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6.000 euros de tasas por una demanda de daños y perjuicios

Usuarios y profesionales de la justicia cuentan en qué medida se encarecen los procesos

Jaime Villa está en pleitos con la Administración. Este dentista de 50 años cuenta que interpuso una demanda ante el cierre de su clínica y ganó el juicio. Ahora está preparando la documentación necesaria para reclamar daños y perjuicios. “Me hablan de que tendré que pagar en torno a 6.000 euros de tasas judiciales”, afirma en los juzgados madrileños de Capitán Haya. La nueva norma contempla una cuantía fija y otra variable que resulta de multiplicar por 0,5% el dinero que se reclama en el pleito.

Jaime considera que la nueva medida adoptada por el Gobierno es una “locura”. “Todos tenemos derecho a recurrir”, asegura. Pese a la elevada cantidad que tendrá que pagar, él va a seguir adelante con el proceso: “No me queda más remedio”.

Daniel Acebedo es abogado. Cuando se le pregunta cuáles de los casos que él lleva se pueden ver más afectados lo tiene claro: las expulsiones de extranjería. “En las expulsiones de extranjería muchas veces no se respeta lo que marca la ley”, apunta. Añade que en estos casos la cantidad que habrá que pagar será de 200 euros, pero se trata de inmigrantes sin papeles que “pueden no estar trabajando o ser objeto de un abuso por parte de mafias”. “Pueden recurrir a la justicia gratuita pero si el ciudadano extranjero no cumple los requisitos que establece la Administración pueden denegársela”, explica.

“Chapuza” o “robo” son algunos de los calificativos que se escuchan a la puerta de los tribunales

Manuel Fuentenebro Sanz también es abogado. “En los asuntos en los que podíamos prever que las tasas podían ser altas hemos apresurado la preparación de las demandas o los recursos para presentarlos antes de la entrada en vigor”, reconoce. La diferencia entre registrarlos entonces o hacerlo ahora habría sido como mínimo de 600 euros. “Alguno habría superado los 10.000”, agrega.

En los juzgados de familia de Francisco Gervás, Carmen Sánchez Vidanes, miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA), se encuentra a punto de entrar en un juicio. “Esta norma va a suponer una brecha enorme entre la gente que pueda pagar la justicia y la que no. La justicia se convierte en un artículo de lujo”, opina. No cree que sea una solución para la descongestión de los juzgados y cita otras formas de conseguirlo: la modernización de la oficina judicial, la creación y dotación de más presupuestos para agilizar los procedimientos y una modificación de la ley de enjuiciamiento civil que también agilice los procedimientos y los haga menos costosos.

Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid, también considera que la congestión se puede atajar de otras formas: “Si esto es una limitación al derecho de defensa me parece mal. Si lo que se piensa es que hay un uso abusivo de la jurisdicción habrá formas distintas de corregir ese abuso que imponer un gravamen para la práctica totalidad de los ciudadanos, que puede afectar discriminatoriamente en función de la capacidad económica”. “La desaparición de las tasas en 1986 nos pareció un auténtico avance social para poner la justicia al alcance de todos los ciudadanos. Su recuperación es una mala noticia. Además de la regresión social que suponen, son excesivamente altas”, señala.

“Chapuza”, “justicia para millonarios” o “robo” son algunos de los calificativos que se escuchan a la puerta de los tribunales. La norma ha indignado a abogados, jueces, procuradores y usuarios en general. Muchos de los que entran y salen de los juzgados lo hacen hablando de ella. Es el tema del momento. Otros aún están despistados. No saben qué cantidad tendrán que pagar si tienen, por ejemplo, que interponer un proceso de divorcio. No hay colas para presentar demandas o recursos, tal y como ocurrió días antes de la entrada en vigor de la ley, pero sí mucha indignación.

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