Los alcaldes frenan la ley de Rajoy para reducir concejales y municipios

Quizá el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fuera ministro de Administraciones Públicas, y que haya visitado cientos de Ayuntamientos ha influido en que sea receptivo al clamor de los alcaldes para que se cambie la Ley de Administración Local, cuyo borrador ha conmocionado al mundo municipal. Muchos de los postulados de ese documento, emanado del Ministerio de Administraciones Públicas, serán modificados. Así se ha comprometido Rajoy con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincas (FEMP), el popular Íñigo de la Serna, con el que ayer se entrevistó durante un par de horas en La Moncloa.

Todo empezó en pleno verano, a primeros de agosto. Los alcaldes de España conocieron los planes que el Gobierno tenía para ellos, y se produjo la tormenta. Los regidores socialistas y de otros partidos estallaron con gran aparato eléctrico en tanto que sus colegas del PP fueron discretos en sus expresiones, aunque su malestar era idéntico.

El borrador de la futura Ley de Administración Local fusionaba Ayuntamientos; colocaba a los municipios de menos de 20.000 habitantes bajo la jurisdicción de las diputaciones provinciales; reducía el número de concejales en un 30% —a través de un cambio en la Ley Electoral— y les fijaba el sueldo... Pero no les arreglaba la financiación.

El borrador gubernamental no recogía solución a la urgente necesidad de que los Ayuntamientos reciban la compensación por los servicios que prestan a los ciudadanos que no son de su competencia sino de las comunidades autónomas. Esos servicios les suponen unos 10.000 millones de euros; en torno al 25% de sus presupuestos.

La queja de los alcaldes ha tenido eco y el Ministerio de Hacienda revisará el documento de arriba abajo. Con la reunión de ayer se ha producido un empujón a la situación aunque De la Serna, con discreción, había creado ya ambiente y clima para que se produjera el cambio. En primer lugar le ha pedido a Mariano Rajoy un voto de confianza para que él trate de consensuar en la FEMP una propuesta por unanimidad que trasladaría después al Gobierno. De la Serna ha introducido en ese órgano un clima de diálogo, que ha conllevado una buena relación con el representante del PSOE, Abel Caballero, alcalde de Vigo. No es seguro que, finalmente, haya acuerdo, pero se intentará. De entrada era esencial que De la Serna planteara a Rajoy la urgencia de tesorería que tienen los Ayuntamientos.

La máxima satisfacción de Íñigo de la Serna se basa en el compromiso del presidente de introducir en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2013, un mecanismo automático para que cuando un Ayuntamiento desarrolle un servicio por “encomienda” de la comunidad autónoma, tenga asegurado el 100% de la financiación. “La receptividad” que ha observado De la Serna en Rajoy le ha llevado a pedirle que el mecanismo por el que se pagará ese servicio sea “estable en el tiempo”, es decir que como el servicio que se presta es permanente la financiación también lo sea. En teoría ese principio de pago debía haber funcionado en 2012, pero “a la vista de los resultados, no ha sido un gran éxito”, ha desvelado De la Serna, alcalde de Santander.

Los regidores cruzan los dedos para que el nuevo texto delimite con claridad las competencias de las autonomías y de los Ayuntamientos y tener, al fin, la seguridad jurídica que ahora no tienen. La reunión ha sido “francamente positiva”, ha insistido el presidente de la FEMP, sin entrar en muchos detalles sobre qué resultados ha obtenido, por ejemplo, en su negativa también a la supresión del 30% de los concejales. De la Serna ha recordado que muchos alcaldes y concejales ya no cobran ante los que cuestionan esa función por el supuesto gasto.

Así convenció a Rajoy para que acepte la propuesta que le hará en nombre de la FEMP una vez que negocie con el resto de los partidos. En esa propuesta también figurará una fórmula para fijar los sueldos de los alcaldes sin necesidad que sea el Gobierno el que los imponga. No obstante, la partida para los sueldos se contempla en los Presupuestos del Estado y la supresión de concejales en la Ley Orgánica Electoral General, aunque en ambos asuntos quería hacer correcciones el Gobierno. También en la retirada de autonomía de algunos Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para que sean manejados por las Diputaciones.

Todas estas medidas resultaban insoportables para los alcaldes. En el PSOE todos alzaron la voz. Ahora, tanto el alcalde de Vigo, Abel Caballero, como el responsable municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, están dispuestos al diálogo. “Es un intervencionismo propio de otros tiempos y solo falta que los gobernadores civiles nombren a los alcaldes”, ironiza Zarrías. ¿Marcha atrás?, se le preguntó ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “No, maduración del texto”, respondió, al augurar un próximo acuerdo.