Empleo exigirá buscar trabajo durante 30 días antes de pedir los 400 euros

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la prórroga del llamado Plan Prepara, que regula la ayuda de 400 euros para los parados que hayan agotado ya sus prestaciones, pero con nuevas condiciones más restrictivas. El nuevo plan establece condiciones más duras para que los desempleados puedan percibir esa ayuda, al tiempo que la eleva de 400 a 450 euros para personas con dos hijos a su cargo y sin que el cónyuge tenga ingresos. El Gobierno exigirá que los parados que cobren la ayuda 400 euros hayan buscado trabajo durante un mínimo de 30 días después de dejar de percibir la prestación o subsidio por desempleo y presenten un certificado de su comunidad o Ayuntamiento que detalle si tienen concedido otro tipo de asistencia.

Esas condiciones no se aplican con carácter retroactivo, pero sí impedirán la incorporación de parados que antes sí podían percibirlo. De esa forma, habrá menos beneficiarios para costear el aumento de 50 euros para algunos casos. Esta ayuda solo puede cobrarse durante seis meses.

El endurecimiento de las condiciones se establece por tres vías. La primera al incluir a los padres en el cómputo de los ingresos de la unidad familiar que, en ningún caso podrán superar los 481 euros por persona, es decir, el 75% del salario mínimo. Ahora ya existe ese límite, pero la diferencia es que no se tenían en cuenta los ingresos de los padres. Desde ahora sí se computarán, de tal forma que al dividirlos entre el número de miembros de la unidad familiar no deben pasar de 481 euros mensuales.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros, utilizó un ejemplo extremo de una familia en la que los padres ganen 8.000 euros mensuales y que hasta ahora sí podían cobrar la prestación. En todo caso, para una familia con tres miembros, bastarán unos ingresos de 1.445 euros para dejar de percibir la ayuda, según el decreto aprobado este viernes. Los más penalizados, por tanto, son los jóvenes que vivan con sus padres.

El Gobierno explicó que esta ayuda es casi de última instancia y ahora se pretende con nuevas condiciones hacerla “más equitativa y justa”, incluyendo la referencia a lo que denomina el “colchón familiar”. Es decir, que para un joven desempleado ya existe la protección familiar si sus padres están activos y tienen ingresos superiores al límite establecido.

El Gobierno habla de “la falta de vinculación en algunos supuestos de los beneficiarios del programa con las situaciones de mayor necesidad” para justificar el cambio legal. Para establecer esta condición, el Gobierno cruzará los datos de dónde están empadronados los parados.

El decreto aumenta la exigencia para la realización de cursos de orientación

Esta condición ya estaba en el llamado Prodi, el plan que estuvo en vigor hasta 2011. En esa fecha, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo sustituyó por el Plan Prepara y eliminó la referencia a la renta de los padres para contabilizar el límite de ingresos para percibirlo.

La ministra Báñez califica los resultados del plan de “decepcionantes”

La otra vía para endurecer los requisitos en el nuevo decreto es la de aplicarlo solo a parados de larga duración. Hasta ahora lo podían cobrar todos los parados que hayan agotado todas las prestaciones, sin establecer límites en función del tiempo que se lleve en el paro. Aunque los 400 euros están destinados a los parados que hayan agotado la prestación, no siempre coincide con los de larga duración. Con el decreto aprobado este viernes, solo será para parados de larga duración, es decir, los que lleven 12 meses en el paro de los últimos 18 meses y que no tengan cargas familiares. Para esa consideración de carga familiar basta con que tenga un hijo a su cargo. Por esta vía, se eliminan también potenciales beneficiarios de la ayuda.

La última condición tiene que ver con la denominada empleabilidad, es decir, la obligación de acceder a ofertas de empleo o de realizar cursos. En este momento, la norma también habla de cursos de orientación que, como explicó Báñez, se refieren a charlas sobre cómo hacer currículos o similares, pero no orientados a encontrar empleo. Ahora, el decreto hablará de cursos de formación que tendrán que realizar obligatoriamente los parados que reciban la ayuda.

Según la referencia del Gobierno “se exige que el solicitante acredite haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad durante el mes que transcurre desde la pérdida de otras prestaciones hasta la solicitud, con el objetivo de reforzar el seguimiento del compromiso de actividad. Esta obligación se mantiene durante todo el programa y determinará la permanencia del beneficiario en el mismo”. Según Báñez, solo el 7,23% de los beneficiarios atendió a actividades formativas.

La idea del Gobierno es que la de mantener los 1.120 millones de euros de presupuesto global. Por más que se le insistió en la rueda de prensa, la ministra rechazó hacer estimaciones sobre los parados que verán incrementada en 50 euros la ayuda o los que quedarán fuera con las nuevas condiciones. Dijo, no obstante, que si es preciso se pedirá una ampliación del crédito para pagar la prestación.

La ayuda será para parados con 12 meses de antigüedad o cargas familiares

Báñez aseguró que los resultados del plan son “decepcionantes”, porque no han servido para que sus beneficiarios vuelvan al mercado laboral. Omitió el contexto de destrucción general de puestos de trabajo.

Según sus datos, las dos terceras partes de los beneficiarios que han concluido el Programa (307.029) no consiguieron ninguna colocación en el mercado laboral. Solo el 18% obtuvo una colocación mayor a dos meses. En total, la media de ocupación durante los 180 días de duración de la prestación fue de 25,12 días por beneficiario. Menos del 1% de los receptores obtuvo un contrato indefinido.

El Gobierno asegura que se hará más justo y equitativo

Se realizaron una media de 3,22 acciones por beneficiario y únicamente un 1,93% de los beneficiarios disfrutó de acciones de impulso del emprendimiento. El decreto lleva incorporada la evaluación periódica con los agentes sociales de la marcha del programa y el acuerdo con las comunidades para mejorar su gestión.

El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reaccionó a través de Twitter al decreto, asegurando que “seguiremos presionando para que los 400 euros los reciban todos los que lo necesiten y el programa se mantenga mientras dure la crisis”.