La tensión social desborda la política

La tensión social ha cambiado el paso a la política. En las últimas semanas el presidente del Gobierno y el líder del PSOE y sus lugartenientes han hablado entre ellos reiteradamente de forma reservada para compartir la preocupación social que se ha generado por los desahucios. Tras meses sin acuerdos, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba y Soraya Saénz de Santamaría y Elena Valenciano han coincidido en alterar sus agendas políticas y en rectificar posiciones anteriores para hacer frente al drama provocado por los impagos de hipotecas de las personas más necesitadas.

La constatación del drama —dos suicidios y la movilización social de grupos ciudadanos— ha movido a PP y PSOE a estudiar y promover medidas paliativas y a llenar la actividad parlamentaria de las próximas semanas, modificada por esa tensión social creciente. Fuentes del Gobierno y del PSOE constatan la preocupación porque esa tensión aumente en los próximos meses, por el incremento de ciudadanos que quedarán sin prestaciones por agotar el tiempo máximo legal.

Nunca ha habido tantos desempleados sin ingresos; la cifra aumenta de forma exponencial y anticipa una previsión sin precedentes de impagados y, por tanto, de potenciales desahucios. En esas familias, además, se paga por los medicamentos, se limitan las ayudas de comedores escolares, se reduce la Dependencia y sube el IVA, hasta llegar a datos que muestran que, por ejemplo, la renta media familiar ha caído en 2.000 euros desde 2007 y la tasa de ahorro de los hogares se redujo a la mitad. Y en muchas familias se usan ya “las reservas”.

Rajoy, que ha afrontado dos huelgas generales en un año, preguntado esta semana en el diario argentino La Nación si le preocupa “tener cada vez más violencia en las calles”, contestaba: “No es la mejor de las situaciones, y me preocupa, ¿cómo no me va a preocupar?”. Por eso, fuentes del Gobierno admiten la necesidad de cambiar el ritmo para estudiar medidas paliativas, como la de los desahucios, para hacer frente a esa exclusión social. La dificultad, admiten, es la falta de recursos públicos, especialmente en comunidades y ayuntamientos. Y el margen de maniobra está muy limitado por la supervisión de la UE, como ha ocurrido con las medidas para frenar los desahucios.

En el PSOE la preocupación es mayor y en breve pondrá en marcha la campaña denominada #rescatealaspersonas, que busca convertir a sus militantes y sus sedes en agentes de acción social. Es decir, que funcionen como las antiguas Casas del Pueblo, fomentando el voluntariado en los afiliados, para que en su tiempo libre colaboren con los desfavorecidos. La dirección del PSOE explica que las circunstancias obligan a dejar de lado la política estricta para afrontar la explosión social.

Según las encuestas de Metroscopia para EL PAÍS, hasta un 90% siente ya en sus carnes los efectos de la crisis y, según las estimaciones de Valeriano Gómez, exministro de Trabajo y diputado socialista, en 2013 habrá más de tres millones de parados sin prestación. Empleo reduce esa cifra y asegura que la tasa de cobertura es del 63,5%, completada con el Plan Prepara (400 euros mensuales), la renta de reinserción y otras prestaciones autonómicas. El problema es que el Prepara dura como máximo seis meses y la falta de recuperación económica impide que los parados dejen de serlo.

Según Gómez, entre 2010 y 2012 se han duplicado los parados sin prestaciones. “Las entradas crecen, y mucho, y en el último año suben las salidas por agotamiento de derechos”. “Casi dos millones de desempleados registrados (2,6 millones según EPA) no reciben ninguna prestación y esto no ocurría desde la década de los 80, cuando no había un sistema desarrollado de ayuda al desempleo”, añade. Según datos oficiales, 154.067 desempleados llevan más de 720 días cobrando el paro y, por tanto, agotarán su prestación.

Empobrecimiento general

Gómez explica que ese proceso va unido a un empobrecimiento general, puesto que en los dos últimos años los salarios han crecido por debajo de los precios y en 2012 la brecha se está ampliando como nunca como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral que limita la negociación colectiva.

El Gobierno asegura que no cree que esa tensión social se traduzca en brotes de violencia, pero Interior ha elaborado planes específicos y prevé episodios vinculados a protestas concretas y por parte de grupos minoritarios y marginales. Al PSOE le preocupa la desafección ciudadana y que las protestas surjan al margen de partidos y sindicatos. La primera consecuencia de la tensión social y el pesimismo ante la crisis es, precisamente, ese distanciamiento ciudadano de las instituciones.