El Gobierno pone en marcha la reforma de la financiación para aplacar a Mas

El Gobierno pondrá en marcha de forma inmediata el proceso para buscar un nuevo modelo de financiación autonómica que entrará en vigor en esta legislatura, según explicó este mediodía la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Es el primer movimiento del Ejecutivo después del fracaso de la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas, que ha provocado reacciones como la del portavoz de la Generalitat anunciando que el Parlamento catalán podría aprobar una declaración genérica como Estado independiente.

De ahí no pasa el Gobierno de Rajoy, que considera que la Constitución y la ley impiden cualquier movimiento unilateral de una comunidad. Tras pronunciarse a través de un comunicado el jueves, este viernes, la número dos del Ejecutivo aseguró que “el presidente del Gobierno, como cualquier gobernante en España, está sometido a la Constitución y al ordenamiento jurídico, que tiene que respetar y que hacer cumplir”.

Sáenz de Santamaría, de forma implícita, minimizó la efectividad de una decisión unilateral del Parlamento catalán, remitiéndose a la Constitución y explicando que, en todo caso, la declaración de independencia requiere de la celebración de un referéndum en el que sean convocados a las urnas todos los españoles.

“Lo que dicen las leyes y la Constitución es que decisiones de esta naturaleza solo pueden tomarse por quien es el titular de la soberanía, que es el conjunto de la nación representada por las Cortes. Y para declaraciones de este tipo ni siquiera solo las Cortes Generales sino la totalidad del pueblo español, decidiendo una reforma constitucional agravada que requiere preguntar al conjunto del pueblo español”, explicó.

Ni siquiera es posible, según el Gobierno, una consulta popular solo en Cataluña. El procedimiento de reforma de la Constitución requiere la aprobación de independencia por una mayoría de dos tercios en el Congreso, la disolución de las Cortes, la ratificación en un nuevo Parlamento y la celebración de un referéndum. Es decir, un procedimiento que el Gobierno considera impensable e imposible de afrontar.

Sáenz de Santamaría ni siquiera quiso avanzar cuáles son los instrumentos legales que utilizaría para frenar esa hipotética declaración de independencia. En principio, fuentes del Ejecutivo explican que, de producirse la declaración en el Parlamento catalán, sería un simple acto simbólico sin valor alguno y similar a la aprobación hace años en el País Vasco del derecho de autodeterminación, es decir, una simple declaración sin efectos legales.

En todo caso, siempre según fuentes del Gobierno, el artículo 166 de la Constitución permite impugnar ante el Constitucional los acuerdos del Parlamento de Cataluña, con capacidad para paralizar su efectividad hasta que haya sentencia: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Si la declaración del Parlamento de Cataluña se incluyera como reforma del Estatuto, el procedimiento sería similar al que se produjo con el llamado plan Ibarretxe. En ese caso, habría posibilidad de discutir la propuesta en el Congreso, como ocurrió entonces, con la imposibilidad de seguir adelante por la mayoría absoluta del PP y, previsiblemente, el apoyo del PSOE. El Gobierno ni quiere oír hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite suspender las competencias de una comunidad. Ese precepto asegura que “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. La vicepresidenta no quiso aclarar siquiera si considera que se atenta contra el interés general con la declaración unilateral.

Sáenz de Santamaría reiteró que el pacto fiscal que exige Mas es inconstitucional, pero aceptó, como le dijo Rajoy la víspera al presidente catalán, revisar el sistema de financiación. Y también hacerlo ya, y no esperar a 2013, cuando tocaba su revisión. La explicación del Gobierno es que esa es una petición de otras comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PP. Por eso, el lunes se reunirá con los consejeros de Presidencia para preparar la Conferencia de Presidentes del 2 de octubre, en las que se hablará de este asunto. La vicepresidenta rechazó explicar cuáles serán las propuestas del Gobierno, porque, según dijo, primero es preciso evaluar el funcionamiento del actual sistema. El reto será cuadrarlo con las duras exigencias de la UE sobre el déficit.

Todos los sistemas de financiación han sido pactados hasta ahora con la Generalitat de Cataluña. El actual fue acordado en 2009 y teóricamente hasta 2013 por el PSOE con ERC y CiU se opuso. El PP se abstuvo en la votación porque, según explicó entonces Sáenz de Santamaría, “se trata de un modelo insolidario. La mayor parte de los recursos adicionales van a parar a las comunidades más prósperas. Por lo que la mejora del modelo rompe claramente la solidaridad interterritorial”.