468 indultos en 11 meses de Rajoy

Tráfico de drogas, robos con violencia, lesiones que causan grave deformidad, estafas, prevaricación, malversación, homicidios, abusos sexuales, torturas, coacción para la prostitución... Prácticamente todos los delitos han sido en algún momento perdonados total o parcialmente por el Gobierno. Durante 2012, el que dirige Mariano Rajoy ha concedido, hasta el pasado 25 de noviembre, 468 indultos. Un número similar al de otros años y otros Ejecutivos. El de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, perdonó a menos en 2011 (301), pero en 2007 aprobó la medida de gracia para 521 condenados.

No hay diferencias significativas en función del color del partido en el poder. Todos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las razones que han conducido a cada perdón. La ley que lo regula, de 1870, no les obliga a ello —fija, por el contrario, una facultad que se ejerce sin rendir cuentas a nadie— y tampoco lo hacen por iniciativa propia. La opacidad es total. Solo el Ejecutivo de turno sabe por qué perdona en unos casos y en otros no, y no hay forma de controlar esa decisión.

De los indultos de este año, 434 han sido aprobados por el Ministerio de Justicia y otros 34 por el de Defensa (relativos a penas por deserción). El delito por el que más se ha indultado es, de lejos, el de tráfico de drogas (193, el 41%). Le siguen los robos (59); las estafas, apropiaciones indebidas y falsedades (56); las lesiones (42); los atentados contra la autoridad (24); los hurtos (11); la prevaricación y otros delitos contra la Administración Pública (9); los delitos contra el medio ambiente (9); y los homicidios imprudentes o en grado de tentativa (7).

Estas son las cifras totales. Para poder hacer una valoración real de a quién se indulta más, habría que compararlos con el número de condenados por cada delito. Los indultos por prevaricación no son muchos (seis en 2012), pero tampoco lo son los condenados por esta infracción. En 2011, por ejemplo, hubo solo 33. El porcentaje de perdonados se presume muy alto, aunque estas cifras no puedan compararse porque los indultados han sido sentenciados en años distintos.

En cualquier caso, son esos perdones a políticos, banqueros y empresarios... los que suelen ser interpretados como una fórmula que utiliza el Gobierno para que los poderosos no cumplan las penas. La última de estas afrentas ha sido el reciente perdón a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas, que ha soliviantado de tal forma a los jueces que casi 200 han firmado esta semana un documento en el que acusan al Ejecutivo de dinamitar la división de poderes con una decisión “abusiva” y “éticamente inasumible”. El tribunal sentenciador en ese caso, la Audiencia de Barcelona, se había pronunciado en contra del indulto.

El texto de los jueces —firmado por los magistrados del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez y por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles— acusaba al Gobierno de burlarse de la justicia en un delito tan grave como el de las torturas. El debate ha llegado a poner en entredicho la propia figura del indulto. “Es una especie de justicia paralela, señorial, para privilegiados”, opina el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. “Un residuo del pasado con el que el Gobierno degrada la justicia convirtiéndola en dos: una para sus amigos, a los que exime de cumplir la ley; y otra para los demás, que sí están sometidos a los tribunales. El indulto debería desaparecer o quedar, en todo caso, como algo muy residual que se aplique en muy pocos casos, de manera argumentada y con un control externo”.

El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por más de 180 juristas, cuestiona también la existencia de una figura “anterior a la revolución liberal que se vincula al derecho de gracia del monarca” y habla de los problemas que plantea en una sociedad democrática basada en la separación de poderes y la soberanía popular. Proponen, en todo caso, al igual que Llamazares, que los indultos deban motivarse y que exista algún tipo de control jurisdiccional de estas decisiones.

El Gobierno, en estos casos, no puede cuestionar los hechos probados en la sentencia, ni la calificación jurídica llevada a cabo por el tribunal. Tan solo puede suavizar la pena. Sin embargo, en la práctica muchas veces sí pone en duda los hechos probados, convirtiéndose en una última instancia judicial que, a diferencia de los jueces, no debe argumentar sus decisiones.

Se ha dinamitado la separación de poderes, denuncian los jueces

En el caso de los cuatro mossos indultados, el delito es tan grave (torturas) que a priori no se consideraría susceptible de ser objeto de perdón. En este caso, y según el Ministerio de Justicia, se llevó a cabo porque había algunas dudas sobre la culpabilidad de los condenados y la petición la había avalado la propia víctima. En este caso, por tanto, el Gobierno, de alguna manera, sí estaría actuando como una tercera instancia que revisa la condena al margen del Poder Judicial.

No existe una estadística que sea accesible a cualquier ciudadano y que permita saber cuál es perfil de los indultados. Para elaborar este artículo, este diario ha analizado los 468 reales decretos sobre indultos concedidos por el Gobierno de Rajoy y publicados en el BOE desde enero de este año hasta el 25 de noviembre. La información que se obtiene del BOE, la única fuente oficial, es escasa —nombre, tribunal sentenciador, pena, delito y pena que se conmuta, sin ninguna argumentación— pero permite obtener algunos datos.

Hay distintos tipos de indulto. Uno, el más numeroso, se refiere a delitos penados muy duramente en el Código Penal, como el tráfico de droga o los robos. El indulto se usa, en estos casos, para paliar una legislación que permite al juez poca modulación y que provoca que vayan a la cárcel personas sin antecedentes por conductas no siempre graves. Casi todos los perdones por tráfico de drogas, por ejemplo, siguen la misma pauta: el Ejecutivo convierte tres años de prisión —la tarifa plana por este delito, como la llaman los presos— en dos para que el condenado sin antecedentes pueda evitar la cárcel.

“El perdón es una rémora del pasado señorial”, opina Gaspar Llamazares

Si todos los Gobiernos consideran que las penas por tráfico de drogas son desmesuradas —la media de indultos de los últimos 13 años es de más de 150 al año— ¿no convendría reformar el Código Penal en vez de recurrir al indulto?

Desde el Ministerio de Justicia se asegura que casi todos los perdones por delitos contra la salud pública siguen un patrón: gente joven que cometió el delito hace años y que tiene una vida normalizada. No se plantean, por el momento, suavizar las leyes penales. Consideran que el indulto corrige una decisión que fue correcta en su momento pero que años después resulta inadecuada. También hay casos, sin embargo, de condenados que piden el indulto inmediatamente después de la sentencia ante una pena claramente desproporcionada. La reforma de Código Penal de 2010 permite al juez moderar las sanciones por estos delitos, y habrá que esperar aún para ver el efecto que tiene en los indultos.

Dentro de los delitos objeto de indulto durante 2012 hay un dato curioso: el de los perdones por atentado contra la autoridad, desobediencia y resistencia. Un Gobierno que se ha caracterizado por multiplicar las sanciones durante las manifestaciones ha aumentado enormemente también los indultos por este delito (24 frente a los 4 de 2011 y 2009 y los 12 de 2010).

Hay delitos llamativos: homicidios, lesiones graves con deformidad o pérdida de órgano principal... Según Justicia, cuando la pena es alta, esos indultos se conceden a personas que están ya en la cárcel, para que puedan acceder a un tercer grado si así lo recomienda el centro penitenciario. Dentro de los indultos publicados en 2012 hay dos extraños: uno de abusos sexuales y otro de coacción para la prostitución. Ambos fueron concedidos en el último Consejo de Ministros del Gobierno de Zapatero.

El otro grupo de indultos es el polémico; aquellos que trascienden y que afectan a políticos, miembros de los cuerpos de seguridad, empresarios y personas vinculadas con el poder. Una veintena cada año. Como los otros, tampoco se explican. El Gobierno, como ha ocurrido en el caso de los mossos, alega que “se aplica estrictamente la legalidad”, sin hacer referencia a que la legalidad permite el arbitrio más absoluto.

Las Cortes de Cádiz reflexionaron sobre la figura del indulto en España; sobre cómo regular el derecho de gracia del monarca en un mundo que estaba cambiando y que, por primera vez, consagraba en una constitución la división de poderes. En ese momento se permitió al jefe del Estado que conservara esta facultad, no sujeta a control, porque se consideraba necesario moderar un derecho penal que aún se resentía “de la barbarie gótica”, en palabras del diputado Vicente Tomás Traver, y porque los ciudadanos eran aún súbditos. Dos siglos más tarde, el indulto está en manos del Gobierno, no del rey, pero el fondo no ha cambiado: el que indulta lo hace a quien quiere, cuando quiere y como quiere.