Gómez Bermúdez investiga si Interior reveló secretos del ‘caso Publio Cordón’

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha lanzado una bomba de efectos imprevisibles. El magistrado ha dictado una providencia que solo puede interpretarse como los primeros pasos para dirigir un procedimiento por delito de revelación de secretos contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los miembros de la Guardia Civil que hicieron públicos los datos de una comisión rogatoria secreta a Francia que contenía nuevos hallazgos relacionados con el caso del secuestro y presunto fallecimiento del empresario Publio Cordón, perpetrado por los GRAPO hace 17 años.

Los datos sobre la identificación de la casa en las proximidades de Lyon (Francia) donde estuvo retenido el empresario, cómo este contaba los días transcurridos con palotes en el armario donde estuvo encerrado, la detención de tres de los presuntos autores y que el éxito de la operación había sido posible gracias al testimonio de un testigo protegido cuya identidad no reveló, fueron proporcionados por el ministro en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Congreso el 19 de julio. La convocatoria eclipsó informativamente los últimos recortes del Gobierno en materia económica, especialmente la subida del IVA y la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios.

Al día siguiente, Fernández Díaz ofreció una ampliación de la conferencia de prensa en la sede del Ministerio, acto al que asistieron el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y tres responsables del servicio de información del Instituto armado que habían dirigido o participado en las pesquisas y en las detenciones. El ministro tuvo también una reunión con Pilar Muro, la viuda de Cordón y con una de sus hijas, a las que informó de las novedades. Los actos fueron retransmitidos por la mayoría de las televisiones y radios y encontraron amplio eco en todos los periódicos del país.

El juez Gómez Bermúdez se sorprendió de que datos que eran secretos y sobre los que tenía que interrogar a los nuevos detenidos, José Antonio Ramón Teijelo, su esposa, Manuela Ontanilla Galán y Vicente Sarasa hubieran sido revelados por el propio ministro.

Así, cuando fueron a declarar los detenidos, sus abogados conocían la mayor parte de los datos contenidos en la comisión rogatoria francesa.

El magistrado considera que la filtración, además de perjudicar la investigación, pone en peligro la cooperación con Francia. Por ello, decidió abrir una pieza separada en el procedimiento, para determinar si se cometió un delito de revelación de secretos y qué órgano judicial sería el competente para investigarlo, a la vista de que el ministro es aforado y el caso correspondería instruirlo, en su caso, al Tribunal Supremo.

De modo que el juez pidió a la Guardia Civil un informe sobre lo ocurrido, pero en el mismo se sostiene que en ningún momento se rompió la cadena de custodia de la comisión rogatoria francesa.

A la vista de esa respuesta claramente autoexculpatoria, Gómez Bermúdez ha lanzado un órdago. En la providencia dictada ayer, el magistrado requiere al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al general jefe del servicio de información, Faustino Álvarez Sola, para que, en un plazo de cinco días, comuniquen quién o quiénes les “dieron información, verbal o escrita, del resultado de las investigaciones ordenadas en la comisión rogatoria internacional de referencia y a quién la transmitió”.

El magistrado requiere exclusivamente al general Álvarez Sola para que “identifique, con el número de carné profesional si fuese otro miembro de las fuerzas de seguridad y nominalmente en otro caso, a la persona que informó a las autoridades del Ministerio del Interior sobre el resultado de la investigación”.

Además, la providencia reclama a RTVE, Antena 3, Tele 5, Cuatro, la Sexta y Telemadrid que en 10 días le remitan el vídeo de la rueda de prensa que el ministro del Interior ofreció el 19 de julio sobre el caso de Publio Cordón.

A la vista de la respuesta que unos y otros le ofrezcan, Gómez Bermúdez decidirá si lo ocurrido presenta las características de un delito de revelación de secretos, en cuyo caso, remitirá los hechos a los juzgados de instrucción de Madrid, en la Plaza de Castilla, donde las diligencias se turnarán por reparto al juez que le correspondan. Y si este estima que hay elementos para investigar al ministro, al tratarse de un aforado deberá remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo para que la Sala de lo Penal decida si procede o no investigar el caso.

En caso de considerar que no existen suficientes indicios de la existencia de un delito, el propio Gómez Bermúdez deberá archivar la pieza separada que ha abierto.

El secreto fue decretado en 2009 cuando el jefe del comando de los GRAPO Fernando Silva Sande decidió colaborar con la justicia. El terrorista fue conducido a Francia en más de una ocasión, pero no pudo encontrar el lugar, próximo al Mont Ventoux, en el que dijo haber enterrado al empresario. Silva Sande se ha enfrentado a otros miembros de los GRAPO en distintos juicios, pero, finalmente, ha delatado a Ramón Teijelo, Ontanilla y Sarasa, que tras cumplir condenas anteriores se habían reintegrado con aparente normalidad a la vida civil y residían en Sevilla.

Por otro lado, el magistrado decretó ayer la prisión provisional para Manuela Ontanilla, que estaba en libertad bajo fianza de 10.000 euros por su participación en el secuestro de Cordón.

Gómez Bermúdez abrió un nuevo procedimiento contra la antigua miembro de los GRAPO debido a que su huella genética se encontró en una cinta adhesiva que sujetaba dos cajas de fulminantes en la casa de Fontainebleau (Francia), que habitaron los terroristas.

En el interior de un bidón se encontraron armas y explosivos, así como las cajas de los fulminantes que estaban dentro de una bolsa. Por ello, el magistrado le ha imputado un delito de depósito de armas, municiones y explosivos como miembro de una organización terrorista.

El juez estima que aunque no hubiera riesgo de reiteración delictiva u obstrucción a la investigación, “es patente el riesgo de sustracción a la justicia, pues, dada la solidez de los indicios, la amenaza de ser condenada a pena grave, junto con el fuerte arraigo que la detenida tiene en Francia y la ausencia de medios de vida en España, determinan que la tentación de huir sea notable”.