El Gobierno recurre al Constitucional para evitar que Euskadi pague la extra

El Gobierno no quiere que Euskadi sea la única comunidad autónoma insumisa al recorte de la paga extra. En un último intento por frenar ese abono a los cerca de 70.000 empleados públicos vascos —67.000 funcionarios y unos 3.000 sustitutos e interinos— el Gabinete de Mariano Rajoy presentó durante la mañana de este miércoles ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia en el que solicitan la suspensión cautelar de la transferencia. El recurso se presenta en tiempo y forma para que el alto tribunal lo pueda incluir en el pleno que celebrará los días 11, 12 y 13 próximos, e incorpora una petición expresa de suspensión del abono a los funcionarios, que será efectivo en el momento en el que el Constitucional lo admita a trámite y lo comunique a las partes.

Curiosamente no se impugna un acuerdo de Gobierno, porque el Gabinete socialista de Patxi López dejó muy claro que ese acuerdo no existe como tal. Es decir, sus portavoces aclararon, en una maniobra para eludir la impugnación, que se limitan a ejecutar los Presupuestos vigentes en los que la extra navideña es una partida más que no requiere de ningún pronunciamiento excepcional.

Sin embargo, esa circunstancia no parece suponer un obstáculo para el Consejo de Estado que, tras analizarla, argumenta que existen precedentes de recursos de este tipo sin un acto en concreto impugnable, salvo la voluntad demostrada, en este caso por el Ejecutivo vasco, de abonar el montante de 207 millones de euros a toda la plantilla, y las declaraciones de su consejera portavoz, Idoia Mendia de que se iba a abonar.

El recurso del Gobierno popular deja en el aire el abono de la paga, aunque ninguna de las dos administraciones se atreve a aventurar si el tribunal llegará a tiempo para impedirla. El Gobierno vasco ha dado ya la orden y estará en los bolsillos de los funcionarios en quince días.

El desafío del Ejecutivo socialista saliente, —el próximo 13 Iñigo Urkullu, del PNV, relevará a Patxi López— es el último capítulo de una legislatura plagada de enfrentamientos.

El penúltimo ha sido el del Real Decreto que fija las bases para establecer el importe máximo de financiación de las ortoprótesis, que también fue recurrido al Constitucional. Ese recurso se suma al del copago farmacéutico o al de la atención a los inmigrantes, así como los relativos a otros recortes en Sanidad y Educación.

Los informes jurídicos que maneja López, y según los cuales “su Gobierno está obligado a abonar la extra” se basan en que el Real Decreto y los presupuestos vascos son dos leyes, y que para cumplir la primera hay que modificar en el Parlamento vasco la segunda. Modificación que no se ha podido hacer por el adelanto electoral, que coincidió con el periodo estival en el que la Cámara de Vitoria es inhábil.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy esgrime con jurisprudencia del propio Constitucional que el Estado es legítimo “para establecer límites retributivos” que afectan a todos.