Botella reducirá drásticamente el aforo de conciertos en recintos municipales

El Ayuntamiento de Madrid, que posee dos de los principales recintos para grandes conciertos en la capital, la Caja Mágica y el Madrid Arena, permitirá que se celebren en ellos espectáculos y actuaciones a los que el público asista de pie, en contra de lo afirmado inicialmente por la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), pero limitará estrictamente su aforo, de modo que nunca supere el número de personas que cabrían en caso de estar todas sentadas.

Se volverá a calcular así el aforo de todas las instalaciones municipales de acuerdo con estos parámetros. A grandes rasgos, se reducirá a la mitad o incluso a una cuarta parte en el caso de los recintos en los que el público asiste a los espectáculos de pie.

Esta es una de las principales conclusiones que extrae el Gobierno municipal de la comisión de investigación política sobre la tragedia del Madrid Arena, que, durante cuatro días y con solo 12 comparecencias debido a los vetos impuestos por el PP, analizó los errores administrativos que pudieron haber tenido incidencia en la muerte de cinco jóvenes en la fiesta celebrada en el pabellón municipal en la noche de Halloween. El organizador, Miguel Ángel Flores, está imputado por el juez que investiga el caso, por haber superado presuntamente el aforo permitido, de 10.600 personas, hasta prácticamente doblarlo, según los primeros indicios.

Precisamente sobre el aforo versa otra de las conclusiones del PP, que instalará elementos digitales para controlarlo en todos los grandes eventos que se celebren en recintos municipales. Esto no afecta solo al Madrid Arena y a la Caja Mágica, sino también a los centros culturales Conde Duque y Matadero, y al circo Price, por ejemplo. El pasado fin de semana, el festival musical Primavera Club se quejó de las fuertes restricciones de aforo adoptadas por el Ayuntamiento en una de las salas que tenía alquiladas en el Matadero. Poco después, anunciaba que para la próxima edición cambiaba a la capital y a Barcelona (donde también sufrió incidentes por disposiciones del Ayuntamiento en materia de seguridad) por Burdeos (Francia).

El objetivo del Gobierno municipal (en el que coincide el Partido Socialista) es que, mediante dispositivos electrónicos y en tiempo real, se puedan contar las personas que han entrado en el recinto para que, en el instante en que se complete el aforo, no se permita acceder a nadie más.

Las conclusiones de la comisión se trasladarán al resto de Administraciones a modo de sugerencia, puesto que, en casos como este, podrían aplicarse también en salas privadas, cuyo aforo lo regula en la Comunidad por la Ley regional de Espectáculos.

Botella planea además “poner orden” en la empresa municipal que gestiona la Caja Mágica, el Madrid Arena y el Palacio Municipal de Congresos (cerrado temporalmente por fallos de seguridad). A corto plazo, seguirá organizando eventos —aunque no fiestas multitudinarias como la de la tragedia—, pero su intención a medio plazo es privatizar estas actividades. El Ayuntamiento se reservaría así unos días al año para montar eventos deportivos (en la Caja Mágica se celebra cada año, por ejemplo, el Masters de Tenis de Madrid) o culturales, y cedería mediante concesión administrativa la organización de espectáculos y conciertos a una empresa privada el resto del tiempo, como ya hace la Comunidad de Madrid (PP) con el Palacio de Deportes y la plaza de toros de Las Ventas.

Tanto el PP como el Partido Socialista y Unión Progreso y Democracia deben entregar hoy sus conclusiones sobre la comisión de investigación, que se votarán de forma conjunta o por separado (el PP tiene mayoría absoluta) en el pleno municipal de la semana que viene. Izquierda Unida rehusó participar en la comisión por los vetos impuestos por el PP.

El líder socialista, Jaime Lissavetzky, que exigió a la alcaldesa esta investigación política, considera que todos los edificios municipales deben contar con un documento equivalente a una licencia urbanística que asegure que cumplen los requisitos de seguridad y se utilizan para aquello para lo que fueron concebidos.

El Gobierno municipal ha negado reiteradamente estos días que el Madrid Arena precisara de licencia, y ha defendido su seguridad pese a que conocía desde 2010 un informe de técnicos de Urbanismo que denunciaba deficiencias de calado. En sus conclusiones, UPyD exige que el Madrid Arena se clausure hasta remediar todas esas deficiencias.

Tanto Lissavetzky como el líder de UPyD, David Ortega, creen necesario además que el Ayuntamiento regule claramente los servicios médicos con los que deben contar los eventos multitudinarios en la capital; en la fiesta del Madrid Arena, el dispositivo había sido diseñado por un doctor particular que ni siquiera estaba contratado por el organizador y cuya actuación fue puesta en duda luego por el servicio de emergencia municipal Samur. Lissavetzky exige además que el propio Samur atienda a todos esos espectáculos, sean públicos o privados (en este último caso, deberán abonar las tasas correspondientes).

Los tres grupos coinciden en la necesidad de reforzar las inspecciones de la Policía Municipal en grandes eventos, medida que Lissavetzky quiere extender no solo a las horas previas sino también al momento de su celebración. El Gobierno municipal ha defendido estos días que los agentes no pueden entrar en un recinto privado si no media denuncia o indicios de irregularidades.

También apuestan por mejorar la coordinación de Policía Municipal, Samur y bomberos, para evitar incidencias como la que afloró en la comisión, en la que el director de Emergencias denunció no haber sido avisado a tiempo para preparar su dispositivo.