La Defensora pide aclaraciones a Interior por la entrega de inmigrantes a Marruecos

No hay prejuicios, pero tampoco vendas en los ojos. Esta es la actitud con la que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, afronta la investigación que ha abierto sobre los avatares que han rodeado la expulsión de territorio español y su entrega a Marruecos de 73 subsaharianos que llegaron a la Isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, en la creencia de que España los acogería. ¿Ha habido irregularidades como numerosas ONG y asociaciones de derechos humanos denuncian?

Este es el asunto a dilucidar por lo que la Defensora, a través de su adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, a quien corresponde el área de Inmigración y Derechos Humanos, ha abierto un expediente a iniciativa propia. En la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, ya existe una carta de Becerril, en la que se piden explicaciones y aclaraciones. “sobre el procedimiento” por el que se produjo la entrega a Marruecos de 73 subsaharianos que clamaban por quedarse en España. Un pequeño grupo de mujeres y niños lo consiguió, fruto del reparto pactado entre los gobiernos español y marroquí.

La expulsión se produjo de manera colectiva, actuación prohibida en la Ley de Extranjería que obliga a realizar expedientes individuales de expulsión con asistencia de letrado e intérprete. En la Oficina del Defensor del Pueblo, en la que el área de Inmigración es muy activa, se informó inmediatamente a Soledad Becerril de las denuncias que llegaban de asociaciones de Derechos Humanos y de diferentes ONG con el argumento de que había una vulneración flagrante de la ley. Un convenio de 1999 firmado entre España y Marruecos para la entrega a este país de inmigrantes irregulares puede ser el argumento que el Gobierno utilice, según prevén en fuentes de esta institución. Pero el procedimiento utilizado impidió a los subsaharianos intentar la solicitud de asilo, por si esa era la causa de su entrada clandestina en Isla de Tierra. La investigación tiene que dar como resultado el esclarecimiento del instrumento jurídico que el Gobierno español utilizó para entregar a agentes marroquíes a los 73 subsaharianos.

La Defensora también se interesa por el trato que recibieron los inmigrantes antes de ser expulsados, entre los que había mujeres embarazadas y niños. Lo cierto es que desde la institución se reconoce que la Guardia Civil informó a sus responsables de área de inmigración de la atención que prestaba a los subsaharianos. Pero antes de que llegara esa atención los inmigrantes estuvieron a su suerte durante unos días.

La expulsión o desalojo del islote se produjo en la madrugada del martes pasado cuando todos ellos se mantenían en el perímetro en el que era visible la bandera española. Estos denuncian que fueron entregados a Marruecos con engaños y arrojados a Oujda, en la frontera con Argelia, sin dinero ni alimentos. Desde ese lugar aseguran que la Guardia Civil les mintió porque les aseguraron que su destino era Melilla. No fue así. Las zodiac les alejaron de Melilla, de España.

Interior, por su parte, negó ayer a EL PAÍS que las quejas de los inmigrantes sobre el desalojo sean reales. Aseguran que no se usaron porras eléctricas en ningún caso y que no se ató a ningún inmigrante de pies o manos con cuerdas ni cordones. Este diario, sin embargo, vio cómo muchos inmigrantes llegaban desde la lancha española hasta la costa marroquí de madrugada con las manos inmovilizadas en la espalda. Uno de los inmigrantes mostraba anteayer un cordón trenzado que aseguraba era el material utilizado por los agentes con aquellos que se resistían a subir en la lancha. Interior no especificó ayer qué se usó para inmovilizarlos. Finalmente, sobre la queja de los inmigrantes de que se les engañó diciéndoles que les iban a llevar a Melilla, el ministerio solo indicó que “no le consta”.