81 inmigrantes tratan de forzar su entrada en España por Isla de Tierra

El quebradero de cabeza para el Gobierno español puede ser mayúsculo. El grupo de 19 inmigrantes que llegó el miércoles a Isla de Tierra, un islote de soberanía española a solo unos metros de la costa marroquí, fue solo el primero. Ayer llegaron 68 personas más, de origen subsahariano, a este diminuto espacio de tierra deshabitado 120 kilómetros al oeste de Melilla. Quieren entrar en la ciudad autónoma o en la Península, argumentan que están ya en suelo español y confían en que el Ejecutivo se haga cargo de ellos. Pero Interior, hasta el momento, solo se está ocupando de los menores, de sus madres y de las mujeres embarazadas; de los más vulnerables. El resto permanece en el islote a la espera de una solución que no llega.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, y el de Exteriores, José Manuel García-Margallo, abrieron ayer una ronda de conversaciones con sus equivalentes marroquíes para tratar de encontrar una solución al conflicto, según confirmó un portavoz del departamento de Interior. Desde el ministerio se indica que es necesaria una acción conjunta porque lo que subyace detrás del problema son las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Ayer quedaban 81 inmigrantes en el peñasco, y 13 de ellos llevan en el mismo desde el miércoles. Tres menores con sus madres y una mujer embarazada son los únicos que, por el momento, han logrado salir de Isla de Tierra y ser trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Estaba previsto que los tres menores que llegaron ayer al islote fueran conducidos al Peñón de Alhucemas —a solo unos centenares de metros y con guarnición militar—, pero, según asegura Interior, han declinado el ofrecimiento y han optado por quedarse con los demás. Al resto de los inmigrantes lo único que les está proporcionando la Delegación del Gobierno en Melilla es una ayuda básica: agua, comida y mantas.

Los peores presagios del Ejecutivo se han cumplido. Isla de Tierra se va a seguir usando como vía de entrada en España. Y es una vía de muy fácil acceso, ya que está separada de la playa marroquí de Sfiha por apenas unas decenas de metros. Interior no desea, y menos ahora que han llegado 68 personas más, dar la idea de que dará cobijo a todo aquel que llegue al peñasco. Pero lo cierto es que están en España —en esa roca ondea la bandera rojigualda—, y no parece probable que los subsaharianos vayan a abandonar voluntariamente el islote.

El Gobierno no se pronuncia claramente sobre sus planes ni sobre qué va a ocurrir si siguen llegando inmigrantes al peñón. Pero su delegado en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha hecho reiteradas declaraciones esta semana en las que dejaba claro que el Ejecutivo no se responsabiliza de lo que pueda ocurrir a los inmigrantes y culpa a las mafias de la situación. La impresión que ha transmitido es de que se les dejará allí hasta que regresen a Marruecos.

“Cualquier consecuencia indeseable que pudiera derivarse del acceso irregular a territorio nacional no es consecuencia de la política de este Gobierno en materia de inmigración sino de quienes hacen negocio a costa de explotar a seres humanos, incluidos los más vulnerables, como los menores”, dijo el viernes El Barkani a través de un comunicado de prensa.

Se trata de una situación complicada de gestionar para el Gobierno. Si deja a los inmigrantes en el peñasco, será acusado de insensibilidad y de no proteger a un grupo de personas que duerme a la intemperie. Si los acoge, mañana podría encontrarse con otros 100. Casi al mismo tiempo de que los 68 inmigrantes llegasen ayer a Isla de Tierra, sobre las cinco y veinte de la mañana, unos 60 inmigrantes intentaron saltar la valla que rodea Melilla, según la Delegación del Gobierno, que asegura que no lo consiguieron.

Coincidiendo con el nuevo desembarco de inmigrantes en Isla de Tierra, Abdesslam Boutayeb, presidente del Centro de la Memoria Común hispano-marroquí —que recibe financiación pública del reino alauí—, hizo pública ayer una carta dirigida, fundamentalmente, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le insta a “establecer una comisión independiente de la verdad, justicia y construcción del futuro, integrada por expertos” de ambos países. Su objetivo sería “abordar el pasado común de los dos países empezando por los episodios que incluyen de manera directa y negativa sobre el presente y el futuro para encontrar soluciones a sus secuelas (…)”. Boutayeb no menciona a Ceuta y Melilla, pero su lenguaje recuerda al de la “célula de reflexión” sobre el futuro de ambas ciudades que, en los años noventa, el rey Hassan II propuso crear el entonces presidente, Felipe González y que este rechazó.