“Divórciese ahora y se ahorrará 300 euros de tasas judiciales”

La abogada de familia Rosa García Carreres recomienda a sus clientes que si están pensando en el divorcio aceleren la demanda, “si quieren ahorrarse los 300 euros de tasa que como mínimo va a costarles a partir de ahora volver a la soltería”, explica. Lo hace desde el pasado 22 de noviembre, cuando entró en vigor la Ley de Tasas impulsada por Alberto Ruiz- Gallardón que encarece el acceso a la justicia. Esa norma, ya publicada en el BOE, aún no se está aplicando porque no está listo el sistema de cobro. Tampoco se puede aplicar la ley anterior, que ha quedado derogada con la nueva. El resultado es un insólito vacío legal en el que nadie paga tasas desde hace casi tres semanas, ni siquiera los que ya estaban obligados con la antigua ley, las grandes empresas. Una barra libre de tasas gratis para todos de la que, extrañamente, pocos se están aprovechando.

En la oficina de registro y reparto de asuntos civiles de Madrid, la puerta de entrada de todos los casos de este tipo de la ciudad, el sonido de fondo al murmullo es el de una decena de funcionarios que sellan casi como autómatas y a toda prisa las demandas que atraviesan la ventanilla. El ritmo es frenético, no en vano reciben entre 800 y 1.000 diarias. Desde hace más de quince días los escritos no adjuntan el impreso de la tasa, el modelo 696 de Hacienda que todos conocen en el juzgado, y que ya no está disponible en la página web de la Agencia Tributaria. Seguramente sin pretenderlo, el Gobierno se ha encontrado con una paradoja: después de aprobar la norma con la que el acceso a la justicia en España será más caro que nunca, ahora es más barato que nunca. Aunque de forma temporal, claro.

"Un país serio no puede aprobar una ley que no se aplica porque falta un formulario", se queja el funcionario encargado de la oficina de registro civil de Madrid

El inusual retraso en la aplicación de la ley se debe a que Justicia adelantó un mes sobre lo previsto la aprobación de la norma. El ministerio necesitaba aprovecharla para incluir una disposición adicional y no perjudicar doblemente a los jueces por la supresión de la paga extra, por una diferencia con el resto de funcionarios en cómo se les aplicó la reducción de salarios del Gobierno de Zapatero. En vez de a finales de diciembre, tuvieron que aprobar la ley la última semana de noviembre. Y a Hacienda no le dio tiempo a tener listos ni la orden que regula el proceso de cobro de las tasas ni el formulario. “A lo mejor informamos a Hacienda en el último momento”, reconoce un portavoz de Justicia, que alega que al menos la situación no ha perjudicado a los ciudadanos.

El encargado de la oficina de registro de Madrid explica que no ha notado una avalancha de asuntos estos días para eludir el pago de tasas utilizando este limbo jurídico. No hay datos oficiales que ratifiquen su experiencia, porque el Consejo del Poder Judicial elabora una estadística trimestral, y hasta enero no se conocerán las cifras de este periodo. Los profesionales desconfían: “Me extraña mucho que no las vayan a cobrar de forma retroactiva cuando lo tengan todo listo, porque la ley ya está en vigor y podrían hacerlo perfectamente”, argumenta Verónica García, procuradora con más de 20 años de profesión, en la cola del registro. “Me huele mal”, zanja.

El ministerio negó hace días que fuera a ser así; el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, aseguró que en los procesos ya iniciados no se reclamaría después el pago. El mensaje no parece haber calado: los abogados consultados por este periódico lo desconocían. “Yo lo aconsejo a mis clientes para curarnos en salud, no vaya a ser que luego me reprochen que no les avisé y no pudieron aprovecharse de ello”, explica la letrada de familia.

"Un país serio no puede aprobar una ley que no se aplica porque falta un formulario", se queja el funcionario encargado de la oficina de Madrid, que prefiere mantener el anonimato. En el sector se sospecha que el ministerio puede estar sopesando dar marcha atrás en las tasas después de la intensa movilización de todos los profesionales de la justicia, que se han sublevado contra una “justicia para ricos”. Las nuevas cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón descarta reconsiderar la ley.

El ministerio no dispone de datos del dinero perdido estas casi tres semanas de tasas gratuitas. En todo caso, el formulario, afirma un portavoz, estará listo “el lunes o el martes” de la semana que viene. Hay que darse prisa para divorciarse a un precio más ajustado.