Varias ONG afirman que “el Gobierno ha violado la legislación”

Las palabras del delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, calificando de “éxito” el desalojo de 71 inmigrantes subsaharianos de Isla de Tierra, nada tienen que ver con la visión que sobre el asunto tienen varias ONG. En un comunicado conjunto, Andalucía Acoge, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la asociación Elin y la Federación SOS Racismo aseguran que el Ejecutivo “ha violado la legislación”. “No ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que obliga a estudiar individualmente si cada inmigrante reúne los requisitos para acceder a nuestro territorio”, argumenta Estrella Galán, secretaria general de la CEAR.

Galán es muy crítica con la forma en la que se ha llevado a cabo esta actuación: “No se les ha permitido hacer la solicitud de asilo político y muchos de ellos son de países susceptibles de recibir ese asilo, como Mali. Directamente se les ha aplicado la devolución vía Marruecos, que no garantiza los derechos humanos. No han entrado en contacto con ninguna autoridad española”. Considera que las políticas de control de los flujos migratorios y la lucha contra las mafias, “argumentos que se han dado para justificar esta actuación”, no pueden imponerse sobre los derechos humanos de las personas.

Durante el tiempo que los inmigrantes han estado en la isla, la CEAR ha mantenido contacto con algunos, pero Galán afirma que hoy está siendo imposible hablar con ellos. Saben que ocho menores y dos mujeres han sido trasladados a Melilla. “El resto fueron introducidos en los autobuses que normalmente las autoridades marroquíes utilizan para mandar a los inmigrantes a la frontera con Argelia”, añade. De momento, no tienen más información.

A los que fueron llevados a Melilla se les practicó un reconocimiento médico en el Hospital Comarcal de la ciudad autónoma y, según ha confirmado el delegado del Gobierno, solo uno de los menores, de 15 años y diabético, permanece ingresado, tratado "exclusivamente" de un reajuste de su tratamiento con insulina.

Las dos mujeres han sido enviadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) melillense, cada una con su hijo, según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno de Melilla. Galán señala que si estas mujeres piden asilo político, en “un proceso rápido”, se decidirá si se admite o no la petición, si cumplen las condiciones para ser posibles refugiadas. “Si se acepta, se entra en el proceso de estudio de su solicitud, proceso que dura una media de dos años. Durante ese tiempo, el Gobierno tiene centros de acogida específicos para refugiados que pone su disposición, unos gestionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros por ONG como nosotros”, explica la secretaria general de la CEAR. La estancia media en esas instalaciones es de seis meses, “durante los que se les prepara para que puedan salir del centro y vivir en el país de forma autónoma”. “A partir de los seis meses, su tarjeta les permite trabajar”, continúa Galán.

En cuanto a los cinco menores dados de alta que viajaban solos, de entre cinco y catorce años aproximadamente, han sido trasladados a centros de acogida de menores no acompañados dependientes de la Administración de la ciudad autónoma, según han informado las mismas fuentes de la Delegación del Gobierno.

Esa misma Administración afirmaba esta mañana que el grupo de inmigrantes trasladado a Melilla era considerado vulnerable. Desde el departamento jurídico de la CEAR apuntan que la Ley de Extranjería establece como excepción de los requisitos de entrada en España que esta se podrá autorizar por razones humanitarias. “El establecer qué se consideran razones humanitarias en cada caso es una cuestión que depende de las autoridades”, agregan desde dicho departamento. Afirman que no es una práctica habitual y que cuando se concede suele ser a mujeres embarazadas. El caso de los menores no acompañados es distinto. Tienen que ser puestos a disposición del servicio de protección de menores de las comunidades autónomas, de las que pasa a depender su tutela.

Ante lo ocurrido con el desalojo de Isla de Tierra, las organizaciones firmantes del comunicado están valorando la posibilidad de poner el asunto en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.