La muerte que cambió las reglas
El suicidio de Amaya Egaña, envuelto todavía en interrogantes, sirvió como detonante del descontento social. La Caixa se ofrece a renegociar la deuda
Hace hoy una semana, Amaya Egaña, una exconcejal socialista guipuzcoana de 53 años, se tiraba por la ventana de su piso en Barakaldo (Bizkaia) cuando la comitiva judicial que iba a desahuciar a su familia subía por la escalera. En un caldo de irritación por una crisis que ha disparado exponencialmente los desalojos por impago de hipotecas, su suicidio causó una conmoción social que ha forzado el Gobierno a acelerar las medidas para paliar los efectos de los desahucios. Y, sin embargo, Amaya y su esposo, José Manuel Asensio, también exedil socialista, en este caso baracaldés, no hubiesen podido acogerse al decreto aprobado ayer por el Ejecutivo. El desahucio atípico de una familia con un perfil muy distinto del de la media de afectados y la tragedia de Amaya se han convertido en el detonante del cambio.
“Manolo sigue sin explicarse qué ha pasado. De verdad que no sabía que la hipoteca no se pagaba”. Una persona muy cercana a Asensio insistía ayer mismo en la incógnita que ha levantado todo tipo de especulaciones —algunas han indignado a los allegados de Egaña— y que quizá solo se despejará cuando concluya la investigación de la juez que instruye la causa, sobre la que ha decretado el secreto del sumario. Asensio aún no ha prestado declaración.
¿Por qué Amaya dejó de pagar las cuotas de una hipoteca de menos de 700 euros al mes hasta el punto de que se ordenase su desahucio? Su familia sigue sin explicárselo. Ni ella ni su esposo, ajeno por completo, se personaron nunca en el procedimiento abierto ni contestaron a los requerimientos. Ambos trabajaban (ella de jefa de personal en una empresa de autobuses; él, en la firma eléctrica en que sigue empleado) y llevaban una vida completamente normal. El exedil, que dejaba “todo” en manos de su mujer, según los consultados, espera tener más luz cuando pueda acceder al expediente completo del crédito y a la causa.
La pareja vivía en una casa del centro de Barakaldo que vendió para trasladarse al barrio de Urban-Galindo, una zona crecida sobre recuperados terrenos de Altos Hornos. Allí compró con un crédito de La Caixa un piso de tres habitaciones: 80 metros cuadrados más dos pequeñas terrazas. En un momento dado, Egaña dejó de pagar la hipoteca. La deuda se fue acumulando hasta que la entidad saca el piso a subasta en julio pasado. Nadie acude a la puja y La Caixa pide el remate a su inmobiliaria Building Center. La deuda sumaba casi 214.000 euros —164.323 de principal y 49.300 más de intereses—. La inmobiliaria activó entonces el procedimiento del desahucio, al que el juzgado puso día y hora: 9 de noviembre; 9.15. “A ellos se les comunicó el desahucio”, recalcan fuentes judiciales.
Ni su marido ni su hijo de 21 años estaban entonces allí, lo que avala su desconocimiento. “Si hubiera tenido un problema alguien como Manolo hubiera movilizado a todos los amigos”, apostilla otro de sus allegados
La Caixa ha contactado ahora con la familia mostrando su disposición a renegociar el crédito, apuntan las fuentes consultadas.
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