El matrimonio gay es constitucional

La Ley aprobada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que permite el matrimonio entre homosexuales es plenamente constitucional, según ha resuelto esta tarde el pleno del Tribunal, reunido para resolver el recurso contra esta norma que presentó hace siete años el PP de Mariano Rajoy.

La decisión ha sido adoptada por ocho magistrados (siete progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos) frente a tres, todos ellos elegidos a propuesta del PP, que han emitido cada uno de ellos un voto particular. Así, una mayoría absoluta del pleno, compuesto por 11 de los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional, avaló la norma. Francisco Hernando, elegido a propuesta del PP, se ha abstenido de intervenir por haber tomado decisiones sobre esa Ley en su anterior cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial.

La sentencia consolida y blinda una Ley que ha permitido hasta ahora a más de 22.000 parejas contraer matrimonio. Doce países del mundo tienen reconocido este derecho; España fue uno de los primeros en recogerlo en su legislación básica.

El Partido Popular, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado a entender que pese a haber recurrido la Ley por entender que es inconstitucional no la modificará ahora pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso para hacerlo. El partido que gobierna en España aceptaría así una situación de la que se han beneficiado muchos militantes y simpatizantes del PP y que ha motivado que algunos dirigentes significativos de esta formación política censurarán en público el hecho de la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

El PP entendía en 2005 que la Ley socialista, que situaba a España en la vanguardia legislativa de todo el mundo en esa materia, modificaba “la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer”. “Con toda seguridad”, señalaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, “se trata de una de las modificaciones legislativas de más honda trascendencia y repercusiones para la sociedad española”.

Los dirigentes populares que redactaron el recurso consideraban que el legislador socialista modificaba de raíz la idea del matrimonio y con ello “todo un conjunto normativo que partía de la consideración del matrimonio como unión de hombre y mujer”. El Gobierno socialista había introducido un párrafo en el artículo 44 del Código Civil donde señalaba que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El PP defendió que la nueva Ley daba a la palabra “matrimonio” un significado distinto “al que ha tenido siempre”. “El legislador está alterando con dos líneas de una ley ordinaria no sólo los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma. Conjunto normativo que tiene hoy además su cabecera en el artículo 32 de la Constitución [que señala “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”], destacaba el recurso del PP. Los populares pedían que la Ley se declarase inconstitucional al considerar que vulneraba ese artículo 32 de la Constitución “por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer y no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Constitución”.

El PP prefería amparar legalmente la unión de parejas homosexuales sin darle el nombre de matrimonio para “no generar confrontación social”. Pero la única confrontación social conocida hasta ahora, la única protesta masiva que ha habido en la calle desde la aprobación de la Ley por el Gobierno socialista en 2005 ha sido la de miles de ciudadanos que protestaron contra el recurso del PP y exigieron a Rajoy que lo retirara.

El abogado del Estado entendió, a diferencia de lo que argumentaba el PP, que la Constitución “no contiene un concepto de matrimonio” sino “que se limita a reconocer el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, con la evidente finalidad de consagrar la plena igualdad de la mujer en el matrimonio, rompiendo así con una tradición secular”. El abogado del Estado interpretaba que el artículo 32 de la Constitución “no prohíbe el matrimonio entre personas del mixmo sexo, simplemente no se refiere a él”.

Algunos jueces conservadores iniciaron a finales de 2005 una campaña contra la Ley presentando cuestiones de inconstitucional y bloqueando en el registro civil los expedientes de parejas homosexuales que intentaban contraer matrimonio. Por ocho votos a cuatro, el Constitucional desestimó las cuestiones planteadas por entender que los jueces encargados del registro civil no tenían potestad para cuestionar la ley de las bodas entre homosexuales.