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Torres-Dulce ve ilegítimas las protestas que cuestionan la forma de Estado

Si es necesario, debe modularse ”administrativamente” el derecho de manifestación

El fiscal general recuerda a Mas que debe respetar la Constitución

Asegura que no habrá ningún acuerdo de conformidad con Urdangarin,

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha mostrado partidario hoy de una regulación administrativa del derecho de manifestación y reprimir solo “los excesos” de los manifestantes que intenten “socavar los cimientos del Estado”, pero en ningún caso “modular” penal o constitucionalmente los derechos de reunión y manifestación, que ha considerado “sagrados”. El fiscal ha apostado por el diálogo y la reforma frente a la “demolición del edificio constitucional”, pero ha criticado el “gravísimo quebranto” que se está produciendo con la explotación de esos derechos, en referencia a las recientes manifestaciones de Madrid.

El fiscal respondió con calculada ambigüedad a la “modulación” del derecho de manifestación avanzado por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y dijo que, si se considera necesario, habría que ir a una “modulación administrativa” y en ningún caso en vía penal, o constitucional.

¿Reforma constitucional?

El derecho de reunión y manifestación está consagrado en el artículo 21 de la Constitución española, que es claro y meridiano y ya pone coto a ejercicio del mismo. El citado artículo dice así:

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

“Todo lo que sea restringir en exceso los derechos fundamentales complica la convivencia democrática”, ha dicho. “Dejemos que la gente se reúna y manifieste libremente, pero reprimamos a los que utilizan estos derechos para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho”.

Textualmente ha dicho durante su intervención: "Como fiscal general del Estado me atengo a la misión de proteger toda forma de libertad de expresión y todo ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación, pero no puedo otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como medio de deslegitimación en bloque de la forma de Estado, de las Cámaras representativas, y de sus titulares, con a veces grave quebranto de la convivencia democrática".

Torres-Dulce indicó que si ha habido un exceso policial debe ser juzgado. “La Policía tiene toda mi admiración y todo mi respeto, pero está sujeta a la legalidad y si se han producido excesos para eso están los tribunales”. El fiscal general cree que la mayoría de los detenidos por los altercados del 25-S no cometieron delitos contra los altos organismos de la Nación, sino solo delitos de desobediencia, resistencia o atentado a la autoridad. Sin embargo, las investigaciones deberán determinar si algunos de los 35 arrestados “querían llegar al Congreso” y cometieron los delitos de los artículos 493 y 495 del Código Penal, contra los altos organismos de la Nación.

Preguntado sobre las aspiraciones soberanistas de Cataluña, Eduardo Torres-Dulce ha manifestado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, debe respetar la Constitución, que no es un “libro sagrado” y puede ser reformada. Sin embargo, no ha querido avanzar qué hará la Fiscalía si Mas convoca un referéndum ilegal, porque no quiere hacer de “profeta penalista” y dependerá de las circunstancias del caso concreto, aunque si se produce un ataque a la Constitución, la Fiscalía “actuará”.

“Espero que el marco de la Constitución permita que esta situación pueda solventarse en el marco de la convivencia y servir para que todo el mundo haga una reflexión para seguir caminado juntos, ha añadido el fiscal. No obstante, si el marco jurídico se desborda “hay instrumentos jurídicos para restablecerlo”, ha precisado el fiscal, aunque sin enumerarlos.

Sobre la investigación de las Cajas de Ahorros, Torres-Dulce ha dicho que resulta esencial la colaboración del Banco de España y de la Comisión del Mercado de Valores, pero no quiso abordar las posibles implicaciones de los imputados de Bankia.

Ha dicho que la Fiscalía dispone de “un mapa bastante completo” de lo ocurrido en cajas y entidades financieras, aunque en otras se está al inicio de las investigaciones. Algunas de esas actuaciones han “afectado severamente al sistema financiero” y han conducido a la crisis actual y existe “una demanda social creciente” para aclarar lo sucedido en esas entidades. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción ha incrementado sus efectivos en tres fiscales más dedicados a estas tareas.

También ha indicado que no va a haber ningún acuerdo de conformidad con el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, de cara al juicio por su implicación en la trama de captación de fondos públicos para el Instituto Nóos. A Urdangarín “se le va a aplicar rigurosamente la ley como a un ciudadano más, con todos sus derechos y deberes”, ha añadido.

En cuanto a la propuesta de Ia defensa de Isabel Pantoja para que reciba el mismo trato que la infanta Cristina. Torres-Dulce ha dicho que es un argumento de su abogado en uso de su libertad de expresión, pero él no está de acuerdo.

Al desayuno informativo organizado por Europa Press han asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, el del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, además de numerosos jueces y fiscales.

Torres-Dulce ha reclamado una reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, en paralelo con las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de Planta y Demarcación. El Ministerio de Justicia ha emprendido una ambiciosa tarea de reformas, ha dicho, “pero no es momento de avanzar loas o críticas” porque tiempo habrá cuando se conozcan en profundidad. Sí se ha adherido a la próxima despenalización de la mayoría de las faltas del Código Penal, que él lleva tiempo reclamando.

Sobre la atribución al fiscal de la dirección de las investigaciones penales la considera “una cuestión de Estado” porque “están en juego derechos y libertades públicas” y ha dicho que habrá que dotar al fiscal de instrumentos de su exclusiva designación como la adscripción orgánica y funcional de la Policía Judicial sin la cual no será posible la imagen del fiscal como investigador. La actual Policía Judicial ya no sirve para el nuevo modelo”, aseguró.

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