que Gamón le dijo que el entonces vicepresidente tenía especial interés en saber lo que hacían Cobo y Prada. La exmujer de Gamón también declaró a este periódico que su marido espiaba a Prada para Ignacio González desde 2006.

LA MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. Pese a que las pruebas recabadas en el sumario eran abundantes, con informes policiales de por medio y el testimonio de unos y otros, la juez archivó en dos ocasiones el caso. Aunque el espionaje político no figura en el Código Penal, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió la causa dos veces al entender que había suficientes indicios de un delito de malversación de fondos públicos. Se utilizó el presupuesto de la Comunidad de Madrid (sueldos públicos de los espías, gasolina utilizada en los vehículos con los que hacían los seguimientos, teléfonos móviles con los que hablaban entre ellos…) para fines ilícitos.

DOS ADVERSARIOS DE AGUIRRE SEGUIDOS EN LOS PROLEGÓMENOS DEL CONGRESO NACIONAL DEL PP. Los objetivos del seguimiento ilegal ordenado desde el Gobierno de Esperanza Aguirre eran dos políticos cuyos movimientos eran contrarios a los intereses de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Por un lado, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, mantenía con Aguirre fuertes discrepancias, incluso públicas. Por otro lado, Alfredo Prada se había distanciado de quien era su jefa política que primero le nombró vicepresidente de su Gobierno, luego le quitó poderes y acabo desconfiando de él cuando se aproximó a Mariano Rajoy. Prada fue destituido tras ser víctima del espionaje, pero se incorporó al equipo de Rajoy tras ganar este el congreso nacional del partido.

COBO Y PRADA, CONVENCIDOS PERO RESIGNADOS. Tanto Manuel Cobo como Alfredo Prada están convencidos de que el Gobierno de Esperanza Aguirre ordenó espiarles por su posicionamiento a favor de Mariano Rajoy en la pugna por el control del partido. Los dos denunciaron los hechos en los juzgados de Plaza de Castilla pero se retiraron de la causa y no recurrieron el primer archivo de la misma porque así se lo pidió la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

LA CAUSA, AL SUPREMO O AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID. Si la juez, en función de las numerosas pruebas del sumario, considera que los guardias civiles obedecieron órdenes de sus responsables políticos, deberá enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Tribunal Supremo pues habría dos aforados implicados: el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ahora senador Francisco Granados.

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