Una excargo de Camps entrega al juez pruebas del fraude masivo de Nóos

La trama empresarial que dirigían Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres, intentó “colar” al Gobierno valenciano 123 facturas de 10 empresas distintas por casi dos millones de euros en concepto de preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana a la celebración de unos Juegos Europeos. Este proyecto nunca se llevó a efecto.

Urdangarin y Torres habían conseguido a finales de 2005 que el Gobierno valenciano que presidía Francisco Camps firmase con el Instituto Nóos un convenio de colaboración por el que la entidad sin ánimo de lucro que dirigía el duque de Palma cobraría seis millones de euros de la Comunidad Valenciana por preparar la candidatura a la celebración de unos Juegos Europeos.

Solo unos meses después de firmar aquel convenio, el Gobierno valenciano comenzó a recibir decenas de facturas por servicios que nadie ha podido garantizar que se hicieran realmente, según la investigación.

La exsubsecretaria de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Valenciana Isabel Villalonga rechazó una por una las 123 facturas recibidas entre abril y julio de 2006. En su última comparecencia del pasado mes de julio ante el juez José Castro, que instruye este caso, Villalonga facilitó la documentación que fue acumulando para justificar el rechazo al pago de las facturas. Villalonga fue anotando en un documento todas las anomalías que observó en las facturas de Nóos. La exsubsecretaria se guardó ese documento (que ilustra esta página) y lo conservó durante los seis años que han pasado desde que lo hizo. Ahora, esas pruebas se han incorporado al sumario del caso.

El juez agradeció esta colaboración el pasado julio y hace solo unos días resaltó en uno de sus últimos autos que la ex alto cargo había evitado un gasto de dinero público de dos millones de euros gracias a su celo profesional, por lo que decidió retirar la imputación que pesaba sobre ella. La confesión íntegra de Villalonga al juez Castro, a la que ha tenido acceso este periódico, revela un supuesto intento de fraude masivo de la trama Nóos para cobrar dos millones de euros de las arcas públicas de la Comunidad Valenciana.

Villalonga era la responsable de fiscalizar que los gastos de Nóos estaban suficientemente documentados y correspondían a servicios realizados. “Las facturas no tenían soporte documental, no tenían nada que a mí me indicara que eso se había hecho, ni un acta de reuniones de preparación, ni unas nóminas de estos consultores o un alta como autónomo, si es que eran autónomos. No tenía nada”, confesó al juez.

Villalonga explicó que el acuerdo entre el Gobierno valenciano y el Instituto Nóos se formalizó mediante la firma de un convenio de colaboración porque era la única fórmula de adjudicar ese tipo de contrato sin concurso previo. Y además, aclaró la exsubsecretaria de Presidencia, una entidad sin ánimo de lucro, como era supuestamente el Instituto Nóos, no podía presentarse a un concurso público. “Visto lo visto”, admitió Villalonga al juez, “[el Instituto Nóos] sí tenía ánimo de lucro”.

La investigación ha descubierto que Urdangarin y Torres tenían media docena de empresas privadas con ánimo de lucro a las que desviaban el dinero público conseguido a través del Instituto Nóos, sin ánimo de lucro.

Cuando le preguntaron a Villalonga si creía que había ánimo de engaño en el Instituto Nóos, la ex alto cargo del Gobierno valenciano contestó: “Vamos a ver, después de todo lo que he visto, absolutamente. Porque además presentaron facturas aquí que se cobraron dos veces por el mismo concepto en dos Administraciones, cuando la Ley de Subvenciones prohíbe concurrencia de subvenciones para la misma finalidad. Sí, después de lo visto, sí [había un intento de engaño del Instituto Nóos]”.

Las declaraciones de los altos cargos del Gobierno valenciano ante el juez Castro forman parte de las últimas diligencias judiciales de una causa en la que están imputados Urdangarin y su socio Diego Torres por fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Aunque la causa se abrió en relación con el sobreprecio en la construcción del Polideportivo Palma Arena y que los primeros indicios de actuaciones irregulares del Instituto Nóos se localizaron en dos eventos organizados para el Gobierno balear, la trama de Urdangarin y Torres logró más contratos y mejor remunerados del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana que presidía Francisco Camps, del PP. Si el Instituto Nóos facturó al Gobierno balear 2,3 millones por dos eventos, en el caso de la Comunidad Valenciana cobró casi tres millones por actos similares y, además, cerró el contrato de los seis millones que no logró ingresar por el celo de la ex alto cargo Isabel Vilallonga, según la investigación.