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Jueces de toda España protestan contra los proyectos legislativos de Gallardón

Solo habrá juicios de mañana por la reforma del Poder Judicial

Amenazan con la huelga si el ministro no se sienta a negociar en 15 días

La Junta de Madrid se sale del guion y pide la dimisión del presidente Moliner

El presidente de los jueces, Gonzalo Moliner (izquireda), pronuncia su discurso en presencia del rey Juan Carlos y de Gallardón durante la ceremonia de apertura del Año Judicial celebrada el martes. Ampliar foto
El presidente de los jueces, Gonzalo Moliner (izquireda), pronuncia su discurso en presencia del rey Juan Carlos y de Gallardón durante la ceremonia de apertura del Año Judicial celebrada el martes. EFE

Juntas de Jueces de casi todos los partidos judiciales de España celebraron hoy reuniones para rechazar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Como primera medida de protesta, los jueces avanzaron que solo habrá juicios en horario de mañana. También anunciaron un endurecimiento de sus acciones, concentraciones y hasta la posibilidad de ir a la huelga, si Gallardón no se sienta a negociar en un plazo de 15 días.

El motivo de las protestas es el proyecto del ministro Ruiz-Gallardón, que está sin concretar y del que solo se han avanzado sus grandes trazas, de modificar el sistema de captación y formación previa de los jueces, el de elección de los vocales del Poder Judicial, restando protagonismo a las asociaciones, y el sistema de inspección de los juzgados, entre otros. Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista  Jueces para la Democracia (JpD), sostiene que lo que ha dejado entrever Gallardón supone “un recorte a la independencia de los jueces y de las facultades del Consejo del Poder Judicial” para dejarlas en manos del poder político.

Detrás de estas reivindicaciones están todas las asociaciones judiciales (además de JpD, están la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (FV) y el Foro Judicial Independiente). También cuentan con el respaldo de las asociaciones de fiscales.

El motivo de las juntas de jueces era analizar, y en su caso aprobar, un documento suscrito el pasado día 17 por todas las asociaciones. Ese documento parte “del malestar de la Carrera Judicial y Fiscal” por “la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una justicia ágil y eficaz”. Según los jueces, ahora existe “una descoordinación en la gestión de la Administración de justicia; congelación de plazas judiciales y fiscales y oposiciones; recortes salariales y estatutarios” y un intento de “control político del Poder Judicial”.

Los jueces quieren que el ministro abandone sus proyectos legislativos sobre el Poder Judicial y que no limite “sus funciones ni sus derechos”. Para combatirlos, anuncian un “cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la ley”, lo que significa que solo habrá juicios por las mañanas, y además van a instar “a la Comisión de Prevención de Riesgos laborales para que de inmediato establezca la carga de trabajo”.

Estas son las propuestas que se debatieron ayer en casi todas las juntas. No obstante, algunas como la de Madrid, Baleares y Badajoz fueron más allá. El decano de Madrid, José Luis González Armengol, propuso pedir la dimisión del presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, que solo lleva en el cargo desde julio. Fuentes de las asociaciones y del Consejo ven relación entre esta petición y las nuevas confrontaciones que se están produciendo en el seno del Poder Judicial tras la dimisión de Dívar. Ahora hay dos bandos claramente diferenciados en el Consejo, los vocales que apoyaron e incluso propiciaron la elección de Moliner como primera autoridad judicial del Estado, entre ellos algunos cercanos a Ruiz-Gallardón, y los que, capitaneados por la vocal Margarita Robles, querían situar en ese sillón al juez conservador José Ramón Ferrándiz.

En el pleno del pasado jueves, según fuentes del Consejo, hubo un rifirrafe entre Robles y Moliner a cuenta de la aquiescencia que este habría mostrado ante Gallardón para reducir a tres los seis permisos de tres días que tenían los jueces a lo largo del año. Robles amenazó a Moliner con recurrir las decisiones que se tomen al margen del órgano colegiado.

Muchos jueces aseguran que esos permisos suelen emplearlos para abordar las causas más retrasadas de los juzgados. Gallardón y Moliner estuvieron provisionalmente de acuerdo en que hubiera un permiso de tres días y en que los jueces que acrediten que sus juzgados están saturados puedan emplear en ese menester el resto de permisos.

Fuentes del Consejo señalan que lo que realmente subyace en estas protestas (“que tratan de frenar unos proyectos normativos que aún ni siquiera existen ni se han concretado”) es “un intento de las asociaciones por seguir controlando la elección de los vocales del Poder Judicial”, que debe renovarse el año que viene.

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